Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
La Contraloría está advirtiendo que la estrategia nacional de financiamiento climático actual tiene algunas limitaciones importantes, especialmente en el rastreo y monitoreo de recursos privados e internacionales.Por eso no se puede hacer una evaluación precisa sobre si se está cerrando o no la brecha de financiamiento climático en Colombia.“Aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, persisten limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales. Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados”, explica la Contraloría.Es importante recordar que esta estrategia permite conseguir y ejecutar recurso para enfrentar el cambio climatológico.“El estudio evaluó la línea “Desarrollo de instrumentos económicos y financieros”, hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022. Además, no existe un monitoreo que asegure el cumplimiento de sus objetivos, imposibilitando evaluar su eficacia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento”, explicó la Contraloría.
El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos luego de que en los últimos días se evidenciara una reemergencia del sarampión en distintas partes del mundo, además de un aumento significativo en el continente americano, sobre todo en México y Estados Unidos, sedes del Mundial de Fútbol 2026.Por esa razón, el Gobierno nacional busca prevenir, sobre todo, a las personas que planean viajar al Mundial, con el fin de proteger al país de una masiva importación del virus y una posible emergencia epidemiológica por sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se reportaron, solo en el continente, más de 14.000 casos, 32 veces más que en 2024.Además, esta semana el Gobierno confirmó que 4 personas que viajaron internacionalmente llegaron a Colombia como sospechosas de haber contraído sarampión; uno de los casos llegó desde México. Uno de los casos ya fue descartado y los otros tres continúan bajo estudios y vigilancia estricta para determinar si tienen o no esta enfermedad.Las vacunas que estarán disponibles en los puntos de vacunación gratuitos son la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente, que solamente protege contra sarampión y rubéola.¿Quiénes y cómo deben vacunarse?Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis.Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.Personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional.Las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para la rápida identificación de posibles casos y garantizar el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. También se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema de salud, activando rutas de atención en IPS para los casos sospechosos; además, se dará prioridad a pacientes que presenten fiebre o sarpullido.
La decisión fue adoptada debido a una deuda que, según la gerencia del hospital, supera los 7.500 millones de pesos. El gerente, Willintong Arriaga, explicó que, pese a los acercamientos y acuerdos con el nuevo interventor de la EPS, hasta el momento no han recibido una solución concreta.“A los usuarios les pedimos disculpas, pero también que se pongan en nuestros zapatos. Debemos pagar salarios, comprar medicamentos, combustible y cubrir remisiones. Un traslado de Solano a Florencia puede costar alrededor de cinco millones de pesos. Si no contamos con gasolina, no podemos movilizar las ambulancias”, manifestó el directivo.De acuerdo con Arriaga, hace aproximadamente diez días Asmetsalud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, pero no a la ESE Fabio Jaramillo, lo que obligó a suspender la atención regular y mantener únicamente el servicio de urgencias.La situación ha encendido las alertas en el ámbito departamental. El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del departamento continúa en aumento.“Se suponía que con la intervención la deuda iba a disminuir, pero ocurre lo contrario. Hoy estamos hablando de casi medio billón de pesos que estas EPS le adeudan a la red de salud del Caquetá”, indicó el mandatario.Aunque la crisis del sistema de salud se presenta a nivel nacional, las autoridades locales esperan que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar afectaciones mayores a los usuarios.
La liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, tras permanecer 36 horas retenido en el municipio de Pelaya, Cesar, ha generado una fuerte controversia nacional. En entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante aseguró que sus captores le exigieron frenar las denuncias públicas que viene realizando contra la organización Sayco Acinpro, entidad encargada del recaudo de derechos de autor en Colombia.Las declaraciones del candidato desataron una inmediata reacción de la Organización Sayco - Acinpro (OSA), que a través de un comunicado oficial rechazó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos y anunció que pedirá una investigación exhaustiva.El relato de la retención en PelayaSegún narró Vásquez, el hecho ocurrió a las 5:10 de la mañana cuando salía de su vivienda con destino a una emisora local. “Prendí el carro y se me acercó una persona, me colocó un arma y me dijo: ‘no te voy a asesinar, súbete en la moto que vamos a hablar algo contigo y te traemos’”, relató en la entrevista radial.El candidato aseguró que fue trasladado a una vivienda dentro del mismo municipio, donde permaneció con los ojos vendados y sentado en una silla durante toda la retención. “Fueron 36 horas que me mantuvieron ahí retenido. Pasé toda la noche en una silla”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, los captores le indicaron que el acto tenía un carácter “preventivo” y que el objetivo era enviarle un mensaje directo: “Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”.Vásquez fue enfático al reiterar que esa fue la motivación expresada por quienes lo retuvieron: “Los secuestradores me dijeron que me tenían retenido por un tema preventivo y que no querían que yo siguiera las denuncias contra Sayco y Acinpro en Colombia. Es correcto y lo ratifico”.Denuncias contra Sayco Acinpro y proyecto de leyEl aspirante al Senado ha sido un crítico recurrente del modelo de recaudo de derechos de autor en Colombia. En la entrevista explicó que desde hace una década asesora a comerciantes frente al pago de tarifas, las cuales considera “arbitrarias”.“Esta empresa privada ha venido atropellando a los comerciantes de Colombia, imponiéndoles tarifas totalmente arbitrarias”, sostuvo, agregando que la Superintendencia de Industria y Comercio habría impuesto sanciones recientes a la organización.Además, vinculó el episodio con el debate legislativo del Proyecto de Ley 258, que según indicó busca convertir en obligación legal el pago a estas entidades recaudadoras. “El principal objetivo de ellos es que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que sea una obligación pagarles por ley. A eso le tienen miedo, que yo llegue al Senado y exponga los argumentos jurídicos”, manifestó.Cuando fue cuestionado sobre la responsabilidad de señalar indirectamente a una organización como Sayco Acinpro en un hecho criminal, Vásquez aclaró: “Yo no lo estoy vinculando. Usted me pregunta qué me dijeron los captores. Ellos manifestaron que me retenían para que dejara las acusaciones contra la empresa privada”.Sin embargo, también anunció que interpondrá una denuncia pública contra Rafael Manjarres, compositor y presidente de Sayco, por declaraciones que, según él, lo señalarían de actuar ilegalmente en el negocio de asesoría sobre derechos de autor.Sayco Acinpro rechaza insinuacionesEn respuesta a las declaraciones del candidato, la Organización Sayco - Acinpro emitió un boletín fechado el 27 de febrero de 2026 en el que “registra como hecho positivo el regreso del señor Andrés Vásquez” y recalca que la libertad es un valor superior en el Estado Social de Derecho.No obstante, la entidad fue contundente en rechazar cualquier insinuación que la vincule con la retención. En el comunicado, la organización “recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano”.Conunicado de Sayco AcinproSAYCO - ACINPRO REGISTRA POSITIVA LIBERACIÓN DE ANDRÉS VÁSQUEZ Y RECRIMINA SUS INSINUACIONES QUE RELACIONAN A LA ENTIDADBogotá, Febrero 27 de 2026La Organización Sayco - Acinpro, OSA, registra como hecho positivo el regreso del Señor Andrés Vásquez, presuntamente retenido en el municipio de Pelaya (Cesar), por cuanto la libertad, como valor superior de cualquier colombiano es un bien para proteger y un derecho de orden mayor en un Estado Social de Derecho, que tutela la constitución colombiana.La Organización Sayco - Acinpro, OSA, recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano porque como ciudadanos de bien, es en los estrados judiciales en donde hemos venido enfrentando la labor delictuosa que adelanta el Señor Vásquez, trabajando para empresas de dudosa reputación, apropiándose de los derechos de los autores con maniobras amañadas y sin amparo legal alguno, acción que continuaremos enfrentando encumplimiento de nuestros lineamientos estatutarios y en defensa del conglomerado cultural que representamos.Reiteramos que nada tiene que ver nuestra organización con este hecho que no deja de presentar características muy particulares, y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que descarte un posible montaje, simulacro u autosecuestro.
Media tonelada de marihuana que iba a ser comercializada en entornos escolares fue incautada en Medellín. Denuncian que criminales están usando drogas saborizadas para que los niños se vuelvan adictos a los estupefacientes.En medio de varios operativos realizados por autoridades en Medellín se logró dar un golpe al tráfico de estupefacientes en entornos escolares con la incautación de 540 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en los barrios Manrique y Aranjuez.Una de las estructuras vinculadas a estos hechos son 'Altos de la Virgen', que perdió cerca de 500 millones de pesos con este procedimiento y que, además, ha sido constantemente afectada con la captura de 28 de sus integrantes en un par de meses.Sin embargo, lo que más llamó la atención y que hoy tiene consternada a la mayoría de la población de Medellín es que, durante estos operativos, se logró hallar e incautar droga saborizada que iba a ser vendida a los estudiantes de decenas de colegios de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la comunidad de este modus operandi con el que diferentes grupos delincuenciales buscan que los menores de edad se vuelven compradores frecuentes de droga camuflada detrás de sabores atractivos para niños y niñas.“En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada. Tienen sus juguitos, entonces está, por ejemplo, es de fresa, hay otras que son de maracuyá. En barrios, por ejemplo, como Aranjuez, porque tenemos consumos inclusive de niños desde los 10, 11, 12 años y cada bolsita de estas que tiene 1 g, la venden por 6000 pesos”; aseguró.El brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que hubo personas capturadas en este procedimiento, mismas que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y que, al parecer, generaban rentas ilícitas por más de 80 millones de pesos a la semana.Además, sobre la droga incautada mencionar que podría distribuirse en 550.000 dosis avaluadas en más de 2.200 millones de pesos.Todo el material incautado y otros elementos probatorios que fueron recolectados en Medellín fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otras personas vinculadas con la venta de drogas a menores de edad.
El país recibió con alivio la noticia de la liberación de Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo por integrantes de las disidencias de las FARC en la vereda Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí. Aunque el menor fue entregado con vida este miércoles, las autoridades ahora centran sus esfuerzos en determinar si hubo un pago económico a cambio de su liberación.“El secuestro de un niño es un acto atroz que nos partió el alma. Hablé con sus padres y sentí ese dolor de cerca”, declaró el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en entrevista con Mañanas Blu. El alto funcionario subrayó que desde el primer momento se activaron múltiples capacidades del Estado para lograr el retorno del menor sin comprometer su seguridad.¿Hubo exigencia económica en el secuestro de Lyan?El ministro Sánchez confirmó que se está investigando si hubo un pago por la liberación del niño. Aunque no hay pruebas concluyentes, la hipótesis no se descarta. "En este momento no tenemos esa información, pero estamos indagando al respecto porque una de las informaciones que tenemos es que pudo haber una exigencia económica, pero no tenemos esa información en este momento, dijo el funcionario.Detrás del crimen está la estructura Jaime Martínez, un grupo disidente de las FARC vinculado directamente a alias 'Marlon', cabecilla de esta organización, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. “Ya están plenamente identificados. Sabemos quién es el responsable”, aseguró Sánchez, agregando que las operaciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación continúan para lograr capturas.La Defensoría del Pueblo celebró la liberaciónLa defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación del menor a través de su cuenta de X, celebrando el retorno de Lyan y condenando los recientes casos de secuestro infantil en el país. “No queremos más noticias de dolor, menos para los niños y niñas”, expresó en su publicación.Durante los 18 días de secuestro, Lyan permaneció en manos de un grupo armado ilegal que actúa bajo los lineamientos de alias 'Iván Mordisco', principal líder de las disidencias de las FARC. Este hecho representa un nuevo punto de inflexión en la ya crítica situación de orden público que vive el suroccidente colombiano.
Luego de su liberación, el menor Lyan José Hortua fue ingresado este miércoles a la Fundación Valle del Lili, en Cali, bajo autorización de su madre. El ingreso se produjo a las 6:32 de la tarde, según informó la institución médica mediante un comunicado oficial.El niño, que estuvo 18 días en poder de las disidencias de las Farc tras ser secuestrado en Jamundí, fue valorado por los equipos de pediatría, trabajo social, psicología y psiquiatría infantil. De acuerdo con el parte clínico, se encuentra estable y continuará bajo supervisión multidisciplinaria para favorecer su pronta recuperación y el regreso a su entorno familiar.“Lo tuvieron amarrado cuatro días. Tuvimos dos videollamadas con él, nos decía que estaba bien y lo trataban bien”, relató Jorsuar Suárez, padrastro del menor. También aseguró que como familia han decidido perdonar a los secuestradores, aunque aún no comprenden cómo lograron ingresar al condominio donde viven, a pesar de que cuenta con tres filtros de seguridad.Por su parte, Angie Bonilla, madre del niño, expresó: “Me parece muy triste todo lo que pasó, pero gracias a todos. Mi familia es honesta, no tenemos deudas ni ningún negocio ilícito. Tiene sus uñas muy comidas, está nervioso y muy asustado, pero es de entender. Ahora es tiempo de sanar y abrazarlo con amor. Volví a nacer con mi hijo”.Lyan fue entregado a la Defensoría del Pueblo tras un proceso de mediación en el que participaron distintas entidades. La Fundación Valle del Lili reiteró su compromiso con la atención integral y humanizada de sus pacientes, especialmente en situaciones de alta sensibilidad como esta.
Según el comandante de la Brigada 23 del Ejército, general Juan José Guzmán, la operación “Cordillera”, que cumple cuatro días, se mantendrá hasta estabilizar la región y poder brindar seguridad a los habitantes de Cumbitara y Policarpa, en Nariño. Advirtió que desde hace 14 años el Ejército Nacional no había llegado a zonas apartadas del bajo Cumbitara y el Patía Viejo, en la cordillera Occidental.El oficial dijo a Blu Radio que esta es la segunda etapa de la operación Cordillera, cuyo fin es lograr llevar la institucionalidad a estas zonas donde, por décadas, las comunidades han estado en medio de las economías ilegales, lo que ha impedido el progreso de una región tan importante como Nariño.La afectación a las estructuras armadas ilegales ha sido evidente en las últimas horas, con la captura de dos personas en zona rural del municipio de El Rosario, en cuyo poder fue encontrado un arsenal compuesto por armas de largo y corto alcance, que al parecer iban a ser entregadas a grupos armados ilegales en la zona de la cordillera.“Vamos a estabilizar el territorio. Pese a que hemos entrado en confrontación armada con esas estructuras, el balance es positivo, aunque lamentamos la muerte de uno de nuestros soldados profesionales y las heridas a cinco más en desarrollo de la acción militar”, dijo Guzmán.“El objetivo es estabilizar el territorio, que la gente vuelva a salir con tranquilidad y pueda tener paz en toda la región. Ese es un gran compromiso que tenemos con Nariño y con toda la población, para que pueda entrar la institucionalidad, como lo hemos venido trabajando con la misma Gobernación y el Gobierno central”, agregó.En esta zona de Nariño, sus comunidades quieren un cambio, y ese cambio comienza con la estabilización del territorio, porque ya están cansadas del flagelo del conflicto armado y no quieren que las nuevas generaciones sean instrumentalizadas por las economías ilícitas. Solo quieren creer en un desarrollo social para sus corregimientos y veredas.“Estas comunidades quieren vivir tranquilas, porque dicen que ya están cansadas de esto y no quieren seguir más con el tema del narcotráfico”, añadió el oficial.“Esto es un trabajo conjunto de todas las instituciones. Aquí se realizan operaciones legales que están enmarcadas dentro de la Constitución, y para eso está el Ejército Nacional: para hacer cumplir ese mandato de la Constitución, el artículo 17”, advirtió el comandante de la Brigada 23 del Ejército, con sede en Pasto.“Pues, como se lo dije desde que llegué a Nariño, vamos a trabajar en pro de tener la paz y la tranquilidad que necesita el pueblo, y en especial la niñez, que tanto lo merece”, concluyó el oficial.
A medida que pasan las horas se conocen más detalles de la liberación del pequeño Lyan Hortúa, quien permaneció 18 días en cautiverio por las disidencias de las Farc que ingresaron a su casa, lo amenazaron con armas de fuego y lo secuestraron.Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, explicó en Recap Blu cómo fue el proceso de liberación en el que se acabó esta pesadilla para la familia vallecaucana. Detalló que este grupo criminal entregó el niño de 11 años a unos líderes campesinos quienes fueron los que llamaron a las autoridades de la situación, donde luego llegaron representantes de la Defensoría del Pueblo."Lo que me informa la Defensoría es que estos grupos al margen de la ley lo entregaron a unos líderes campesinos de la zona y estos líderes de manera inmediata le hicieron la entrega a la Defensoría del Pueblo y bueno, ya la familia se vino directamente aquí a la fundación Valle del Lili, donde todos aquí estábamos felices esperando darle ese abrazo de bienvenida a Lyan", contó la mandataria.Castillo también señaló que desde que se creó la comisión humanitaria se empezaron las conversaciones para poder mediar y lograr la liberación del niño e, incluso, dijo que en la mañana de este 21 de mayo "convocaron a la Defensoría del Pueblo al punto exacto donde iban a entregar a Lyan".Cuando el niño llegó a la fundación Valle del Lili se reencontró con sus familiares, quienes lo abrazaron y rompieron en llanto al verlo en aparentes buenas condiciones físicas.¿Pagaron por la liberación de Lyan?El comandante de la Policía de Cali, general Germán Oviedo, también señaló que no han podido hablar con los familiares de Lyan Hortúa para establecer si se realizó algún pago al frente 'Jaime Martínez' para que liberaran al menor"Ya nos toca tan pronto termine toda esta felicidad de la familia, poder entrevistarlos, entender en qué circunstancias ocurrió el hecho, si hubo algún pago por una extorsión y que permitiera la liberación o si fue gracias a esa gestión humanitaria del Ministerio Público y los entes internacionales", dijo el general Oviedo.También explicó que este secuestro iba dirigido al padrastro del menor, pero como los hombres armados no lo encontraron dentro de la casa, se llevaron al pequeño.Asimismo, afirmó que la fuerza pública fue muy cuidadosa con otros operativos que realizaban el departamento para que no fuera a afectar la vida y posterior liberación del niño."Lo más importante que debe continuar es el proceso investigativo para poder materializar las capturas de los que ordenaron y materializaron ese secuestro", puntualizó el comandante de la Policía de Cali.
Como un renacimiento calificó la mamá de Lyan Hortúa su encuentro con el menor, luego de que este permaneciera secuestrado por integrantes de las Disidencias de las Farc durante cerca de 20 días en la parte alta del municipio de Jamundí, Valle del Cauca."Me parece muy triste todo lo que pasó, pero gracias a todos. Mi familia es honesta, no tenemos deudas, ni ningún negocio ilícito. Tienes sus uñas muy comidas, está nervioso y muy asustado, pero es de entender, ahora es tiempo de sanar y abrazarlo con amor. Volví a nacer con mi hijo", dijo la madre de Lyan, Angie Bonilla.Por otra parte, Según Jorsuar Suárez, padrastro del menor, Lyan estuvo amarrado durante los primeros cuatro días de cautiverio. A pesar de ello, en dos videollamadas que lograron tener con él, el niño les aseguró que estaba bien y que lo trataban adecuadamente. El familiar expresó su desconcierto sobre cómo los captores ingresaron a su casa, considerando que el condominio donde viven tiene tres filtros de seguridad.Pese al sufrimiento, la familia ha optado por el perdón. Tras su liberación, Lyan fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde permanece bajo observación médica para evaluar su estado de salud. Su caso se ha convertido en símbolo de esperanza, pero también en una alerta sobre la vulnerabilidad que persiste en algunas regiones del país frente al accionar de grupos armados ilegales.Lyan Hortúa, el niño secuestrado en Jamundí durante más de diez días por las disidencias de las Farc, fue finalmente liberado y entregado a la Defensoría del Pueblo tras la mediación de varias entidades. Su caso generó una amplia reacción nacional, no solo por la crudeza del hecho, sino por el alivio colectivo que trajo su regreso.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.