Desde el Congreso de la República se abrió el debate sobre el alto costo de las multas por infracciones de tránsito en Colombia, una situación que, según líderes regionales, afecta de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos sin garantizar una mayor protección de la vida en las vías.Desde Cali, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, hizo un llamado a los congresistas para que lideren una discusión nacional que permita replantear el valor de las sanciones, argumentando que proteger la vida, educar y corregir conductas no debe implicar el cobro de sumas excesivas.“Las multas por infracciones de tránsito en Colombia son excesivamente caras. Por eso hoy estoy acá en el Congreso porque desde Cali queremos pedirles que se apropien de la conversación y lideren la protección por la vida y además por el bolsillo de los colombianos. Las multas este año también subirán junto con el aumento del salario mínimo. Y así lo hiciesen, el costo de una infracción de tránsito puede ser el equivalente a los ingresos totales de una persona durante todo un mes o aún más. No es justo sacrificar lo que una familia destina para su comida, para la educación de los hijos, para arriendo porque las multas sean caras”, dijo el secretario.Actualmente, infracciones como no portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción pueden costar cerca de un salario mínimo, mientras que el exceso de velocidad equivale aproximadamente a la mitad de ese ingreso. La situación se vuelve más crítica segun el secretario de movilidad, si se tiene en cuenta que más del 45 % de los colombianos gana menos de un salario mínimo, lo que hace que estas multas sean impagables para una gran parte de la población.“Muchos reciben multas porque se equivocan, otro tanto porque se rehúsan a respetar la ley. Para los primeros es un castigo excesivo, para los segundos en muchos casos es irrelevante porque ni siquiera las pagan. Hoy por no tener SOA, técnico mecánica o licencia se debe pagar aproximadamente un salario mínimo entero, por exceso de velocidad la mitad. Colombia necesita orden, sí, pero un orden que salve vidas, no uno que castigue reventando el bolsillo.”, explicó el funcionario público.Finalmente, Orozco propuso al Congreso reducir el valor de las multas y modificar el mecanismo de aumento anual, señalando que en países con vías más seguras las sanciones suelen equivaler al ingreso de entre uno y cinco días, además de indicar que el país necesita normas que salven vidas sin castigar de manera excesiva a los ciudadanos.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.
La oportuna reacción de unidades de la Armada Nacional evitó la entrega de más de una tonelada y media de cocaína de alta pureza, que tenía como destino Centroamérica, y permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano.El capitán de corbeta, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, Andrés Henao, dijo a Blu Radio que la Armada Nacional, a través del Departamento de Inteligencia, fue alertada sobre los movimientos de una lancha rápida que se desplazaba por aguas del Pacífico, a unas 197 millas del puerto nariñense de Tumaco.El oficial indicó que de inmediato se dio la orden a una unidad de reacción rápida para realizar la interdicción de la embarcación, en cuyo interior —según explicó— se encontraron 62 costales en los que iban mimetizados los kilos de cocaína.Tras la llegada de la motonave y sus tripulantes a Tumaco, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada y determinaron que los costales contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Según Henao, con este resultado se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares, que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.Este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.El oficial agregó que, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, el pasado 14 de enero unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tipo “go fast” que se desplazaba de manera sospechosa a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, los marinos de Colombia hallaron en su interior 68 bultos que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas, así como 18 canecas plásticas con combustible.
Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Renault decidió ampliar el alcance del nuevo Twingo, un modelo con fuerte cariño entre los conductores colombianos, apostando por un enfoque que va más allá del automóvil. Ahora, la marca francesa presentó dos motos eléctricas inspiradas en el diseño y la filosofía del Twingo.La iniciativa fue revelada durante el Brussels Motor Show 2026, escenario en el que Renault mostró una serie de colaboraciones con empresas europeas especializadas en movilidad eléctrica. Aunque el programa incluyó distintos dispositivos, como bicicletas, monopatines y scooters acuáticos, la atención se concentró en dos propuestas urbanas: el Twingo Vässla y la Twingo Vega.Cabe recordar que Renault ya había explorado una idea similar en 2024 con el relanzamiento del Renault R4 eléctrico. Con el Twingo, la marca repite la fórmula.Twingo VässlaEl Twingo Vässla es un scooter eléctrico desarrollado junto a la firma escandinava Vässla, tomando como base el modelo EPA-1. Se trata de una propuesta claramente enfocada en la ciudad, con plataforma plana, llantas de 10 pulgadas y neumáticos de perfil ancho, pensados para trayectos cortos y cotidianos.Uno de los aspectos más llamativos es su diseño, que adopta colores y elementos gráficos directamente relacionados con el Twingo eléctrico. El faro delantero replica la firma lumínica del automóvil, creando una conexión visual inmediata entre ambos productos. A nivel técnico, el scooter cuenta con dos baterías que le permiten alcanzar una autonomía cercana a los 120 kilómetros, con una velocidad máxima de 45 km/h, típica de un ciclomotor urbano.Twingo VegaLa segunda propuesta, denominada Twingo Vega, se presenta como una moto eléctrica urbana de carácter mucho más experimental. Su diseño es minimalista, dejando a la vista el chasis tubular, el motor eléctrico y la batería, sin carenados ni elementos superfluos.Esta moto está equipada con un motor eléctrico de 10 kW y una batería de 7 kWh, con lo que promete una autonomía de hasta 140 kilómetros y una velocidad máxima de 110 km/h, cifras que la ubican por encima del scooter en términos de desempeño. Al igual que el Vässla, adopta el diseño del faro característico del Twingo, reforzando la coherencia estética del proyecto.A diferencia del scooter, la Vega no parte de un modelo ya existente, lo que hace que su viabilidad comercial a corto plazo sea menos clara.¿Llegarán al mercado estas motos inspiradas en el Twingo?Por ahora, Renault no ha confirmado precios ni planes de comercialización para ninguna de las dos propuestas. Sin embargo, el hecho de que el Twingo Vässla se base en un producto real sugiere que podría tener mayores posibilidades de producción.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
En límites de los departamentos de Cauca y Nariño, fueron asesinados la docente y líder Leidy Hoyos, y su esposo José Miguel Samboní, frente a su pequeña hija de seis años. Los hechos se registraron cuando la familia regresaba a su casa cerca a la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar de Mercaderes, Cauca.La familia se movilizaba en una motocicleta cuando fueron atacados a disparos por sujetos que les hurtaron el vehículo, dejando como única sobreviviente a la niña quien quedó en shock después de presenciar este hecho.Leidy Hoyos era docente la escuela de la vereda Las Planadas, en el municipio de El Rosario, Nariño, muy querida y reconocida por la comunidad educativa, sus estudiantes y vecinos exigen justicia por la muerte de esta profesora y su esposo, además del refuerzo de medidas de seguridad en la vía Panamericana."La señora Leidy Margoth Hoyos se desempeñaba como docente en el centro educativo La Planada perteneciente a la I.E. Nuestra Señora de El Rosario y se caracterizaba por su carisma, dedicación en la enseñanza a nuestros niños y demás cualidades por las cuales la comunidad le guardaba un gran aprecio"."Desde la Administración Municipal, exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa y celeridad en la identificación y judicialización de los responsables de este execrable crimen.", indicó la Alcaldía de EL Rosario, Nariño, a través de un comunicado.
Este hecho se registró en una vivienda del barrio San Pedro, en el municipio de La Unión Valle, cuando la fiesta infantil de una pequeña niña se vio interrumpida por varios disparos realizados por dos hombres quienes arribaron al lugar y comenzaron el ataque contra quienes se encontraban departiendo al interior de la vivienda.Cinco de los asistentes de la fiesta resultaron heridos, entre ellos una menor de seis años, quienes de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial para atender sus heridas y permanecen bajo observación médica.Según las autoridades, este hecho fue perpetrado por uno de los hombres más buscados en el departamento, así lo indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle."Dentro de las investigaciones que hemos podido adelantar, hemos recolectado varias evidencias que nos permiten inferir que el responsable de este hecho se trataría de Jorge Leonardo García, alias 'Seis', por quien la Gobernación ofrece 200 millones de pesos, es importante contar con la colaboración de la comunidad para poder dar con la captura de este delincuente", señaló la coronel.Alias El Seis', está siendo buscado en el departamento por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. Las autoridades avanzan en la investigación para ubicar a este hombre y su cómplice.
En Cali las centrales obreras, sindicatos y colectivos afines al Gobierno nacional confirmaron que participarán en la jornada de manifestación a favor de las reformas laboral y de salud que convocó el presidente Gustavo Petro, para este martes 18 de marzo, donde el mandatario nacional también anunció que ese día será día cívico.Ante el anuncio del presidente Petro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le confirmó a Blu Radio que en la capital del Valle del Cauca no se declarará la medida, así que ese martes los funcionarios públicos continuarán con sus jornadas de manera ordinaria."El progreso de Cali no se logra deteniendo a la ciudad sino echando para adelante, por eso no vamos a decretar día cívico. Sí vamos a respetar el derecho de quienes quieran salir a marchar pacíficamente, pero también tenemos que respetar los derechos de los caleños que salgan a trabajar o a estudiar o a sacar adelante sus asuntos", aseguró el alcalde de Cali.El mandatario reiteró que las manifestaciones serán acompañadas a nivel institucional para garantizar que se desarrollen sin complicaciones. Pero también se debe velar por la normalidad de quienes no deseen participar de estas movilizaciones. Eder además reiteró su postura frente a la consulta popular impulsada por el gobierno nacional para sacar adelante sus reformas, "en una democracia es importante respetar y utilizar las instituciones para resolver los problemas, es decir, no se puede paralizar el país ante un desacuerdo, lo que se tiene que buscar son consensos", finalizó el mandatario.
Las víctimas de este crimen que estremece al Valle del Cauca serían, al parecer, el ganadero Orlando Campo y su hija Fanny Campo, quienes se encontraban secuestrados desde hace más de 100 días en la vereda Monterrey del municipio de Guacarí.Lo que se conoce hasta el momento es que familiares de estas personas, al parecer, se habrían negado a pagar una extorsión a miembros de la estructura Adán Izquierdo, disidencia de las Farc, que opera en el centro del Valle. Este grupo sería el responsable de haberlos privado de la libertad.En las últimas horas, los cuerpos del padre y la hija fueron encontrados por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y tropas del Ejército, al parecer, incinerados por los mismos disidentes.La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que el crimen está siendo investigado para determinar plenamente las razones y los autores del hecho. "Eran dos personas que fueron secuestradas el año pasado y tenían unas marraneras en el Cauca. Sin embargo, todavía no hemos podido identificar plenamente los cuerpos. En este momento, es motivo de investigación y vamos a esperar su resultado", afirmó.En las últimas horas, se conoció un supuesto comunicado difundido a través de grupos de WhatsApp de la disidencia Adán Izquierdo, en el que se atribuye la muerte del ganadero y su hija. Dicho comunicado está siendo verificado por las autoridades para comprobar su veracidad.
Más de 72 horas cumplen operarios de Invías tratando de remover cerca de 5.000 metros cúbicos de piedra, tierra y lodo que cayeron sobre la vía Panamericana, impidiendo el paso terrestre entre Pasto y Popayán, en el Cauca, suroccidente de Colombia.Pilar Cerón, directora de la regional de Invías en Nariño, dijo a Blu Radio que expertos de la entidad analizan las grietas que se evidenciaron en la parte alta de la montaña, en el kilómetro 48, para establecer el grado de riesgo que puede causar nuevos deslizamientos y evitar una tragedia, ya que los operarios de Invías siguen trabajando en la evacuación del material.La funcionaria aseguró que este desprendimiento de una gran cantidad de piedra se produjo en cuatro sectores de la carretera internacional, como son: el sector de La Ensillada, km 50 (sitio Juanambú), km 56 (zona La Roca) y en el km 41 (conocido como Caño Bajo)."La vía sigue cerrada por tercer día debido a los continuos deslizamientos, ocasionados por las fuertes lluvias que han caído en esa zona norte del departamento de Nariño", dijo Cerón.Los puntos críticos son atendidos por operarios de Invías que acudieron al sitio desde el mismo momento en que la comunidad y los transportadores alertaron sobre el bloqueo del corredor vial que comunica a Colombia con Ecuador.La seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional coordina la regulación del tráfico en la zona, y se estableció un paso alterno por la antigua Panamericana del Norte, pese a que también hay un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en la vía entre Buesaco y la ciudad de Pasto.Según la directora de Invías en Nariño, en la antigua vía al norte ya pasó a medio carril, y hay un sector con hundimiento de banca, por lo que hizo una recomendación a la gobernación y autoridades locales de no enviar tráfico por este tramo vial con vehículos de carga pesada, ya que esa vía no está preparada para resistir el peso de carros de gran tonelaje.Además, aseguró que esta vía debe ser utilizada en estos momentos de emergencia por vehículos livianos y de servicio de pasajeros, para evitar nuevos obstáculos a la comunidad del Cauca y Nariño.Mientras dure el cierre de la vía Panamericana y para evitar un desabastecimiento de combustibles, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, expidió el Decreto 0044 del 15 de marzo de 2025, en donde se establecen restricciones a la venta de combustible en la capital de Nariño.Vehículo tipo ambulancia: $100.000Vehículo tipo taxi: $100.000Vehículos de transporte público colectivo: $100.000Vehículos oficiales: $100.000Vehículos particulares: $50.000Motocicletas: $20.000Horarios de atención: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.Este es el decreto:
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.