La Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Cultura y Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) firmaron el acta de inicio del convenio para restituir 619 metros cuadrados que habrían sido ocupados de manera irregular por la construcción del polémico edificio Aquarela.
A través de este contrato, que fue firmado el pasado 2 de agosto, con fecha de ejecución de máximo un año, se procedería a demoler por completo la estructura para dar cumplimiento a la restitución ordenada en un fallo policivo de 2018.
Este convenio permitirá aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre las tres entidades, para cumplir con la medida correctiva de policía (demolición de obra) ordenada a través de la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2
detalló la Alcaldía de Cartagena a través de un comunicado.
El secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, fue designado como supervisor del convenio en representación de la Alcaldía de Cartagena; mientras que el Ministerio de Cultura delegó al director de patrimonio y memoria, Alberto Escobar Wilson.
En representación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) estará Juan Pablo Sánchez González.
Por su parte, los constructores de Aquarela insisten en que el fallo de restitución no contempla la demolición del completa del edificio, y que al hacerlo se actuaría de forma antijurídica.
“El fallo policivo, que ordena la restitución de aproximadamente 24 metros cuadrados de superficie (619 metros en 25 pisos), corresponde a una ínfima parte del área del proyecto total, que los constructores han estado dispuestos a restituir mediante una perfilación del edificio, lo cual es técnicamente factible, y para lo que se solicitó una modificación de la licencia de construcción, que fue negada por el mismo Distrito”, aseguró Gilma Usuaga, vocera de los constructores del proyecto.
La vocera también señaló que este fallo policivo se encuentra demandado y el proceso mantiene su curso en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena.
La polémica del edificio Aquarela se inició en el año 2017 cuando la Procuraduría y el Ministerio de Cultura alertaron que la construcción de este proyecto de vivienda, ubicado a unos 200 metros del Castillo de San Felipe, pondría en riesgo la declaración de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad.
Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de las sociedades Plano Constructivo S.A.S, Colcivil S.A. y Promotora Calle S.A.S. por incurrir en presuntas fallas de calidad, idoneidad y seguridad en la construcción del proyecto Aquarela.
La Superintendencia además anunció que revisará si Promotora Calle 47 S.A.S., estaría entregando información engañosa desde sus sitios web con publicaciones como: “No existe solicitud Unesco donde se pida demolición del edificio”, “Realidad: Estudio de la SCI fue hecho con base en información errónea e incompleta (…)”, entre otras, que podrían inducir a error a los consumidores.
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