La defensora del Pueblo reiteró que la Defensoría del Pueblo acompañará a las víctimas en este proceso para asegurar que las sanciones restaurativas de ocho años se cumplan.
El proceso judicial contra José Francisco Suárez, acusado de ser el responsable del feminicidio de su pareja sentimental, Sandra Patricia Gómez, continúa avanzando en los estrados judiciales de Bogotá.
La denuncia radicada advertía que presuntamente durante años se habría favorecido a una sola empresa, Helistar, lo que restringió la libre competencia y afectó gravemente la estabilidad financiera de Helicol.
El concurso de méritos del ICA queda suspendido mientras el Tribunal define si la exclusión de los ingenieros agrónomos constituyó una vulneración en el acceso a la función pública.
Los partidos recalcaron su respeto hacia Estados Unidos y señalaron que la decisión de Washington no está dirigida contra las instituciones nacionales, sino como un cuestionamiento directo a la dirección política del actual Gobierno.
Con este paso, el principio de oportunidad otorgado a Rodríguez Melo podría convertirse en una pieza clave para esclarecer los presuntos vínculos de corrupción que salpican al precandidato presidencial Camilo Romero.
El trágico caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, conmocionó al país tras su desaparición el 12 de agosto de 2025 al salir del Gimnasio Campestre Los Laureles.
El Ministerio Público concluyó que la conducta del exfuncionario vulneró los principios de moralidad, lealtad y transparencia que rigen la función pública.
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron la decisión judicial y reiteraron el llamado a la sociedad para denunciar oportunamente este tipo de conductas.
Este movimiento en el proceso judicial se suma a la reciente medida de aseguramiento contra Harold Barragán Ovalle, séptimo imputado, a quien un juez envió a prisión por su presunta participación en la selección del adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe.
El debate jurídico y político gira en torno a la identidad de género del ministro, quien se define como una persona de “género fluido”. Este aspecto ha generado una fuerte discusión sobre la interpretación de la Ley de Cuotas.