Contraloría detecta pagos irregulares en Mallamas EPS-I por más de $1.000 millones
Pagos no justificados a miembros de la junta directiva fueron cubiertos con recursos del SGSSS. La Contraloría halló posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.
Para este 2025, se espera que el impuesto de renta genere cerca de $40 billones.
La Contraloría General de la República identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $1.466 millones en la EPS Indígena Mallamas. El caso está relacionado con el pago de viáticos y gastos de permanencia a miembros de su junta directiva, financiados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Según el ente de control, los pagos fueron autorizados por la gerencia de la EPS-I y se realizaron sin justificación conforme a los estatutos de la entidad ni a las funciones propias del aseguramiento en salud. La auditoría, llevada a cabo en el primer semestre de 2025, hace parte del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.
El informe detalla que se pagaron viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes por día, incluso para actividades no relacionadas con reuniones formales de la Junta Directiva. La Contraloría verificó que no existen soportes suficientes que acrediten la pertinencia de los gastos. Además, se evidenció la ausencia de políticas internas y mecanismos de control que garanticen el uso eficiente y legal de los recursos públicos.
Blu Radio - AFP
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El hallazgo también tiene posible incidencia disciplinaria, por lo cual fue trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para su evaluación. La Contraloría continuará el seguimiento del caso en coordinación con los entes de control competentes.
En el informe se recuerda que la autonomía de los pueblos indígenas no exime a sus entidades de cumplir con la ley cuando administran recursos públicos. El uso de fondos del SGSSS debe destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud.
Finalmente, se advierte que Mallamas EPS-I presenta una deuda superior a los $302.035 millones con prestadores de servicios de salud y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, lo que representa un riesgo para su sostenibilidad financiera y la atención de sus más de 410.000 afiliados.