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Blu Radio conoció que la Fiscalía adelanta una investigación sobre presuntas irregularidades en un millonario contrato que entregó a dedo la Alcaldía de Bello para el censo de vendedores ambulantes del municipio pero que sería para financiar una campaña política.
Se trata de un contrato conocido por Blu Radio que la entonces secretaria de Seguridad, Daniela Ortega, firmó antes de salir de su cargo con la fundación Conectividad Social por más de 189 millones de pesos para realizarse en un corto periodo de tres meses.
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Este contrato fue denunciado ante la Fiscalía que, precisamente, comenzó una investigación para comprobar las posibles irregularidades como la idoneidad de la contratista que contaría con poca experiencia.
Incluso, en otro documento del CTI de la Fiscalía se hizo el requerimiento a la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Bello para que entreguen resolución de nombramiento, actas de posesión, hoja de vida, manual de funciones y datos actualizados de ubicación de la exsecretaria Ortega, así como toda la documentación del contrato que tiene como finalidad hacer un censo de cuántos vendedores ambulantes hay, edades, estratos y ubicaciones. Un contrato que se pagó, incluso, mucho antes de ser terminado y ya liquidado, a pesar que desde la Alcaldía se respondió que aún no lo estaba.
La denuncia fue interpuesta inicialmente por Juan Sebastián Montoya, exinspector de Policía de Bello, quien ha entregado documentación y varios elementos de las supuestas irregularidades, como que la fundación es de papel sin experiencia para hacer este tipo de censos, además de que no se cumplió con el objeto y se entregaron soportes falsos para las cuentas de cobro, como datos de vendedores ambulantes que no existirían.
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"Al parecer, son unos vendedores ambulantes fantasmas que colocaron en las cuentas de cobro como si los hubieran caracterizado cuando en realidad no se han caracterizado. Y ellos siguen en un descontrol total en el espacio público con los vendedores ambulantes", manifestó.
El denunciante señaló que la representante legal de la fundación, Liliana María Restrepo, tendría nexos con el alcalde Óscar Andrés Pérez y la entonces secretaria Ortega; y prestaría su nombre para la firma de esos contratos que sus recursos irían a una campaña política.
"Esa representante legal, al parecer, es la que presta su nombre para que se creen algunas empresas fachadas y esos contratos indirectamente con la Alcaldía de Bello, y ahí pues en la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bello, en cabeza de la señora Daniela Ortega, está recogiendo la plata o la recogió ya para su campaña electoral", aseveró el exinspector.
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Desde la Alcaldía de Bello respondieron a BLU Radio que efectivamente se respondió a todas las solicitudes de la Fiscalía el 17 de marzo pasado en la investigación que adelanta, pero aseguran que este contrato se firmó bajo todos los requisitos legales y que se cumplieron las obligaciones contractuales de las partes.
Por eso, será el ente acusador que se encargue de determinar si hubo irregularidades o no, y si es el caso, a dónde fueron a parar estos recursos públicos.
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