Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
El contact center en Colombia deja de ser mero soporte para convertirse en el "cerebro relacional" de las empresas, impulsado por IA y analítica avanzada en un 2026 clave para la transformación digital.“En Colombia, la experiencia del cliente ya no se construye solo desde la tecnología. Se construye desde las personas, el conocimiento que se genera en cada interacción y la capacidad de transformar esos datos en decisiones que impactan el negocio”, señaló Sandra Gibert, CEO de Intelcia Spanish Region.Transformación EstratégicaEn febrero de 2026, el sector CX colombiano evoluciona rápidamente: de resolver incidencias a generar inteligencia empresarial mediante datos de interacciones diarias, según el Observatorio AEERC 2025 y expertos de Intelcia. Solo el 5 % de empresas globales aplica IA con impacto real, pero en Colombia el talento local y hubs como Bogotá posicionan al país como referente BPO de alta complejidad. Esto humaniza la tecnología, priorizando empatía y métricas como Customer Lifetime Value (CLV) sobre tiempos de atención.Tendencias 2026 en CXLa IA generativa y agentes inteligentes resuelven hasta el 55 % de casos para 2027, liberando humanos para tareas complejas, alineado con proyecciones locales de ventas adicionales del 20% vía IA. Hiper-personalización predictiva y optichannel anticipan necesidades, mientras Colombia acelera adopción: 90 % de líderes CX ven IA como motor principal. Intelcia, con operaciones en Bogotá y Medellín, lidera vía su hub Evoluciona, integrando analítica ética y supervisión humana.“La innovación que realmente transforma es la que se funciona en operaciones reales. En Colombia, el reto no es adoptar IA, sino aplicarla con sentido, supervisión humana y un impacto claro en la experiencia del cliente y en los resultados del negocio”, agregó Gibert.El desafío no es adoptar IA, sino integrarla con contexto cultural para cerrar la "brecha de valor AI", como advierte Boston Consulting Group. En un mercado maduro, contact centers aportan visión estratégica y gobernanza ética, fortaleciendo fidelización y diseño de productos. Para empresas colombianas, 2026 marca "no retorno" a la IA en atención al cliente, potenciando competitividad global.
El nuevo régimen laboral argentino, convertido este viernes en ley tras ser ratificado por el Congreso, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores y limita el derecho a la huelga, entre otros cambios radicales de las condiciones de trabajo en un país con una larga historia de lucha obrera.La nueva ley, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor y que llegó al Legislativo a instancias del presidente argentino, Javier Milei, modifica una normativa de 1976.A continuación se detallan los principales cambios que implementa la nueva normativa:Indemnizaciones por despidoLa nueva ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y excluye del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.Las empresas podrían abonar las condenas judiciales en cuotas: hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes.Se creará, además, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.Salarios y antigüedadLa nueva ley permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional.El antiguo régimen contemplaba mantener la antigüedad de un trabajador que se reincorpore a un puesto de trabajo, pero la nueva normativa no computa los años trabajados en el pasado si han transcurrido dos años entre el cese de la actividad y la reanudación del vínculo.Vacaciones y horas extrasLas vacaciones se podrán fraccionar a partir de ahora en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival, en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.Mientras la ley anterior establece el pago de las horas extra, la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite que el tiempo extra trabajado se pueda acumular como un saldo a favor del trabajador y ser compensado con días libres o jornadas de trabajo reducidas.Derecho a la huelgaLa norma amplía el listado de sectores considerados esenciales: no se podrá prestar menos del 75 % del servicio en caso de huelga.A los ya previstos —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Y las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100 % de su prestación.Se crea la categoría “servicios de importancia trascendental”, que deberían asegurar al menos el 50 % de su funcionamiento, entre ellos, transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.Representación sindicalSe modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, al establecer que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.La norma tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a una medida de fuerza.Y habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.Convenios colectivosLa nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo sigue vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. Así, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.Dispone que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los de mayor alcance, es decir, los sectoriales.La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigor 180 días después de la sanción de la ley.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Mientras las autoridades de Cali atienden el más reciente ataque terrorista ocurrido en la ciudad, se confirmó que uno de los lugares que resultó afectados con la onda explosiva fue el Centro de Desarrollo Infantil Laguna Azul, ubicado en la calle 72P # 26J-42 del barrio Los Lagos.La institución presta atención y cuidado a niños entre los 0 y 5 años de la comuna 13 de la capital del Valle, los cuales no podrán asistir a clases debido a los daños provocados en el hecho.En medio del caos se conoció una conversación entre un guarda de seguridad y una operadora, donde informaba el daño del plantel. "Central, central, sonó como una bomba aquí en la caseta... siga siga, regáleme el nombre del puesto... Laguna Azul, por acá está la patrulla ya, quedó toda destrozada la pared".Este centro para la atención a la primera infancia fue renovado en el año 2020, y cuenta con una capacidad de atender a 400 menores de edad en las modalidades familiar e institucional, hasta el momento las autoridades no entregan más información del hecho, ni se conoce el estado de salud de los policías heridos.
En la noche del domingo 18 de mayo se registró un atentado en el barrio Los Lagos, ubicado en el oriente de Cali. El hecho dejó al menos tres policías heridos.Tras el ataque con explosivos, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del acto terrorista.A eso se le suma 300 millones de pesos de recompensa que ofrece el Ministerio de Defensa para dar con los responsables del ataque. “He activado todas las capacidades institucionales y solicité al presidente Gustavo Petro y al Gobierno nacional todo el apoyo necesario para proteger a los caleños y enfrentar esta amenaza con contundencia”, declaró el mandatario local.Además, a través de su cuenta oficial, reiteró: “Desde la @AlcaldiaDeCali ofrecemos una recompensa de 200 millones a cualquier persona que nos brinde información para lograr la captura y judicialización de los responsables. Comuníquese al 321-394-5156”.Según el testimonio de un habitante del barrio, quien compartió un video en redes sociales, los explosivos habrían sido dejados en una caseta de disposición de basuras.“Todas las capacidades de nuestra fuerza pública están activadas para esclarecer lo ocurrido, atender a las víctimas y capturar a los responsables. Absoluto respaldo a nuestros policías y a los caleños afectados”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en sus redes sociales.
La violencia volvió a azotar al Valle de Cauca después de que la Policía confirmó que este domingo, 18 de mayo, un atentado terrorista que dejó a tres uniformados heridos y graves afectaciones a la infraestructura del barrio Los Lagos, en Cali.Después del ataque que se habría perpetrado con un artefacto explosivo de gran magnitud, los habitantes de esa zona, en el oriente de Cali, registraron en video las graves afectaciones que dejó este nuevo hecho violento en el Valle del Cauca.El atento se produjo justo horas más tarde de que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, publicó el cartel de los criminales más buscados en esa ciudad y quienes harían parte de varias estructuras criminales que delinquen en la región.“Estos son los más buscados por homicidio en Cali. Pertenecen a 12 bandas multicrimen y ofrecemos hasta $50 millones por información que lleve a su captura. Cali no será refugio de criminales. Vamos tras ellos”, dijo el mandatario municipal.Este nuevo ataque terrorista contra la fuerza pública se dio horas más tarde de que las autoridades municipales realizaran un consejo de seguridad, para tomar medidas frente a la ola de homicidios y hechos violentos que han venido empañando la seguridad en esa región del país.La Policía informó que será implementado un dispositivo de seguridad con más de 100 policías expertos en la lucha multicrimen, sin embargo, la violencia volvió a aparecer durante la tarde de este domingo 18 de mayo. Desde la Alcaldía de Santiago de Cali informaron: "Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la circulación de información no verificada. Tan pronto se cuente con nuevos datos oficiales, serán comunicados oportunamente".El alcalde, Alejandro Eder, se pronunció ante el atentado a través de su cuenta de X, donde señaló que: "Cali acaba de ser víctima nuevamente de un acto terrorista. Informes preliminares reportan tres policías heridos. Condenamos con total firmeza este ataque. He activado todas las capacidades institucionales y solicito al presidente @petrogustavo y al Gobierno nacional todo el apoyo para proteger a los caleños y enfrentar esta amenaza con contundencia. Desde la @AlcaldiaDeCali ofrecemos una recompensa de 200 millones a cualquier información que nos permita la captura y judicialización de los responsables, comuníquese al 321-394-5156".Otra de las personas que se pronunció al respecto fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro quien señaló en su cuenta de X: "Mi más enérgico repudio al atentado criminal contra una patrulla de la @PoliciaColombia en el barrio Los Lagos, oriente de Cali. Todas las capacidades de nuestra fuerza pública están activadas para esclarecer lo ocurrido, atender a las víctimas y capturar a los responsables. Absoluto respaldo a nuestros policías y a los caleños afectados. El terrorismo no nos va a doblegar si trabajamos unidos desde la institucionalidad, el Gobierno nacional, la alcaldía y el departamento. ¡Unidos somos más fuertes!.Además, informaron que la situación está siendo atendida por los organismos de seguridad y socorro. La zona se encuentra acordonada y bajo control de la Policía Metropolitana, mientras avanzan las labores de verificación.
Nuevas tensiones se viven entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que el mandatario nacional hiciera una publicación en la que señaló que la 'actitud anticonsulta' de la gobernadora del Valle influyó en los senadores del Partido de la U, para dar su voto negativo a la consulta popular.La gobernadora le respondió a través de su cuenta de X, donde le indica a Petro que ella también ha trabajado por los derechos de los trabajadores, casi durante la misma cantidad de tiempo, y que el único deseo que tiene es que ahora que el Congreso ha vuelto a tramitar la reforma laboral, este proceso resulte en una verdadera protección de los derechos laborales."Ahora bien, presidente, le pregunto ¿qué está usted queriendo decir, cuando afirma que el Valle del Cauca se va a quedar sin gobernadora? ¿Está usted publicando la nota en la que hay unos supuestos chats ordenando que le frenen todo a la gobernadora del Valle del Cauca, avala usted esa orden?", cuestionó la mandataria vallecaucana.Dilian Francisca Toro aseguró que en varias oportunidades, tanto en público como de manera privada, le ha pedido a Petro y su gabinete ejecutar grandes obras que el Valle del Cauca lleva esperando, "esas obras son de los ciudadanos, ni suyas ni mías ¿las va a frenar porque, equivocadamente, piensa usted que yo soy su oposición? Demos el debate", finalizó Toro.
Los comerciantes de plátano de la plaza de mercado de Tuluá, Valle del Cauca, quedaron consternados al encontrar en uno de los pasillos entre sus locales el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba decapitado, y su cabeza dejada a un lado del resto del cadáver.Una vez las autoridades llegaron al lugar para realizar las respectivas verificaciones la víctima fue identificada como Carlos Alberto Mondragón, conocido como alias 'Mugre', una persona muy reconocida en esa zona.De inmediato se dispuso un grupo especial de investigadores e inteligencia para esclarecer el caso, teniendo en cuenta que esta es la tercera persona asesinada bajo estas mismas condiciones en Tuluá este año, se trata de establecer si los tres casos estarían relacionados."Lo que nosotros analizamos de manera inicial es que es una manera de buscar sembrar zozobra y terror en personas en condición de vulnerabilidad, que no tienen capacidad de responder al atacante. Y la disposición de los cuerpos se da precisamente para generar un impacto y no seguir perdiendo el dominio sobre la ciudadanía a partir de la extorsión y la intimidación", dijo el secretario de gobierno de Tuluá, Martín Hincapié.Cabe recordar que en el municipio de Tuluá delinque la banda criminal la inmaculada, a la que se le atribuyen la mayoría de homicidios que se registran en el municipio, las autoridades tratan de esclarecer si sería la responsable de este último crimen.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.