La Fiscalía solicitó detención domiciliaria para nueve de los once capturados por el fraude aColpensiones y el Seguro Social, señalados de tramitar pensiones de vejez por alto riesgo y conseguir retroactivos y otros derechos laborales sin que los demandantes tuvieran derecho a ello.
Contra los otros dos capturados, el ente acusador pidió medida no privativa de la libertad.
Nueve de los detenidos, entre ellos abogados y funcionarios de juzgados laborales de Barranquilla, aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía por delitos como prevaricato por acción y por omisión, falsedad en documento público, peculado por apropiación, concierto para delinquir, cohecho, concusión, abuso a un sistema informático, infidelidad de los deberes profesionales y fraude procesal.
De acuerdo con el ente acusador, indemnizaciones hasta de 800 millones de pesos por pensiones de vejez por alto riesgo, aun cuando el demandante no tenía derecho a ello, habrían sido pagadas, gracias a las actuaciones ilegales de algunos funcionarios de los juzgados 4to y 14 laboral del circuito, quienes recibían una remuneración económica hasta del 2% del valor de cada condena.
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Según el ente acusador, entre las actuaciones irregulares que se dieron en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla entre 2012 y 2014 estuvo la manipulación del sistema informático para redireccionar todas las demandas hacia los juzgados 4to y 14, donde se llevaron a cabo los procesos de forma irregular.
La tarde de este martes, la juez del caso decidirá la medida de aseguramiento que, de manera preventiva, impondrá a cada uno de los presuntos responsables en este desfalco a Colpensiones que alcanzaría los 22.000 millones de pesos.
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