La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno nacional intervención urgente ante la obstrucción de la Troncal de Occidente por parte de mineros del municipio de Cáceres, Antioquia, y pidió avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades.
Dicha solicitud se hizo a través de un oficio enviado a los ministros de Minas y Energía, Irene Vélez; del Interior, Alfonso Prada Gil, y de Defensa, Iván Velásquez Gómez, para que tomen decisiones urgentes, a propósito de la crisis social y económica que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Esto luego de que mineros informales se tomaran las vías de hecho clamando por diálogos con el Gobierno nacional.
A esta hora hay 10 puntos de bloqueo activos entre Tarazá y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. A las 9 de la mañana, las comunidades y el Gobierno nacional se sentarán a conversar para intentar llegar a un acuerdo.
El balance más actualizado sobre las afectaciones para los transportadores de carga es de 30 vehículos vandalizados y saqueados, cuatro conductores heridos, más de 400.000 toneladas dejadas de movilizar, 30.000 operaciones de transporte de carga afectadas y casi $160.000 millones en pérdidas.
“Las protestas se adelantan por ciudadanos inconformes con la destrucción de maquinaria amarilla destinada para el desarrollo de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Cauca; actividades mineras que afectan por contaminación con mercurio dicho cuerpo hídrico”, indicó Gustavo Guerrero, procurador Delegado para Asuntos Ambientales.
Por la protesta, el ente de control disciplinario advirtió que centenares de automotores se encuentran represados en este corredor vial entre los municipios de Tarazá y Caucasia, “dejando poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.
En dicho informe también se indicó que los manifestantes establecieron que solamente participarán en espacios de diálogo con los ministros ya citados, por lo que no solo se solicitó al Gobierno nacional su intervención, sino que además se hizo un llamado al gobierno regional y local, y demás autoridades, para “avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades”.
Lo que se busca con estas reuniones es resolver la alteración al orden público que está activa desde el pasado miércoles 21 de septiembre.
Finalmente, esta entidad solicitó un informe detallado sobre las actuaciones realizadas por los Ministerios del Interior y de Defensa, con el fin de levantar las obstrucciones de las vías, e indicar los acuerdos a los que han llegado con los manifestantes.
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