Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, en el 2026 la capital fue testigo de 1.761 manifestaciones, que según estas cifras hubo un incremento del 20 % frente al 2024. Números que se revelan después de que la concejal Heidy Sánchez asegurará que efectivamente el distrito plantea la posibilidad de cambiar los protocolos que están estipulados en el decreto 053 del 2023 en el marco de las protestas y bloqueos. Según la cabildantes, esta respuesta se dio por un derecho de petición radicado al Distrito.“¿Se plantea, por parte de la administración distrital, agún cambio en el protocolo contenido en el decreto 052 de 2023? A lo que el distrito respondió: “Esta dirección se encuentra adelantando un análisis de cáracter telecinco y jurídico"", menciona el documento.Y es que, según los explicado por la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la principal razón con este cambio es salvaguardar la integridad de quienes no participan en las manifestaciones y protestas, proteger vias y lugares importantes como el aeropuerto, edificios administarivos y hasta el TransMilenio, que ha sido victima de vandalizaciones en medio de las alteraciones de orden público.Sin embargo, esto ha generado algunas reacciones. Precisamente la concejal Heidy Sánchez aseguró que en vez de cambiar estos protocolos que, según afirma, “activa inmediatamente la represión”, hay que activar más canales de diálogo.“Quieren que el TransMilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta por parte de la Policía. En vez de entender por qué la gente protesta más, en vez de robustecer los canales de diálogo, para que los gestores ayuden a generar puentes con las autoridades competentes y no se limiten a pedirle a los manifestantes que se retiren de la vía, lo que hace esta administración es agudizar la represión", concluyó la concejal.Entretanto, hay quienes defienden la iniciativa del Gobierno distrital. El concejal Juan David Quintero aseguró que es de carácter urgente blindar TransMilenio en medio de los bloqueos ya que “defender los derechos es de carácter fundamental”.“Bloquear TransMilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. No más bloqueos a TransMilenio. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema", escribió.Asimismo, la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá es que este proyecto busca blindar a las persianas que se ven afectadas por los bloqueos en la ciudad, es decir, pacientes, trabajadores que van de regreso a casa o simplemente de quien no participa en las protesta.“Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso a veces el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y en troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o a una cita médica. Los derechos de todos y todas importan”, concluyó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
En zonas rurales y escuelas apartadas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá, más de 82.200 niños, niñas y adolescentes hoy ocupan su tiempo en la música, el arte y la creación, en lugar de estar expuestos al riesgo de ser reclutados por grupos ilegales al margen de la ley.Se trata del programa Artes para la Paz, una estrategia de alcance nacional que en estos departamentos es operada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que llega a 449 instituciones educativas, especialmente en sectores rurales y territorios con dinámicas sociales complejas.En total, cerca de 800 personas, entre líderes, formadores y equipos de apoyo, hacen parte de esta iniciativa que ha convertido el tiempo escolar en una oportunidad para transformar realidades.Leonardo Fabio Olarte, gestor territorial del nodo 19 de Santander, explicó que solo en su zona se impactan 14 municipios y 21 establecimientos educativos, alcanzando aproximadamente 4.000 beneficiarios. Para Olarte, el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar habilidades artísticas.“Como su nombre lo dice, es transformar las comunidades y los territorios de Colombia, resignificando el tiempo escolar de los estudiantes. Estamos siendo testigos diariamente de una reducción de problemáticas sociales no solamente en los establecimientos educativos, sino también en la comunidad educativa en general, en sus familias y en el territorio. Es una transformación social muy importante”, afirmó.El gestor reconoce que cada municipio tiene dinámicas distintas e incluso, a pocos kilómetros de distancia, se pueden encontrar realidades completamente diferentes. Sin embargo, incluso en zonas con mayores conflictos sociales, el programa ha logrado mantenerse y generar impactos positivos sostenidos en el tiempo.Uno de los mayores retos al inicio fue vencer el escepticismo en las instituciones educativas.“Debo confesar que al principio los rectores eran escépticos. Era difícil convencerlos de que el programa era algo positivo. Hoy son ellos quienes acuden a nosotros, lo solicitan y esperan que haya continuidad en el tiempo”, relató Olarte.El cambio en la percepción se ha dado gracias a resultados visibles: mejor convivencia escolar, mayor permanencia en las aulas y una disminución de situaciones asociadas a violencia o riesgo social.En el departamento del Cesar, Luis Alejandro Forero, gestor territorial del programa en la zona 6 nodo 3, que integra los municipios de El Copey, Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, destacó que en su área también se atienden 21 establecimientos educativos con más de 4.000 beneficiarios.Sin embargo, insiste en que el mayor logro no es artístico, sino humano.“Lo más valioso no es cuando aprenden a pulsar una cuerda. Lo más valioso es cuando aprenden a resignificar su existencia, cuando descubren que su vida puede ser mucho más de lo que habían imaginado. Cuando su convivencia escolar mejora y la escuela deja de ser un entorno de tedio para convertirse en un espacio de alivio y alegría”, señaló.Forero compartió uno de los testimonios más impactantes que ha dejado el programa.“El caso más fuerte es cuando un niño te dice que quiere ser parte de un grupo armado cuando grande, y al cabo de un tiempo te dice: ‘No, yo quiero ser cantante, quiero tocar guitarra, quiero ser profesor’. Eso es lo más valioso que ocurre a partir del programa”, expresó.En regiones donde históricamente han operado estructuras ilegales, ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes con procesos artísticos continuos se convierte en una estrategia de prevención clave.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
La precandidata presidencial Paloma Valencia calificó como “preocupante” el nivel de hostigamiento contra su colectividad, luego de que una mujer fuera capturada con un arma de fuego en medio de un acto político realizado en el municipio de Honda, Tolima. El hecho ocurrió durante una actividad de campaña en la que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En entrevista con Mañanas Blu, la también senadora explicó que el episodio fue detectado por el equipo de seguridad mientras ella intervenía ante la ciudadanía. “Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación, que como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando”, relató.Mujer armada a pocos metros de la tarimaSegún la versión entregada por Valencia, la actitud de la mujer despertó sospechas entre los uniformados. Aunque simulaba grabar el evento, su mirada estaba dirigida hacia otros puntos del lugar. “La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba como poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación”, afirmó.El esquema de seguridad decidió realizar una requisa preventiva. Fue entonces cuando se encontró en su morral una pistola y, según indicó la precandidata, un paquete con una sustancia que sería Tusi. La mujer fue conducida por las autoridades y posteriormente se conoció que se trataría de una dragoneante del INPEC, quien, de acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, asistió al evento “en una actuación estrictamente personal e individual”.Valencia señaló que la mujer se encontraba a una distancia aproximada de cuatro a cinco metros de la tarima. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó.Investigación en curso y posibles delitosDe acuerdo con la senadora, el país se encuentra bajo un decreto que restringe el porte de armas, por lo que la mujer podría estar incursa en el delito de porte ilegal. “No sé si su pistola tenía o no tenía salvoconducto. De todas maneras, hay que recordar que está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas”, indicó.Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades analicen el contenido del celular incautado. “Me imagino que lo lógico que debiera pasar es que su celular y toda la información que ella tenía esté siendo evaluada para determinar cuál era la razón por la que lleva un arma a un evento político”, sostuvo.El caso ha generado inquietud en el contexto electoral, a pocos días de las votaciones previstas para el 8 de marzo, en medio de una intensa agenda de campaña en distintas regiones del país.“El nivel de hostigamiento es preocupante”Más allá del hecho puntual en Honda, Paloma Valencia denunció una serie de situaciones que, según dijo, evidencian un clima adverso para el Centro Democrático en varias zonas del país.“La verdad, el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante”, afirmó. Recordó que en el Cauca uno de sus candidatos fue declarado “objetivo militar”, que en municipios como Santander de Quilichao han aparecido vallas atribuidas a grupos ilegales advirtiendo que su partido no puede ingresar, y que en Neiva fue vandalizada una sede política.También mencionó episodios en Soacha y Duitama donde, según su versión, simpatizantes fueron agredidos. “La gente llorando después de que la apedrearan y la gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar”, narró.En ese sentido, exigió garantías al Gobierno Nacional. “Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó.
La Superintendencia de Sociedades reconoció el proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá. El proceso implica que Canacol buscará acuerdos de pago con sus acreedores para evitar el cierre definitivo de sus operaciones.Canacol es la segunda productora de gas natural en importancia en Colombia, detrás de la estatal Ecopetrol."El Despacho concluyó que las órdenes del tribunal canadiense, relacionadas con la implementación del SISP (Sale and Investment Solicitation Process), constituyen medidas apropiadas en los términos del artículo 106 de la Ley 1116 de 2006, siendo necesarias para asegurar la coherencia del proceso internacional y la adecuada protección de los activos situados en Colombia", señaló la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.Sin embargo, si Canacol decide vender activos en Colombia tendrá que tramitar una autorización de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.La entidad ordenó a Canacol la entrega de información adicional sobre la composición de pasivos previos al inicio del proceso extranjero, obligaciones laborales, fiscales y parafiscales a cargo, pasivos litigiosos, así como inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025. Igualmente, se deberán aportar estados financieros completos, individuales y consolidados, con sus respectivas certificaciones y opinión del revisor fiscal, dentro de los plazos fijados en audiencia.“La decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales. El reconocimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial canadiense facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano. Así, la Superintendencia continuará velando por la transparencia del procedimiento, la protección del crédito y la preservación del valor empresarial, asegurando que todas las actuaciones se ajusten al orden público económico y al interés general”, señaló el superintendente Billy Escobar.
En las últimas horas se registró un tiroteo al interior de un local comercial ubicado en la carrera 23 con calle 9F, en el barrio Bretaña, al sur de la capital del Valle del Cauca. En el ataque fue asesinado Antonio Cuadros, quien sería primo del padrastro de Lyan José Hortúa, el niño de 11 años que fue secuestrado el pasado 3 de mayo por el frente Jaime Martínez, una disidencia de las Farc.Según versiones preliminares del hecho, Cuadros habría sido la persona encargada de entregar el dinero exigido por los captores para permitir la liberación del menor, un hecho que aún está siendo investigado por las autoridades.Durante el ataque armado, una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.Este nuevo hecho de violencia se da en medio de las indagaciones que realizan las autoridades sobre las condiciones en las que se dio la liberación de Lyan Hortúa, y si en efecto hubo una transacción económica de por medio, algo que el Gobierno no ha confirmado ni negado hasta el momento.Por ahora, la comunidad del barrio Bretaña permanece consternada ante lo ocurrido, mientras crecen las preguntas sobre el alcance de las redes criminales involucradas en este tipo de hechos.Libertad de Lyan Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo por disidencias de las Farc en una zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, fue dejado en libertad este miércoles.Un crimen repudiadoLyan fue secuestrado en el caserío de Potrerito, en Jamundí, cuando salía de la iglesia acompañado de su madre y fue interceptado por hombres armados.Según las autoridades, detrás del crimen está un grupo disidente de las Farc que opera en la zona.El Valle del Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia, con presencia activa de disidencias de las Farc, bandas criminales y otros grupos armados en más del 67 % de su territorio, de acuerdo con las autoridades regionales.Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha impulsado una política de 'paz total' con distintos grupos ilegales, con avances desiguales: mientras algunos procesos muestran progresos, otros —como con estas disidencias— enfrentan rupturas y continúan perpetrando secuestros y ataques.La semana pasada, decenas de personas marcharon en Jamundí exigiendo la liberación inmediata del menor.
Jesús Antonio Cuadros es el hombre que alrededor del mediodía de este jueves fue asesinado en plena vía pública del barrio Bretaña, de Cali, cuando hombres armados interceptaron su vehículo y les dispararon a él y a su esposa, quien resultó gravemente herida en el hecho. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, confirmó que esta persona tiene un vínculo familiar con el padrastro del niño Lyan Hortúa, quien horas antes había sido liberado después de 18 días de secuestro."Según manifiestan sus familiares en el sitio de los hechos, es que fue precisamente Antonio quien medió en la liberación, (todo dentro de los supuestos) interviniendo en la parte económica para que se lograra la investigación de Lyan, todo será objeto de investigación por las autoridades competentes", indicó el personero Mendoza.Según la información compartida por la familia de la víctima al personero, Antonio Cuadros es primo de Jorsuar Suárez, el padrastro del menor. Cuadros habría actuado de manera activa en el proceso de negociación con los captores del niño para lograr su libertad. Tras lo ocurrido con este hombre las autoridades han destinado un grupo de investigadores y de inteligencia para esclarecer el hecho, confirmando o desvirtuando relación alguna con el secuestro del menor.
Desde la mañana del jueves 21 de mayo el paradero del empresario Óscar Ortiz, es incierto. Este hombre es reconocido en Santander de Quilichao, al norte del Cauca, por ser el propietario de uno de los hoteles más característicos de este municipio. En las últimas horas las autoridades indicaron que habría sido víctima de secuestro.Ortiz se encontraba realizando ejercicio, en un sector cercano a la sede del SENA en Santander de Quilichao, al parecer, sujetos armados lo interceptaron a bordo de una camioneta mientras él se encontraba trotando, y lo obligaron a ir con ellos, escapando por la vía que conduce al sector de Timba, Cauca."Las autoridades no tienen pistas concretas sobre quien se lo llevaría, pero al parecer serían grupos delincuenciales en asocio con los grupos armados. En la zona delinque la misma columna que secuestró al joven Lyan en Jamundí; hablamos de la 'Jaime Martínez, este es un sector de influencia de estas personas, y el hecho de hayan salido por Timba permite presumir que tiene algo que ver en esto", indicó Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao.Oscar Ortiz es altamente conocido en el norte del departamento del Cauca porque además de ser un generador de empleo con sus empresas, apoya a diferentes iniciativas sociales para beneficiar a la comunidad de la región.
Tras la liberación de Lyan José Hortúa, el menor secuestrado durante más de diez días en Jamundí, Valle del Cauca, su familia expresó públicamente su gratitud, pero también su inconformidad con el silencio del presidente Gustavo Petro durante la crisis.En un comunicado difundido este miércoles, los padres del menor agradecieron a Dios, a los ciudadanos, instituciones y organismos que acompañaron el proceso, entre ellos la Cruz Roja, la ONU, las alcaldías de Cali y Jamundí, la Gobernación del Valle y la Arquidiócesis de Cali. “La liberación de Lyan no sólo es un milagro, es también el resultado de la unión de miles de voces que se negaron a aceptar el secuestro de un niño como algo normal en Colombia”, señalaron.Sin embargo, lamentaron que el jefe de Estado se pronunciara únicamente 19 días después de conocido el secuestro: “Su silencio como Jefe de Estado dolió”, afirmaron en el documento.La familia explicó que, durante el tiempo en que el menor estuvo en cautiverio, optaron por no dar declaraciones ni entrevistas. Según indicaron, esta decisión fue motivada por una advertencia directa de los captores: “Mantenerse alejados de los medios de comunicación”. “Nuestro silencio fue un acto de amor, prudencia y responsabilidad”.El comunicado también resalta la historia de vida de la familia, que se identifica como de clase media y propietaria de la empresa caleña Jorsuar Joyeros, fundada hace más de 12 años. Aseguran que su negocio, construido con esfuerzo y honestidad, representa su sustento y el de muchas familias que luchan diariamente con constancia.“Pedimos respeto por la verdad y por la dignidad de nuestra familia que sólo ha buscado abrazar de nuevo a su hijo”, concluyen. “Lyan está libre. Colombia no fue indiferente. Gracias por no dejarnos solos”.
El país recibió con alivio la noticia de la liberación de Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo por integrantes de las disidencias de las FARC en la vereda Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí. Aunque el menor fue entregado con vida este miércoles, las autoridades ahora centran sus esfuerzos en determinar si hubo un pago económico a cambio de su liberación.“El secuestro de un niño es un acto atroz que nos partió el alma. Hablé con sus padres y sentí ese dolor de cerca”, declaró el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en entrevista con Mañanas Blu. El alto funcionario subrayó que desde el primer momento se activaron múltiples capacidades del Estado para lograr el retorno del menor sin comprometer su seguridad.¿Hubo exigencia económica en el secuestro de Lyan?El ministro Sánchez confirmó que se está investigando si hubo un pago por la liberación del niño. Aunque no hay pruebas concluyentes, la hipótesis no se descarta. "En este momento no tenemos esa información, pero estamos indagando al respecto porque una de las informaciones que tenemos es que pudo haber una exigencia económica, pero no tenemos esa información en este momento, dijo el funcionario.Detrás del crimen está la estructura Jaime Martínez, un grupo disidente de las FARC vinculado directamente a alias 'Marlon', cabecilla de esta organización, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. “Ya están plenamente identificados. Sabemos quién es el responsable”, aseguró Sánchez, agregando que las operaciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación continúan para lograr capturas.La Defensoría del Pueblo celebró la liberaciónLa defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación del menor a través de su cuenta de X, celebrando el retorno de Lyan y condenando los recientes casos de secuestro infantil en el país. “No queremos más noticias de dolor, menos para los niños y niñas”, expresó en su publicación.Durante los 18 días de secuestro, Lyan permaneció en manos de un grupo armado ilegal que actúa bajo los lineamientos de alias 'Iván Mordisco', principal líder de las disidencias de las FARC. Este hecho representa un nuevo punto de inflexión en la ya crítica situación de orden público que vive el suroccidente colombiano.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.