El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
No paran las consecuencias al sector salud por la crisis que se vive a nivel nacional. Recientemente, la Clínica del Prado anunció el cierre temporal de 30 camas de su servicio de obstetricia en Medellín, una medida que reduce al 50% la capacidad de esta área y que responde a la compleja situación financiera que atraviesa la institución.Según el comunicado oficial de la clínica, la decisión se tomó tras un análisis técnico-administrativo orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad asistencial, en un contexto marcado por incumplimientos económicos relevantes por parte de algunas EPS. La institución señaló que el objetivo es “optimizar el uso de los recursos disponibles y priorizar las áreas críticas para asegurar la atención oportuna y segura de las pacientes”.Por lo pronto, el centro asistencial privado precisó que se mantendrá la atención de urgencias obstétricas y partos para pacientes con convenios vigentes, y que los casos de mayor complejidad continuarán siendo atendidos conforme a los protocolos clínicos. Además, indicó que se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para garantizar la continuidad del servicio y que la medida será evaluada periódicamente con miras a restablecer la capacidad cuando las condiciones financieras lo permitan. La doctora Catalina Orozco, especialista en pediatría, opinó que se trata de incumplimientos del Gobierno de aumentar la UPC: "La cantidad de dinero que le adeudan las instituciones prestadoras de servicio, pero el gobierno y ni siquiera estar pendiente de la dignidad humana como lo es la salud no ha destinado los recursos. Esto duele porque es que si un país no invierte en el nacimiento, en el desarrollo de futuras generaciones, ¿qué podemos esperar", detalló. Ante el anuncio, la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO) expresó su profunda preocupación por el cierre de camas y la desvinculación de especialistas en ginecología, obstetricia y otras áreas, advirtiendo que esta situación refleja el deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia.El gremio señaló que la crisis tiene un origen fundamentalmente financiero, asociado a fallas estructurales en el flujo de recursos, y alertó que esto pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y la calidad de la atención. Asimismo, pidió de manera urgente al Gobierno y a los actores del sistema adoptar medidas que garanticen la continuidad de los servicios, enfatizando que “la salud de la mujer no puede esperar”.
Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales. La alerta roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Tras el cierre de dos importantes corredores viales en la subregión de Urabá por la fuerte ola invernal, los transportadores de pasajeros de Antioquia encendieron las alarmas, ya que completan 24 días sin poder operar y advierten una crisis económica y social creciente.Tránsito interrumpidoLa Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA) y la Unión de Transportadores (UTRANS) señalaron que los daños en la infraestructura vial mantienen interrumpido el tránsito en los sectores Mellitos (Necoclí), bocas del río (San Juan de Urabá) y Jalisco (Los Córdobas). La situación afecta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias que dependen del servicio, además de impactar el abastecimiento y la dinámica comercial regional."El gremio transportador completa ya veinticuatro días sin poder laborar, generando una crisis económica y social de gran magnitud, que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias, cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de esta importante región", indicó.El gremio exigió al Gobierno nacional y departamental la instalación urgente de dos puentes militares, la priorización de la emergencia y medidas transitorias para mitigar las pérdidas. Advirtieron que la prolongación del problema pone en riesgo la sostenibilidad del transporte público en la subregión.Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que realizó inspecciones técnicas a los puentes Mulatos y San Juan, en San Juan de Urabá, para definir soluciones provisionales que permitan restablecer la movilidad.Según el cronograma, la Gobernación de Antioquia adelantará en tres semanas la topografía y diseños para el puente Mulatos; luego se iniciaría la cimentación y el Invías proyecta su instalación hacia mediados de marzo. En el caso del puente San Juan, los estudios tardarán cinco semanas, las obras comenzarían a inicios de abril y el montaje se prevé para mediados de ese mes.El panorama mantiene en vilo al sector, que insiste en que la respuesta estatal debe ser más rápida ante la magnitud de la emergencia.
Una tragedia enluta al norte del Valle del Cauca tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado 31 de mayo. Un bus intermunicipal que transportaba a jóvenes deportistas desde Medellín hacia Buga se volcó tras chocar contra una defensa metálica en el sector de Piedras Gordas, entre los municipios de Zarzal y La Victoria.El siniestro dejó como saldo a una menor de edad fallecida y 25 personas heridas, de los lesionados, autoridades identificaron que 18 son menores de edad. La víctima mortal fue identificada como Ana Sofía Jiménez, una joven de 16 años recordada por su alegría, liderazgo y compromiso con el deporte.“Una compañera de hace rato del equipo. Antes de que pasara todo estaban muy felices bailando, venían contentas, motivadas”, relató conmovida Andrea Jiménez, madre de una de las menores que resultó lesionada en el accidente.Ana Sofía hacía parte del Club Escuela Cefusa de Sabaneta, uno de los tres equipos que viajaban desde Medellín en dos buses rumbo a Buga, donde participarían en el Torneo Nacional Baby Soccer 2025. Con su equipo ya había logrado importantes victorias y era considerada una joven promesa del fútbol infantil.A través de un comunicado, la Corporación Deportiva CEFUSA expresó su dolor por lo ocurrido: “Nuestros pensamientos, oraciones y apoyo incondicional están con sus seres queridos en este momento de inmensa tristeza”. Además, anunciaron que próximamente darán a conocer acciones en memoria de Ana Sofía, “cuyo legado como deportista y ser humano permanecerá en nosotros”.
Una explosión se registró esta madrugada en la cabecera municipal de Piendamó, Cauca, a las afueras de un hotel, cerca a la antigua estación del ferrocarril de este municipio, hecho que ha generado temor entre la comunidad, teniendo en cuenta que el sector donde ocurrió es comercial.Lo que se conoce hasta el momento es que sujetos en motocicleta lanzaron una granada de mano contra un grupo de personas se encontraba departiendo en el sitio, dejando un saldo de siete heridos.Estos lesionados inmediatamente fueron llevados al hospital local de Piendamó y tres de ellos tuvieron que ser remitidos a la ciudad de Popayán por la gravedad de sus heridas.El hecho está siendo investigado por las autoridades, pues al parecer sería un ataque directo contra las personas que resultaron afectadas.
Un trágico accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado enluta al norte del Valle del Cauca. Un bus intermunicipal que transportaba a jóvenes deportistas desde Medellín hacia Buga terminó volcado tras chocar contra una defensa metálica.El siniestro ocurrió en el sector de Piedras Gordas, entre los municipios de Zarzal y La Victoria, y dejó como saldo inicial una menor de 16 años fallecida y 22 personas heridas, aunque versiones posteriores elevan la cifra de lesionados a 18. Las víctimas fueron trasladadas a varios centros asistenciales de la región, entre ellos el hospital San Rafael, en Zarzal.El vehículo siniestrado, afiliado a la empresa Coopetrans Tuluá, cubría la ruta Medellín - Buga y transportaba a un grupo de aproximadamente 40 pasajeros, en su mayoría menores de edad pertenecientes a escuelas de fútbol de la capital antioqueña. Según información preliminar de las autoridades, el conductor habría sufrido un microsueño, lo que provocó que perdiera el control del bus, que impactó contra la barrera metálica y terminó volcado sobre su lateral derecho.La Policía de Tránsito y Transporte adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Además de evaluar la posible fatiga del conductor, se analiza si el automotor presentaba fallas mecánicas al momento del siniestro.Este hecho revive la preocupación por la seguridad en las vías del Valle del Cauca. A principios de este año, un bus intermunicipal también estuvo involucrado en un accidente con un tren cañero en la vía entre La Paila y Zarzal, dejando múltiples lesionados.Las autoridades reiteran el llamado a las empresas de transporte y conductores a extremar medidas de prevención y descanso, especialmente en trayectos largos y en horas de la madrugada, para evitar tragedias como la de este sábado.
En el corregimiento de La María, a unos 25 minutos del casco urbano de Buga, se registró el más reciente ataque con explosivos en el Valle del Cauca, cuando un hombre de 51 años de edad, identificado como Diego Valencia, padre del concejal del municipio de San Pedro Valle Diego Fernando Valencia, se dirigía hacia su finca junto a un menor de edad, en la zona donde limitan ambos municipios en el centro del departamento.Tanto el hombre como el niño resultaron con heridas leves por la explosión, por lo que fueron auxiliados y trasladados de inmediato al hospital San José de Buga donde permanecen bajo observación médica, mientras las autoridades tratan de establecer el tipo de artefacto utilizado en este hecho y determinar si el atentado estaba dirigido hacia estas personas."Se presentó alrededor de las 6:00 de la tarde este atentado en la zona rural de nuestro municipio, donde fueron afectadas dos personas, un menor de edad y un adulto, quienes se encuentran en estos momentos en el hospital, y, según el parte médico están fuera de peligro", indicó el secretario de Gobierno de Buga, James Gómez.Hasta el momento el concejal no se ha pronunciado sobre lo sucedido, lo que se conoce es que ambos heridos están recuperándose de manera positiva, mientras el Ejército de despliega en la zona donde ocurrió el hecho para dar con los responsables.
En el hospital Carlos Carmona, que atiende a la población del suroriente de Cali, un paciente privado de la libertad generó pánico entre el personal de la salud y demás personas que estaban siendo atendidas, al amenazarlos con un arma de fuego que le hurtó al Policía que lo custodiaba.Este hombre se encontraba en el hospital a la espera de ser remitido a un centro de mayor complejidad, tras intentar quitarse la vida en dos oportunidades mientras se encontraba recluido en el centro de detención transitorio de San Nicolás.El recluso esperó a que su custodio bajara la guardia para tomar su arma de dotación, y utilizarla en un intento de escapar del centro médico."El custodio se quedó dormido y el paciente tomó el arma que el custodio había en la mesa de noche de la cama de hospitalización, este procede a amenazar al personal, apuntándoles a la cabeza principalmente a la enfermera profesional del servicio, sale de hospitalización buscando la salida por Urgencias donde el guarda de vigilancia logra reducir al paciente y quitarle el arma", explicó el doctor Hugo Perlaza, gerente de la red de Salud Suroriente.Si bien esta situación pudo ser intervenida de manera oportuna y evitar que alguien resultara lastimado, el llamado que hace tanto el Hospital como el resto de la red de Salud de la ciudad, es que la Policía y el Inpec refuercen los protocolos de custodia y protección de los privados de la libertad que requieran atención médica."Es importante recordar que la misión médica goza de especial protección precisamente por su labor social y humanitaria; estos hechos deben ser investigados y analizados por las autoridades, para reforzar las medidas de seguridad de los usuarios de nuestros servicios de salud que están privados de su libertad, y que por su condición médica deban ser atendidos extramuralmente", indicó el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.Este recluso fue llevado por la Policía nuevamente al centro de Detención Transitorio donde permanece privado de la libertad, con la notificación de que debe ser atendido por un especialista en psiquiatría en otro centro de mayor complejidad.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.