La Asociación de Hospitales y Clínicas solicitó al Gobierno que las IPS no sean incluidas en el decreto 572 de 2025, que incrementa la tarifa de autorretención, advirtiendo que esto agravaría la ya compleja situación financiera del sector salud.
Pagos no justificados a miembros de la junta directiva fueron cubiertos con recursos del SGSSS. La Contraloría halló posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.
El Ministerio de Salud confirmó que “no se evidencia un riesgo de desabastecimiento para la mayoría de insulinas”; sin embargo, persiste la escasez de insulina humana cristalina.
La federación solicitó a la Fiduprevisora y al Fomag corregir fallas en la atención médica y el pago de prestaciones sociales. El gremio también pidió investigar presuntas irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría.
Esto debido a que la Corte Constitucional ordenó suspender la vigencia de la Ley 2381 de 2024, que regula el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte.
Señalan que los servicios de urgencias operan al 200 % de su capacidad; hay desabastecimiento de medicamentos, cierre de hospitales y retrasos en el pago del personal médico.