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El primer debate de control político de este año a EPM, en el Concejo de Medellín, tuvo como centro de discusión la presunta contratación excesiva en recursos jurídicos, de relacionamiento y consultoría.
Aunque el debate estaba programado para febrero, apenas se pudo realizar con la participación del gerente, quien estuvo desde la virtualidad.
La primera bancada citante fue el Centro Democrático, la segunda el partido Liberal y la tercera el Conservador. El citante del debate y vocero de la primera, Alfredo Ramos, cuestionó que este año EPM haya contratado 8 mil millones de pesos en asesores jurídicos nacionales e internacionales, pese a que tiene 116 abogados internos; además de la presunta celebración de 14 contratos en solicitud única o privada de oferta.
El vocero de la bancada conservadora, Carlos Alberto Zuluaga, le pidió un informe al gerente “para verificar si los asesores externos tienen determinados los objetos de los contratos, cuánto va de ejecución, qué resultados han tenido, y porque esto si al interior de EPM hay funcionarios para ocuparse de esos temas”.
Sobre esto el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, respondió que “hoy el riesgo jurídico lo estamos evaluando con especial dedicación, por eso hemos llamado a los mejores del país".
Tengo que decir que una sola medida cautelar que se dicte nos para un proyecto. Hoy la población de abogados internos tiene una formación muy general y se hace necesaria esa especialidad
Fabio Rivera, quien lideró la intervención de la bancada liberal, pidió por su parte que EPM no frené la construcción de Hidroituango y pidió “poner permanente cuidado para que no vaya a generar grandes pérdidas al municipio que impida transferencias a la ciudad”.
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Otros aspectos que fueron cuestionados por los corporados fueron el paso de 10 a 13 vicepresidencias este año, la contratación de 20.000 millones en interventorías, $27.000 millones en consultorías y $27.000 millones en publicidad y $545 millones en lobby.
En el debate también participaron los gremios, los sindicatos de empleados y representantes de juntas de acción comunal.
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