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Hasta 100 millones de pesos estarían ofreciendo cabecillas de El Mesa, Pachelly y Los Triana, a comunidades indígenas para que los reconozcan como miembros de las mismas y les permitan pagar las condenas en sus resguardos.
La denuncia la hizo el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, quien cuestionó "lo permisiva que es la justicia", tras conocer un informe del Inpec que indica que, por ejemplo, a alias 'Pirry' de 'El Mesa' le aprobaron el traslado al resguardo indígena ´Umbra Guaqueramae´, en Risaralda.
Pero él no sería el único cabecilla que estaría acudiendo al mismo método para evadir a la justicia. Tobón aseguró que alias 'Néstor', también de 'El Mesa 'y hermano de 'El Montañero', solicitó traslado al resguardo Misak el Águila´ en Caquetá; mientras que alias 'El Perro solicitó traslado en ´Kwe'sx Yu' Kiwe´ en Valle del Cauca, al que también habrían pedido ser llevados alias Albert de 'Pachelly' y alias 'Tombito', de Los Triana, para pagar sus condenas por el delito de concierto para delinquir con fines agravados.
"Primero pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca han hecho parte y lo logran. Segundo, les solicitan a los jueces de ejecución de penas que, como son indígenas, los transfieran de una cárcel a un resguardo y tercero, los jueces comen cuento y les ayudan", denunció Andrés Tobón.
Ante la denuncia del exfuncionario de Federico Gutiérrez, la Organización Indígena de Antioquia aclaró que, aunque tienen conocimiento de lo que viene pasando, en ninguna de las 212 comunidades que habitan el departamento de Antioquia se ha comprobado que se haya dado avales a personas que no corresponden a la población.
"Estos avales solo se entregan a personas indígenas o personas no indígenas que lleven un tiempo considerable viviendo en el territorio, ya sea porque hay un vínculo afectivo o amoroso y que ya esté previamente por la autoridad y el Dane", advirtió Wilfer Sánchez, vocero de la OIA, acudiendo al artículo 29 de la Ley 65 de 1.993.
Por su parte el abogado penalista Iván Durango explicó que "los establecimientos penitenciarios con la permanente colaboración de las autoridades tradicionales deben hacer efectivo el principio superior de respeto por la diversidad étnica y cultural, consagrado en la Constitución Política de Colombia".
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Aunque la denuncia del exsecretario de Seguridad de Medellín habla de cinco cabecillas, al parecer no serían los únicos que acudirían a este fraude para evadir a la justicia.
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