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Empresas Públicas de Medellín señaló que, frente a versiones de incumplimientos con la banca internacional, como el banco interamericano de Desarrollo -BID, informó que el cronograma de pago de un crédito para Hidroituango se viene cumpliendo y a hoy, se adeudan 1,7 billones de pesos.
Además, reiteraron que el compromiso de la entidad es que entre en operación las primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.
Ante información qué ha circulado por un posible incumpliendo de EPM a la deuda del BID, la entidad aclara que El Banco Interamericano de Desarrollo, representa para EPM un aliado relevante para el proyecto de Ituango.
A través de un comunicado EPM informó que “EPM y el BID Invest, firmaron el 29 de diciembre de 2017 un contrato de crédito como parte de la financiación del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
"A la fecha el saldo de ese crédito es de un total de US 450 millones, equivalente a 1,7 billones de pesos colombianos, de acuerdo con la TRM vigente”, precisa el comunicado.
Según la entidad, el crédito consta de dos tramos a plazos de 8 y 12 años respectivamente, posteriormente, el 30 de marzo de 2021, ambas entidades firmaron un otrosí al contrato de crédito por los efectos que se habían presentado en el proyecto durante la contingencia ocurrida en 2018.
Según la entidad esta negociación se desarrolló en varias etapas en los periodos 2019, 2020 y parte de 2021.
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En el hipotético caso que se llegase a dar un incumplimiento a alguna de las cláusulas previstas en estos acuerdos con BID Invest, existen herramientas contractuales que, de acuerdo con la voluntad de las partes, se podrían llegar a acordar en forma oportuna, evitando declaratorias de incumplimiento o llamamiento a pago anticipado obligatorio
EPM informa que viene dando cumplimiento a todos los compromisos contractuales con BID con el propósito de honrar el compromiso que asumieron con el país en materia de seguridad energética con la entrada en operación de Hidroituango en el segundo semestre del 2022.
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En la actualidad EPM adelanta las fases para un proceso de contratación de posibles proveedores que puedan ofrecer los servicios para avanzar en las obras y poner en operación a Hidroituango, en caso que los contratistas actuales no tengan la capacidad de continuar por los efectos que se reflejarían al quedar en firme el fallo de responsabilidad fiscal emitido en días recientes por la Contraloría General de la República.
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