Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
Aunque los homicidios y enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, en la realidad la comunidad continúa siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos.La situación más preocupante la viven los comerciantes bonaverenses quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero a integrantes de estas bandas, para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a dos reconocidos establecimientos de comidas del distrito, a realizar su cierre definitivo, pues se ha vuelto insostenible."Este es un fenómeno que ha existido siempre y ahorita con lo que estamos viviendo, el anuncio de muchos negocios que cierran. Parte del sector pesquero también ya lo están pensando, hablan de seis u ocho negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado, estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas.", señaló Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes de Buenaventura.Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, hizo un llamado a las autoridades locales a garantizar la tranquilidad de los bonaverenses, teniendo en cuenta que si bien los enfrentamientos entre bandas criminales se han reducido, otras conductas delictivas como las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros, aún siguen activas."Efectivamente, esa es la gran preocupación que tenemos, que lo que sucedió en 2025 no se vuelva a presentar, cuando más de 200 comerciantes solicitaron traslado de sus negocios. Estamos en 2026, justamente queremos minimizar ese riesgo de que la gente por falta de seguridad tome la decisión de cerrar su negocio", añadió el personero.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
En medio de un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria y los retos del comercio internacional, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, encendió las alertas sobre el impacto que la apreciación del peso colombiano está teniendo en los ingresos de los caficultores. En entrevista con Blu Radio, Bahamón explicó que, aunque el fortalecimiento del peso suele percibirse como una buena noticia para consumidores e importadores, para el sector cafetero representa una amenaza directa a la rentabilidad.“El tema de la apreciación del peso definitivamente tiene un impacto en el valor de la carga que se le está pagando al cafetero”, afirmó el gerente, al señalar que existen variables macroeconómicas que escapan al control del sector, pero que están incidiendo de manera clara en el precio interno del café. Según Bahamón, en los últimos 12 meses el peso se ha apreciado cerca de 46 pesos frente al dólar, lo que se traduce en una pérdida aproximada de 500.000 pesos por carga para el productor, pese a que el esfuerzo productivo sigue siendo el mismo.El dirigente cafetero fue enfático en aclarar que no se trata de un señalamiento directo, sino de una advertencia. “Esto no es un reclamo a nadie, pero sí es una necesidad de que el Gobierno tome medidas para proteger”, sostuvo. En su análisis, identificó factores estructurales como el aumento de las remesas y la entrada de dólares asociados al narcotráfico, así como factores coyunturales, entre ellos el contexto global y el endeudamiento externo del país en dólares, que presionan la tasa de cambio a la baja.Bahamón explicó que la rentabilidad del café depende de dos variables clave: la tasa representativa del mercado y la cotización en la Bolsa de Nueva York. Actualmente, esta última se mantiene por encima de los 3,50 dólares la libra, lo que permite sostener la rentabilidad. Sin embargo, advirtió: “El problema sería si la otra, que es la cotización, empieza a caer”. Para el sector, una tasa cercana a los 4.000 pesos por dólar ofrecía mayor estabilidad tanto para exportadores como importadores.Más allá de las preocupaciones, la entrevista también dejó espacio para noticias alentadoras. Una de ellas es la creciente presencia del café colombiano en China, un mercado estratégico por su tamaño y potencial de consumo. Aunque aclaró que aún no existe una tienda oficial de Juan Valdez en ese país, Bahamón destacó que ya se están vendiendo productos empacados de café colombiano a través de distribuidores locales. “China es un mercado a desarrollar… si lo conquistamos tendríamos la posibilidad de crecer enormemente”, señaló.El gerente subrayó que el consumo de café en China sigue siendo incipiente, con menos de 0,2 kilos per cápita al año, muy por debajo de Colombia o países europeos. No obstante, esta baja base representa una gran oportunidad de crecimiento. “Vemos una potencialidad enorme de seguir construyendo una demanda”, concluyó.Así, entre la incertidumbre cambiaria y la exploración de nuevos mercados como el asiático, el sector cafetero colombiano enfrenta un momento clave, en el que las decisiones macroeconómicas y las estrategias de internacionalización serán determinantes para el futuro de miles de productores en el país.
La victoria del Cúcuta Deportivo frente a San Lorenzo en territorio uruguayo no solo dejó sensaciones positivas en lo futbolístico, sino que también estuvo acompañada por un hecho inesperado fuera de la cancha. Tras el compromiso, se conoció que a uno de los jugadores del equipo motilón le fue sustraída una suma de dinero en el hotel de concentración, situación que obligó a la intervención de la administración del lugar y a un pronunciamiento oficial del club.Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, confirmó en entrevista con Blog Deportivo que el incidente ocurrió durante la estadía del plantel en Uruguay. Según explicó el directivo, se trató de la pérdida de una cantidad de dinero “no muy significativa”, correspondiente a un solo jugador, y aclaró que el caso fue atendido de manera inmediata por el hotel. “Son cosas que a veces pasan, lastimosamente uno no quiere que sucedan, pero la administración del hotel respondió y el tema quedó resuelto”, aseguró.El presidente también reconoció que hubo un descuido en el manejo de los objetos de valor. De acuerdo con Sánchez, la recomendación interna siempre ha sido que los jugadores utilicen las cajas de seguridad de las habitaciones para guardar dinero, relojes y pertenencias importantes. En este caso, los objetos no habrían sido asegurados, lo que facilitó el inconveniente. Aun así, destacó la buena disposición del hotel para asumir la responsabilidad y devolver el dinero extraviado.Desde el club evitaron dar a conocer el nombre del hotel, precisamente por la forma en la que se manejó la situación. Para la dirigencia del Cúcuta, la respuesta oportuna permitió cerrar el episodio como un simple impase logístico, sin mayores consecuencias para el plantel ni para el desarrollo de la gira internacional.Más allá de este hecho, el Cúcuta Deportivo continúa su preparación en Uruguay, donde enfrentará a Huracán antes de regresar a Colombia. El plantel tiene previsto volver al país en la madrugada del domingo y ya piensa en su debut oficial en el calendario del fútbol colombiano, el próximo lunes a las 4:00 de la tarde frente al Once Caldas, en el estadio General Santander.
Durante el mes de enero se registra un aumento superior al 50 % en las consultas dermatológicas relacionadas con manchas en la piel, acné y brotes cutáneos, según reportes de especialistas del Hospital Infantil Universitario de San José. El incremento se presenta semanas después del periodo de vacaciones y celebraciones de fin de año.De acuerdo con los dermatólogos, este aumento está relacionado con factores como la exposición prolongada al sol, el uso inadecuado del protector solar, cambios en los hábitos de cuidado diario, suspensión de tratamientos dermatológicos y modificaciones en la alimentación y el descanso. Estas condiciones favorecen la aparición de hiperpigmentaciones, empeoramiento del acné y otras alteraciones cutáneas.El doctor David Reyes, médico dermatólogo de la institución, explicó que en enero es frecuente la consulta de pacientes con manchas más marcadas, especialmente melasma, así como brotes de acné inflamatorio. Indicó que muchos de estos casos se asocian a una aplicación insuficiente o incorrecta del protector solar durante las vacaciones.Los especialistas señalan que la mayoría de las personas reduce la frecuencia de limpieza facial, interrumpe tratamientos médicos y utiliza productos sin orientación profesional durante este periodo. A esto se suma el contacto con sol, cloro y sal, además del aumento en el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados, factores que inciden en la respuesta inflamatoria de la piel.Además de las manchas y el acné, los dermatólogos reportan consultas por resequedad, dermatitis y cambios en lesiones pigmentadas. En algunos casos, estas alteraciones no son evidentes de inmediato y se manifiestan semanas después del retorno a la rutina habitual.Ante este panorama, los especialistas recomiendan retomar los cuidados básicos de la piel, mantener el uso adecuado del protector solar, reiniciar tratamientos suspendidos y consultar al dermatólogo si aparecen manchas nuevas, brotes persistentes o cambios en lunares. El seguimiento médico permite identificar de forma temprana alteraciones cutáneas y orientar el manejo adecuado según cada caso.
Un niño de 11 años fue secuestrado en Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, que llevó las autoridades a desplegar una operación conjunta con la Fiscalía para dar con su paradero y lograr su pronta liberación.El hecho ocurrió hacia las ocho de la noche del sábado en el caserío de Potrerito, zona rural de Jamundí. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, habló en Mañanas Blu, sobre el operativo que avanza con respecto a hallar el paradero del niño o los directamente responsables de su plagio.De acuerdo con el comandante y según lo que informaron los padres, no habían recibido amenazas en su contra ni extorsiones."De acuerdo a la entrevista que nosotros realizamos con los padres, ellos no tenían ninguna. No han recibido ninguna amenaza, ninguna extorsión, pero por las circunstancias ocurrieron los hechos, entendemos que es un secuestro con este fin", dijo. La Gobernación del Valle del Cauca, por su parte, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.La gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, pidió la mediación de la Iglesia, la Cruz Roja y la Misión de la ONU en Colombia para lograr la liberación del menor: "¡Los niños no se tocan!", escribió la mandataria regional en su cuenta de X.Aunque ningún grupo armado se ha atribuido el hecho, en Jamundí tienen presencia grupos de las disidencias de las Farc que mantienen disputas por el control territorial y rutas del narcotráfico con bandas criminales, lo que ha incrementado los niveles de violencia en esa región.Escuche aquí la entrevista:
Al corregimiento de La Tagua, en el municipio de Leguízamo, Putumayo, llegaron las primeras tres familias que huyeron ante el temor de quedar atrapadas en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico desde Colombia hacia Ecuador, Perú y Brasil, a través de los ríos Caquetá y Putumayo.El éxodo se desató tras la circulación de un audio en WhatsApp, en el que un jefe de la disidencia, identificado como alias 'Raúl Reyes', quien dice ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC-EP), ordena el desalojo de las viviendas ocupadas por indígenas de las etnias Murui Muina, de los cabildos Belén, Guaquirá y Humancia, pertenecientes al resguardo Previo Putumayo, en el municipio de Puerto Leguízamo, en límites con el departamento del Amazonas."Que desocupen los caseríos de inmediato por motivos del orden público. No somos responsables de cualquier cosa que llegue a pasar”.La amenaza de nuevas confrontaciones armadas por parte de la disidencia de alias 'Calarcá' y 'Karolina Ramírez', bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', desató el pánico en las comunidades, obligándolas a abandonar sus casas.Al cierre de este lunes, los gobiernos de Putumayo y Amazonas realizaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la crisis y buscar un corredor humanitario que permita la salida de al menos 88 familias, que no han podido evacuar por la acción directa de los grupos armados, quienes les han confiscado los motores y cortado el suministro de combustible.El secretario de Gobierno del Putumayo, Luis Fernando Palacios Alomia, alertó sobre la gravedad de la situación:“De esas 88 familias, solamente han llegado tres a La Tagua. Las otras no han podido salir porque les quitaron los motores y no tienen combustible; están confinadas por los grupos armados. Ese es el inconveniente que tenemos en este momento”.Por su parte, la Alcaldía de Puerto Leguízamo, liderada por Luis Emilio Bustos y el secretario de Gobierno, Carlos Arbey Claros, adelanta acciones urgentes para atender el inminente desplazamiento de más de 300 personas procedentes del predio Putumayo.La alteración del orden público en este municipio, rodeado por los ríos Caquetá y Putumayo, se ha agudizado también por las operaciones militares del Gobierno, que intentan dar con el paradero de alias Calarcá, quien ha logrado evadir el accionar de la fuerza pública.El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, espera gestiones humanitarias por parte del alto comisionado para La Paz, Otty Patiño, para que intervenga ante las disidencias de alias 'Calarcá', con las que esta semana inicia diálogo en la zona del Catatumbo, específicamente con el Frente 33.
Durante la tarde y noche de este lunes, 5 de mayo, los organismos de socorro en Cali estuvieron desplegados en el norte y la ladera de la ciudad atendiendo las diferentes emergencias que generaron la fuertes lluvias registradas en las últimas horas.Esta vez las zonas de mayor afectación fueron las zonas aledañas al río Cali cuyo caudal tuvo un incremento considerable de su nivel, el cual provocó que varias quebradas afluentes se desbordaran por las fuertes lluvias, haciendo que en las vías principales se registraran algunas inundaciones."Tuvimos un acumulado de 46 mm en el pluviómetro de la estación de monitoreo del sector del Aguacatal. Tuvimos afectaciones en la movilidad en la Avenida 2da. Norte, entre la calle 44 y la calle 70 ocasionado por el contraflujo que se presentó por el alto nivel del río", indicó Nicolás Suárez, subsecretario de gestión del riesgo de Cali.También se atendieron dos árboles caídos en el oriente y el sur de la ciudad. Mientras que en las vías de la zona rural se registró afectación en la bancada en el sector entre Cristo Rey y Pichindé. Por otra parte, en la comuna 20 se registró otro deslizamiento que afectó dos viviendas.Con Cali son 30 los municipios en el Valle del Cauca los que han registrado afectaciones por las fuertes lluvias. Los de mayor gravedad son Cartago y Candelaria con más de 3.000 familias damnificadas.
Continúan los actos de intolerancia contra los funcionarios de la secretaría de Movilidad de Cali. La más reciente agresión contra el mismo secretario Gustavo Orozco, quien fue atropellado por un motociclista en un operativo de control.El incidente se registró en el sector de Pance, en el sur de la ciudad, cuando los agentes de tránsito y el funcionario se encontraban verificando la documentación de los conductores que transitaban en el lugar. Al llamar la atención de un motociclista este hizo caso omiso y aceleró su vehículo, arrollando al secretario.De inmediato Orozco fue auxiliado por los agentes de tránsito y llevado a una clínica del sur de Cali, donde se recupera de las heridas en el rostro y el golpes en su cuerpo que dejó el hecho. Actualmente, hay un operativo de búsqueda de las autoridades para dar con el paradero del conductor agresor.
La comunidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, está conmocionada por el secuestro de un niño de 11 años ocurrido en una unidad residencial del municipio. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los responsables, las autoridades presumen que detrás del hecho estarían hombres armados vinculados a la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc.Así habría sido el secuestro de un menor en Jamundí, Valle.“Eso es lo que dice la Policía y el Ejército, por su modo de actuar y como iban, eso dio pie para pensar en que son presuntamente de la Jaime Martínez”, declaró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en entrevista con 'Recap', de Blu Radio. De acuerdo con el testimonio de la mandataria, seis hombres armados ingresaron por la parte trasera de la unidad residencial y se llevaron al menor junto a una empleada doméstica. Aunque la mujer fue liberada una hora después en una zona rural —y obligada a caminar de regreso hacia Jamundí—, el niño permanece secuestrado.“El niño lo tenían vendado, pero no dio más referencia al respecto”, dijo Toro sobre lo que relató la mujer liberada.Se activaron rutas de búsqueda y recompensa de hasta $200 millonesFrente al secuestro, la Gobernación del Valle anunció que se activaron todas las rutas de búsqueda en coordinación con la fuerza pública, mientras que la Iglesia también se sumó con cadenas de oración por el regreso del menor.“Hemos estado trabajando muchísimo, pero no sabemos nada aún del niño”, señaló Toro. Además, se ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar al menor o identificar a sus captores.La gobernadora rechazó con contundencia este hecho, al calificarlo como una violación flagrante a los derechos humanos, y pidió a los responsables que lo devuelvan sano y salvo: “Un niño no se puede tocar, es sagrado. Apelando a eso, sería fundamental que tuvieran un acto de conciencia y lo liberaran lo más pronto posible”. También insistió en que los menores de edad no deben ser usados en el conflicto: “Los niños no pueden estar en esta guerra, tienen que estar estudiando y aprendiendo. Todos tenemos que unirnos para rechazar un acto tan vil como este”, dijo.Valle del Cauca, bajo presión por disidencias y crisis de seguridadToro aprovechó para advertir que el Valle del Cauca enfrenta una situación crítica de seguridad. Habló de la presencia de disidencias, bandas criminales, ataques con drones y amenazas permanentes a la fuerza pública.“Nosotros estamos luchando contra todo. Hay un problema de inseguridad muy grande, nadie lo puede negar. No podemos taparnos los ojos”. Según dijo, se han adoptado medidas como corredores seguros, centros de control conjuntos y refuerzo de vigilancia en zonas estratégicas, pero enfatizó que se requiere una acción articulada con el Gobierno nacional.Emergencia invernal afecta a 30 municipios en el ValleAdemás de la crisis de seguridad, el departamento enfrenta una fuerte temporada de lluvias que ya deja más de 30 municipios afectados, según confirmó Toro. En Candelaria, un desbordamiento dejó cerca de 2.000 personas damnificadas, mientras que en Cartago se reportan alrededor de 1.000 afectados.La Gobernación trabaja junto a las alcaldías para enviar ayudas humanitarias, maquinaria y bombas para atender las zonas inundadas. La mandataria advirtió que, tras la atención inicial, vendrá una fase compleja de recuperación de infraestructura en vías, viviendas y zonas rurales.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.