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La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.
El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.
Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.
De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.
Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.
La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.
La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
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