Con el pago de más de 977 millones de pesos, la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán reparar a la familia de Donaldo Pisciotti Duarte, el conductor de un bus de servicio público que murió tras resultar gravemente herido en el atentado terrorista ocurrido el 14 de abril de 2002 en el centro de Barranquilla contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez.
El Consejo de Estado condenó a la Nación en un fallo a favor de los familiares de la víctima, quienes interpusieron una demanda argumentando que el ataque “era un hecho previsible, toda vez que el candidato había sido objeto de amenazas y otros atentados contra su vida”.
El hecho fue atribuido a la entonces guerrilla de las Farc y, según los demandantes, “las autoridades no tomaron las medidas de seguridad que deberían haber establecido a favor de la vida y la seguridad del aspirante y de las personas que estaban cerca de la caravana que fue atacada en esa jornada”.
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La familia de Pisciotti Duarte demandó al Ejército, a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento del Atlántico y al Distrito de Barranquilla, con el fin de obtener una reparación a los perjuicios ocasionados.
Sin embargo, en sentencia de primera instancia emitida el 12 de abril del 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico decidió no acceder a las pretensiones de la demanda al considerar que “fue un atentado terrorista causado por un tercero de manera imprevisible e irresistible, frente al cual el Estado no estaba obligado a asumir la responsabilidad administrativa”.
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Fue así como los familiares apelaron este fallo de primera instancia, con la intención de que el Consejo de Estado ordenara repararlas y la alta corte concedió las pretensiones de la demanda. El Consejo de Estado sostuvo que le corresponde a la Policía Nacional indemnizar el daño que sufrieron los familiares de la víctima, ya que la institución tenía información que indicaba el peligro que existía sobre posibles atentados contra el entonces candidato.
“Hay testimonios que indican que la coordinación de la seguridad fue tardía, que la entidad no tuvo conocimiento previo de la ruta que seguiría la caravana, sin poder explorar las condiciones de seguridad y tomar las medidas preventivas del caso; tampoco se pudo asegurar que la actividad se adelantara en los sitios que representaran el menor riesgo y se terminó tomando la ruta que originaba el mayor peligro”, se lee en el comunicado expedido por el Consejo de Estado.
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