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Miles de miembros de la comunidad migrante venezolana que se concentra en el departamento del Atlántico está enfrentando un limbo jurídico. Están sin documentación que les permita trabajar o identificarse, a pesar de haber figurado varios años como colombianos.
Se trata de 19.000 registros y cedulaciones que desde diciembre están siendo anuladas por el Sistema Nacional de Registro en el Atlántico, a partir del hallazgo de irregularidades relacionadas con acciones fraudulentas por parte de ciudadanos que, aún sin llenar el requisito de la ley, recibían su ciudadanía, en algunos casos, bajo la presunta complacencia de funcionarios de la entidad que actualmente enfrentan investigaciones.
Para el caso de Atlántico, la incidencia de las anulaciones corresponden al 38% de las realizadas a nivel nacional, teniendo en cuenta que la situación impactó a un 11% de los migrantes que viven en este departamento.
Una de estas cancelaciones tocó a la puerta de Luz Mila del Valle, una enfermera nacida en Venezuela que, desesperada porque hace cinco meses no tiene documentación, decidió amarrarse en los últimos días a la puerta de una de las sedes de la Registraduría en Barranquilla para reclamar una solución. Dice ella que, sin previo aviso, se convirtió en una ilegal que ahora teme andar por las calles cada vez que se encuentra a un policía.
“No se tomaron la molestia de avisarnos y decirnos, para uno poder tomar acciones y evitar la cancelación. No nos dijeron nada. Los que ahora tienen permiso están más legales que yo”, indica la mujer.
Esto le ha impedido también ejercer el derecho al voto que, como hija de colombiana, asegura tener.
Aunque no hay una razón concreta sobre qué pasó en el caso de la enfermera. Fuentes desde la Registraduría indican que detrás de estos sucesivos hallazgos irregulares hay un modus operandi trazado con la presentación de los mismos testigos, para legitimar, en miles de casos, a supuestos hijos de colombianos a los que le faltaba una apostilla.
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Es decir, personas que, en numerosas diligencias, aseguraron conocer de manera repetitiva a miles de estos venezolanos; una situación más que improbable, incluso, para el más popular.
Una condición que, según Luz Mila, no le aplica. Sin embargo, su caso ya está bajo revisión de la Registraduría Especial de Barranquilla, desde donde trabajan para evaluar si pueden volver a registrarla para que recupere la vigencia de su cupo numérico. La misma situación se replica en miles de reclamaciones por parte de quienes aseguran que no cometieron actos irregulares y que consideran que merecen continuar con su estatus migratorio.
Sin embargo, Luz Mila reconoce que sí conoció en algún momento del funcionamiento de una red que ofrecía, a través de fraudes, estos documentos.
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“Me dijeron que cobraban hasta 600.000 pesos, pero yo nunca estuve de acuerdo con eso”, señala. Agrega que ha conocido casos de personas que, bajo conocimiento de que le serán canceladas las cédulas, obtienen créditos con bancos u otras entidades financieras, para posteriormente salir del país.
“De un momento a otro deja de existir legalmente la persona que contrajo la deuda y eso está causando problemas al comercio. Eso es para no procedan con esas cancelaciones repentinas; deberían usar otro mecanismo”, finaliza la migrante.
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