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La Policía Nacional informó, a través de un comunicado, que interpondrá las acciones legales correspondientes ante lo que consideran son acusaciones falsas y sin argumentos, tras las informaciones que circularon sobre supuestas desapariciones de personas en cementerios distritales, en el marco del paro nacional.
Cabe recordar que en medio de la polémica por las irregularidades en el manejo de estos lugares en la capital de la República se mencionó, entre otras, que allí se habrían ordenado por parte de altos mandos de la institución la desaparición de personas que tuvieron alguna relación con estas protestas.
La Policía, además de desmentir la participación de algunos de sus miembros en hechos de ese tipo, recordó que según sus propios registros y los de otras entidades no hay desaparecidos en el marco de las movilizaciones, ni en Bogotá ni en el país.
De acuerdo con la entidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fiscalía, la DIJIN y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. adelantaron sus respectivas investigaciones y no reseñaron ningún caso de persona sin localizar o alguno estuviera relacionado directamente con la Policía.
“Sobre los señalamientos realizados que afectan de manera grave e irresponsable el nombre de la institución, la Policía Nacional interpondrá las acciones legales que correspondan.”, puntualizaron sobre el particular.
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“Yo no tengo pruebas": concejal que denunció presunto caso de corrupción en la Uaesp
La concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas detalló en Mañanas Blu la denuncia que hizo en el Concejo de Bogotá y que puso en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción dentro de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, que, por el momento, generó la renuncia de la directoria saliente Luz Amanda Camacho.
Vale recordar que Vargas señaló en su denuncia una posible irregularidad para la adjudicación del contrato de concesión de los cementerios y sobre el presunto pago de comisiones por más de $1.500 millones a la entonces directora y otros funcionarios de la Uaesp.
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