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La procuradora general, Margarita Cabello, llamó la atención de las autoridades nacionales al reiterar el complejo panorama que aún se vive en la zona del Darién por donde cientos de migrantes persisten con un constante flujo en su travesía hacia Norte y Centroamérica.
La funcionaria destacó que las advertencias realizadas meses atrás desde la entidad de control no han sido acatadas y que tanto la Cancillería, como otras dependencias del Gobierno colombiano, no han atendido oportunamente la situación.
"No hay ni un solo avance desde Cancillería sobre la problemática del Tapón del Darién. No se ha fortalecido la presencia institucional, nos vemos al ICBF, no vemos a la Policía Nacional. Se sigue presentando el fenómeno de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes", puntualizó Cabello, advirtiendo, además, el incumplimiento en algunas acciones, como la instalación de una oficina de Migración Colombia en la zona.
Cabello también anunció la apertura de una investigación contra algunos servidores públicos que intervinieron en un proceso de desalojo y traslado al municipio de Acandí, Chocó, de por lo menos 200 personas, incluidos menores, y en el cual no se tomaron las normativas del caso.
Según registros de la Defensoría del Pueblo, durante 2022 la cantidad de migrantes que transitó por esta región fue superior a los 151.000, de los cuales por lo menos 20.000 eran menores de edad, algo que prende las alarmas en las autoridades frente a la protección de la población más vulnerable.
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