Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
La situación con la movilidad en el Oriente antioqueño sigue complicada y con el enorme derrumbe que taponó la autopista Medellín - Bogotá y que hoy tiene a personas y transportadores contra la espada y la pared.En el tramo Santuario - Caño Alegre, en donde hay dos retroexcavadoras y ocho volquetas trabajando arduamente, también hay desespero por todas las personas que desafortunadamente se han visto afectadas por las inclemencias del clima."Caminando por ahí dos horas, creo yo, para bajar al cruce. Pues de aquí para allá, si no hay que viajar de aquí para allá, por ahí dos horas", manifestó uno de los habitantes del sector.La más reciente visita de Invias y otras autoridades arrojó que en la vía cayeron cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra que equivale a más de 4.000 volquetas llenas del material que pone en jaque a cerca de 14 empresas de buses como aseguró Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andres Julián Rendón, opinó que esto es lo que ocurre cuando las vías dejan de ser concesionadas para pasar al dominio de la Nación, como ocurre en la vía Medellín - Bogotá."Lo que pasa en la autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Caño Alegre es el reflejo de lo que pasa cuando se dejan las vías en manos del instituto, o se dejan las vías en manos del Estado cuando podrían ser vías que fácilmente las podría asumir en su mantenimiento un privado. Esa vía era transitable", dijo.Por ahora las labores continúan en el municipio de San Luis, donde ocurrió el deslizamiento de tierra, y se espera que con el arduo trabajo de diferentes frentes de trabajo se pueda habilitar nuevamente el paso vehicular en aproximadamente cinco días cuando toda la tierra sea removida del lugar.
La Contraloría General de la República evidenció presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de servicios de salud en medio de la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, según los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la entidad durante las vigencias 2023 y 2024.De acuerdo con el organismo de control, en total se determinaron hallazgos fiscales por $24.849 millones relacionados con la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS, en el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.El principal hallazgo corresponde a pagos autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. Según la auditoría, la firma habría modificado de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora.Aunque Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, la Contraloría estableció que a 74 de ellos se les giraron valores superiores a los autorizados. A la fecha, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, pero aún permanecen pendientes por recuperar $23.426 millones.Si bien la EPS señaló que no autorizó dichos pagos y que estos obedecieron a decisiones de la interventoría, además de haber informado la situación a la Superintendencia, el ente de control indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales emprendidas por la entidad contra la firma interventora para recuperar los recursos públicos.En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. Sin embargo, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 mantienen procesos suspendidos, lo que ha frenado el avance en la recuperación efectiva del dinero.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
A pocos días de las consultas interpartidistas, la encuesta más reciente de Invamer revela un resultado contundente en la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero aparece con una ventaja amplia sobre Roy Barreras en intención de voto. Según el sondeo analizado en Blu Radio, el exalcalde de Medellín triplica al exsenador y se perfila como el virtual ganador dentro de este bloque político.De acuerdo con los resultados, Quintero registra el 68,1 % de la intención de voto, mientras Roy Barreras alcanza el 23 %. Los demás candidatos quedan muy rezagados: Edison Lucio Torres con 4,2 %, Marta Viviana Bernal con 2,7 % y Héctor Elías Pineda con 2 %. Este escenario posiciona a Quintero como el claro favorito en una consulta que podría convocar cerca de 830.000 votantes, según las proyecciones derivadas de la encuesta.El voto de opinión, principal fortaleza de Daniel QuinteroUno de los factores clave que explican la ventaja de Daniel Quintero es el peso del voto de opinión. Según explicó el gerente de Invamer, Martín Orozco, las encuestas reflejan principalmente la intención de voto de ciudadanos, no la influencia de las estructuras políticas o maquinarias.Esto significa que, en el terreno de la percepción ciudadana, Quintero tiene una ventaja significativa. Su perfil, asociado a un liderazgo más reciente y con fuerte presencia mediática, parece conectar con un segmento importante del electorado que participaría en la consulta.Además, el balance entre imagen favorable y desfavorable también juega a su favor. Mientras Quintero tiene una percepción relativamente equilibrada (19 % favorable frente a 20 % desfavorable), Roy Barreras enfrenta una situación más compleja: su imagen desfavorable alcanza el 34 %, frente a solo un 12 % de favorabilidad. Este contraste sugiere que Barreras genera mayor rechazo relativo entre los votantes.Otro elemento que influye en los resultados es la percepción sobre la trayectoria política de Roy Barreras. Analistas señalan que su paso por diferentes sectores políticos podría estar afectando su credibilidad ante una parte del electorado.Este fenómeno, conocido popularmente como “voltearepismo”, ha sido históricamente castigado por los votantes colombianos. La percepción de falta de coherencia ideológica puede generar desconfianza, especialmente en consultas donde predomina el voto de opinión y no el voto disciplinado por partidos.En contraste, Quintero parece capitalizar una imagen más definida dentro de su electorado potencial, lo que le permite consolidar un apoyo más sólido en la encuesta.A pesar de la ventaja de Quintero, el panorama aún no está completamente definido. La encuesta muestra que cerca del 44 % de quienes participarían en las consultas interpartidistas todavía no saben por quién votar. Este grupo será determinante en el resultado final.En términos absolutos, si votan cerca de 830.000 personas en esta consulta, las proyecciones indican que Quintero podría obtener entre 600.000 y 650.000 votos, mientras Barreras alcanzaría cerca de 200.000. Sin embargo, expertos advierten que estos números podrían cambiar dependiendo del impacto de las campañas en los días previos y del funcionamiento de las maquinarias políticas.La maquinaria política, el principal reto para QuinteroA diferencia de Quintero, Roy Barreras cuenta con una amplia trayectoria política y redes en diferentes regiones del país. Estas estructuras podrían movilizar votantes el día de la consulta, un factor que las encuestas no logran medir completamente.Barreras tiene aliados políticos con presencia en departamentos clave como Atlántico, Valle del Cauca y La Guajira, lo que podría aumentar su votación real frente a la intención registrada en el sondeo.Sin embargo, el hecho de que el propio impulsor de la consulta esté en segundo lugar refleja una debilidad significativa en el terreno del respaldo ciudadano espontáneo.El resultado de esta consulta será decisivo para definir el liderazgo dentro del Frente por la Vida y el rumbo político de este sector. Si se mantienen las tendencias actuales, Daniel Quintero no solo ganaría la consulta, sino que consolidaría su posición como figura principal dentro de este bloque.No obstante, el alto número de indecisos y el peso de las maquinarias políticas dejan abierta la posibilidad de cambios en el resultado final. Por ahora, la encuesta de Invamer ofrece una fotografía clara: Daniel Quintero lidera ampliamente la intención de voto, mientras Roy Barreras enfrenta el desafío de revertir una desventaja significativa en el terreno del voto de opinión.Las consultas, como coinciden los analistas, son apenas la primera etapa de una carrera política que apenas comienza a definirse.
Las lluvias y las tragedias siguen persiguiendo al Urabá antioqueño y esta vez dos personas desaparecidas en diferentes afluentes de la subregión son la preocupación más grande que tienen las autoridades que llevan más de 24 horas intentando encontrar pistas sobre el paradero de ambas personas.El primero caso es el de una tragedia familiar que se vive en el municipio de Turbo en donde Nayibe de 61 años y su nieta María Elena de 6 años cayeron al río Currulao luego de que la garrucha en donde se movilizaba se reventara y las arrojara al afluente.La búsqueda que empezó de inmediato dio con la pronta ubicación del cuerpo de la adulta, mientras que aún se busca a la menor de edad. El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, se refirió al peligro de intentar pasar por este tipo de afluente durante esta época."Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar", advirtió.Pero no es la única situación que trasnocha a las autoridades en el Urabá antioqueño, ya que en el municipio de Carepa cayó a otro afluente Félix de 22 años y quien, al parecer, fue arrastrado por la corriente de un río que estaba crecido debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en esa zona de Antioquia.Por ahora en ambos puntos del Urabá antioqueño se mantienen activos los frentes de búsqueda, explicando las autoridades que las labores se pueden complicar debido a las condiciones climáticas que han generado riesgos en los afluentes, lo que eventualmente hace que la labores en terrenos sean mucho más complicadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó un puesto de salud en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.Este proyecto fue impulsado por las juntas de acción comunal. Recordemos que esta zona del país se ha visto afectada recientemente por las acciones terroristas de grupos como las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“La construcción de este nuevo espacio fue priorizada debido a las afectaciones que los conflictos armados han generado recientemente en la infraestructura de salud y en el acceso a servicios básicos en la región. El CICR identificó, junto con la comunidad, la necesidad de un predio seguro y adecuado para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención sanitaria a la población civil y a todas las personas que la necesiten”, señaló el CICR en un comunicado.Este puesto de salud será operado por la ESE Suroccidente y la idea es generar bienestar para la comunidad ante las afectaciones humanitarias que han vivido.“Este es un proyecto importante para el CICR porque responde a una necesidad humanitaria concreta en una región fuertemente impactada por los conflictos armados. El Plateado ha vivido graves afectaciones en la asistencia en salud, y por eso la entrega de este puesto representa una mejora significativa para quienes necesitan atención médica”, afirmó Giovanna De Meneghi, delegada del CICR para el sur del Cauca.
La Secretaría de Movilidad de Cali anunció hoy el plan de recuperación del espacio público. Se establecieron zonas no autorizadas para el estacionamiento de vehículos, donde se impondrán sanciones a conductores.Estos operativos serán liderados por el Grupo Tornado, una unidad especializada de agentes de tránsito, seleccionados por su experiencia y capacidad de acción rápida en operativos móviles por toda Cali, quienes impondrán sanciones por conductas a las personas que estacionen e invadan andenes. Además, educaran con presencia activa en las calles para generar respeto a las normas."El Grupo Tornado es un conjunto de agentes de tránsito que, apoyados por la Policía, realizarán operativos relámpagos de control en las vías de la ciudad. Hay una crisis real de invasión de los andenes y los agentes se irán distribuyendo por el resto del distrito", dijo el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco El valor del comparendo por estacionar el vehículo en sitios prohibidos o mal parqueo es de 15 SMLDV, lo que equivale a $603.930.Las autoridades de movilidad afirmaron que se han priorizado la zona centro y siguen recuperando el espacio público, especialmente, en las carreras 3, 4 y 5, entre las calles 10 y 18.
Después de que el presidente Gustavo Petro confirmó que acompañará la jornada de movilización del próximo 11 de junio en Cali, en apoyo a la consulta popular, se conocieron diferentes reacciones en esta ciudad.El rector de la Universidad Icesi, Esteban Piedrahita, a través de su cuenta en X rechazó esa convocatoria: “Presidente, en Cali estamos mamados de que instrumentalice a nuestra ciudad para sus tropelías y delirios. Convoque su despelote en otra parte o, mejor, póngase a trabajar”, expresó Piedrahita.Horas antes los gremios económicos del Valle del Cauca manifestaron su preocupación por la convocatoria a una consulta popular sin agotar los procedimientos constitucionales. “Respetamos los mecanismos de participación, pero reiteramos la importancia de que se tramite con legalidad y dentro del marco institucional”, dice el comunicado de Comité Intergremial y Empresarial del Valle.La movilización de respaldo a la consulta popular en Cali ya recibió el respaldo de las centrales obreras. El Consejo Regional Indígena del Cauca anunció una reunión en las próximas horas para definir su participación en esta jornada.
A pesar de la posible extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, el alcalde del municipio, Gustavo Vélez, aseguró que la situación de seguridad sigue siendo crítica para él y para la ciudadanía. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario local fue enfático al afirmar que “independiente de si este señor lo extraditan o no, pues la situación de seguridad para mí es muy, muy complicada”. El líder político, quien ya había denunciado amenazas durante su campaña electoral, afirmó que opera bajo fuertes restricciones por motivos de seguridad. “No necesariamente estoy gobernando desde la clandestinidad, pero sí con una condición de seguridad muy fuerte... eso hace muy difícil el acercamiento con la ciudadanía”, explicó Vélez.Toque de queda tras amenazas por extradiciónLa ciudad vivió recientemente un nuevo episodio de violencia. Según el alcalde, el anuncio de la posible extradición de Pipe Tuluá fue el detonante de disturbios que incluyeron la incineración de dos taxis y el intento de ataque a un parqueadero. “Activamos todas las alertas y desde las 4:00 p.m. tomamos la decisión de decretar el toque de queda que inició a las 6:00 p.m. y finalizó a las 5:00 a.m.”, detalló Vélez.Aunque los daños fueron menores en comparación con eventos anteriores, el alcalde subrayó el impacto emocional y económico para las víctimas: “Afectan personas humildes, trabajadoras... eso realmente nos duele”.Reducción de delitos, pero el crimen sigue latenteEl alcalde de Tuluá también reconoció una mejora en los indicadores delincuenciales como los homicidios, hurtos y extorsiones. “Ha habido un accionar coordinado. Todos los indicadores van a la baja”, sostuvo. Atribuyó esta mejora al trabajo conjunto entre administración municipal, Policía, Ejército, Fiscalía y los gobiernos nacional y departamental.Sin embargo, advirtió sobre los alcances del crimen organizado, especialmente desde las cárceles. “El mayor problema que tenemos en el país es que estos delincuentes, desde las cárceles, comienzan a coordinar y a planificar actos delincuenciales”, aseguró Vélez, destacando que no hay jefes de la banda La Inmaculada detenidos en cárceles locales, pero sí activos fuera del municipio.El poder criminal de La InmaculadaUno de los puntos más graves de la entrevista fue la denuncia implícita sobre la complicidad institucional. Vélez afirmó que La Inmaculada se fortaleció entre 2021 y 2023 por apoyo del anterior gobierno municipal. “Es indudable que hubo una alianza, un apoyo del gobierno municipal del periodo anterior... por acción o por omisión”, sentenció.El mandatario añadió que este respaldo permitió a la banda acceder a contratos, extorsionar a contratistas y establecer una red criminal con poder político y económico. “No hay otra manera de que esta organización se fortalezca si no tienen el apoyo de políticos corruptos”, denunció.Nueva amenaza: alianzas entre bandasAunque Vélez afirmó que no cuenta con información precisa sobre una supuesta “gran alianza” entre La Inmaculada y otras bandas como El Alacrán, Martín Bala y Guacamayo, no descartó su existencia. “Ese es un tema del orden nacional... pero es claro que las acciones delincuenciales han ido a la baja”, recalcó.Frente a estas posibles reconfiguraciones del crimen organizado en el Valle del Cauca, el mandatario insistió en que la estrategia es seguir fortaleciendo la presencia institucional: “Vamos a seguir trabajando, haciendo consejos de seguridad, planificando estrategias, esto lo vamos a superar”.¿Y el proceso de paz con bandas criminales?Consultado sobre un posible proceso de paz con La Inmaculada, similar a las negociaciones con grupos como Los Chotas o Los Espartanos en Buenaventura, Vélez se desmarcó completamente: “Nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de aceptar un acuerdo. Eso no está en la capacidad de un alcalde”. Aclaró que, aunque escucharon versiones desde el Gobierno nacional, nunca fueron invitados a una mesa de diálogo.Sobre el supuesto encuentro entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y Pipe Tuluá, Vélez fue categórico: “Yo no conozco esa información”.
Tras conocer el anuncio del traslado de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de 'Pipe Tuluá', y cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada a los Estados Unidos, se empezaron a registrar una serie de hechos de alteración de orden publico como la quema de vehículos tipo taxi, lo que genero alerta en las autoridades.Es por esta razón que se decidió decretar toque de queda desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada de este próximo jueves 5 de junio, como medida preventiva a evitar nuevos hechos violentos que atenten contra la ciudadanía y los funcionarios públicos."Con base a esta situación decidimos decretar este toque de queda, por que empezaron a quemar los vehículos tipo taxi y posteriormente se da en otros vehículos, estamos en la verificación total de los vehículos quemados, pero si coincide que una vez se conozca la noticia del orden nacional del traslado se den todos estos hechos acá y por lo que tuvimos que tomar las medidas", dijo Martin Hincapié, secretario de gobierno de Tuluá.El funcionario también confirmó otra serie de medidas en ese municipio como la prohibición de la venta de combustible , y la movilización de motocicletas, además de acordonar las zonas aledañas a edificios públicos."No se puede vender gasolina u otros combustibles en tanques, en vasijas, tarros y objetos de plástico porque lo que están haciendo es en botellas de vidrio o otros elementos improvisados lanzarlos a los vehículos, y a esto le sumamos la restricción de la venta del combustible a motocicletas a partir de las 8:00 pm, y cerramos las vías aledañas a la alcaldía, Concejo Municipal, Fiscalía General de la Nación, Palacio de Justicia, y el Inpec", expresó Hincapié.Por los hechos, un hombre fue capturado como señalado responsable de intentar prenderle fuego a un taxi en Tuluá, Valle. Además, se conoció que la prohibición del parrillero hombre o mujer en motocicleta se extenderá hasta el próximo lunes."Se presentaron dos casos de afectación de vehículos tipo taxi en el corregimiento de Aguaclara (sector Siete Vueltas) y en el barrio Bosques de Maracaibo del municipio de Tuluá, en uno de los casos el conductor fue interceptado por sujetos armados que lo obligaron a descender del vehículo antes de incendiarlo. En el segundo hecho, el taxi fue hallado en llamas mientras se encontraba estacionado. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas y los conductores se encuentran ilesos. Como resultado de la reacción inmediata de las autoridades, se logró la captura de un presunto responsable de estos hechos", manifestó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante policía del departamento del Valle.Entre tanto, la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, en su cuenta de "X", aseguró que con la fuerza pública se está trabajando para recuperar el control en ese municipio para proteger la comunidad y los bienes públicos."Quienes hoy han sembrado terror y violencia con sus actos delictivos, deben saber que no escaparán de la justicia ni de nuestra firme decisión de recuperar a Tuluá del control delincuencial. Desde la institucionalidad estamos actuando con determinación y de forma articulada para restaurar el orden público, proteger a nuestra gente y transformar a fondo la seguridad", escribió la mandataria.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.