El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
El comandante general de las fuerzas militares, Hugo López, confirmó a través de su cuenta en X la recuperación de tres menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en zona rural de Florencia, en el departamento de Caquetá.De acuerdo con el comandante de las FFMM, el resultado fue logrado por tropas de la Sexta División del Ejército y representa un golpe directo contra la estructura residual Rodrigo Cadete, señalada de mantener presencia en esta región del sur del país y de instrumentalizar a niños y adolescentes en el conflicto armado.En su mensaje, el general advirtió que los grupos armados ilegales continúan vulnerando gravemente los derechos de la niñez colombiana, sometiendo a menores a condiciones degradantes y apartándolos de sus familias y entornos protectores. “Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección de la niñez colombiana”, señaló.El alto oficial también rechazó de manera contundente el reclutamiento ilícito de menores, al que calificó como un crimen atroz que constituye una grave violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.Tras la recuperación, las menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes para iniciar los procesos de restablecimiento de derechos, mientras continúan las operaciones militares para debilitar a las estructuras responsables de este delito en el sur del país.
En un momento clave para la estabilidad institucional y la seguridad en las regiones, el Ejército ascendió a 604 nuevos suboficiales que asumirán responsabilidades operacionales en distintas zonas del país, con el objetivo de fortalecer el control territorial y enfrentar las amenazas que afectan la gobernabilidad.La promoción está integrada por 463 hombres y 141 mujeres del Curso N.º 113 Sargento Primero José María Caballero, quienes culminaron dos años de exigente formación militar y académica enfocada en liderazgo en terreno, conducción de tropas, manejo de recursos y respuesta frente a estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.Con su ascenso al grado de cabo tercero, los nuevos suboficiales serán desplegados en regiones priorizadas, donde deberán contribuir a neutralizar factores de inestabilidad, proteger a la población civil y respaldar la presencia efectiva del Estado en zonas con alta complejidad en materia de orden público.Durante la ceremonia, el segundo comandante del Ejército, mayor general Jaime Alonso Galindo, destacó que esta nueva generación está altamente entrenada para asumir operaciones en escenarios complejos. Según señaló, la misión será servir con profesionalismo y firmeza, actuando bajo la Constitución y la ley, garantizando el respeto por los derechos de los ciudadanos mientras cumplen tareas orientadas a restablecer condiciones de seguridad y estabilidad.El acto oficial de ascenso al grado de cabo tercero se realizará este viernes 27 de febrero y será presidido por el comandante del Ejército, quien impondrá las insignias a los uniformados. Con este paso, los nuevos suboficiales iniciarán oficialmente su despliegue en diferentes regiones del territorio nacional, donde asumirán su primera línea de liderazgo.
Un aberrante caso de maltrato animal se conoció en el corregimiento Altavista de Medellín en donde fueron encontrados varios animales en condiciones precarias y con señales evidentes de tratos crueles. Por esta razón las autoridades llegaron hasta el lugar y lograron rescatar a 13 animales entre perros y cabras.Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la situación se conoció por una denuncia ciudadana y al llegar al lugar se encontraron un panorama crítico con los animales que, incluso, estaban heridos o en condiciones precarias.El mandatario señaló que las investigaciones permitieron establecer con rapidez que hace un par de horas tres cabras habrían fallecido producto del ataque de los perros que convivían en el mismo espacio de esta zona semirural de la capital de Antioquia."Omito mostrar algunas de las imágenes que hemos encontrado en el sitio porque se evidencia maltrato animal. No solo rescatar los animales, es buscar las responsabilidades y evidenciar ese maltrato animal que es un delito y si alguien atenta contra nuestros animales pues tiene que responder y tiene que ir a la cárcel", destacó.Tras conocerse este hecho que ha conmocionado a toda Medellín, Gutiérrez pidió que la persona encargada de los animales sea capturada por la evidencia en videos, no obstante, se conoció que una vez hecho el operativo se dio apertura de proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación.Por su parte, se hizo la aprehensión preventiva de los animales y se abrió un proceso ante la corregiduría por no cumplir la norma al ejercer una actividad económica desde esta zona de Medellín.
Un hombre de nacionalidad burundesa ha sido arrestado en la ciudad italiana de Parma (norte) acusado de estar detrás del brutal asesinato de tres monjas en Burundi en 2014, un caso reabierto tras la publicación de un libro sobre este crimen.Agentes del cuerpo de Carabineros (policía militarizada) han procedido al arresto del acusado, G.H, un burundés de 50 años residente en Italia, según ha informado este jueves la Fiscalía de Parma, encargada de conducir las pesquisas sobre el caso.El detenido había estado a las órdenes del que fuera jefe de Inteligencia de Burundi, Adolphe Nshimirimana, asesinado en 2015, y residía en Italia después de que 2018 obtuviera un visado para llevar a cabo un "curso de formación".Ahora se le acusa de haber ejercido de instigador y organizador logístico del asesinato de las tres religiosas.El crimen se produjo en septiembre de 2014 en un convento de Buyumbura, donde tres monjas italianas de la orden de María Severiana fueron halladas brutalmente asesinadas: dos a golpes en la cabeza y con cortes en la garganta; la tercera decapitada.Este triple homicidio ha sido investigado en varias ocasiones desde entonces pero el caso ha sido reabierto tras la publicación del libro 'Nel cuore dei misteri' (2022) con el que la periodista Giusy Baioni denunciaba la impunidad de los criminales.A raíz de este libro la Fiscalía de Parma decidió abrir en 2024 una tercera investigación escuchando el testimonio de otras monjas que jamás habían declarado ante las autoridades de Burundi y que aludieron al "clima de auténtico terror" que se vivía entonces en el país africano, acusando del crimen a su policía secreta.La investigación ha revelado que el difunto general Nshimirimana había ordenado el asesinato de las monjas porque presuntamente se habían negado a colaborar en la atención médica a los milicianos burundeses en el Congo.Pero los fiscales de Parma creen que los asesinatos tuvieron otros motivos: uno de carácter económico y otro de tipo 'esotérico-sacrificial, pues el general había supuestamente reclamado un "rito propiciatorio" de buen augurio para su ambiciones presidenciales.La emisora local Radio Publique Africaine (RPA) aseguró entonces que el asesinato de las tres religiosas italianas fue ordenado por el entonces presidente Pierre Nkurunziza, de quien Nshumirimana llegó a ser uno de sus más cercanos colaboradores.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
Edwin Daniel, un niño que hoy tiene 12 años, carga en su cuerpo las cicatrices de una crueldad inimaginable. Su propia madre, Martha, lo maltrató hasta dejarlo cuadripléjico, con daño cerebral irreversible y dependiente de cuidados las 24 horas. Su historia, revelada por su prima Luisa Giraldo en diálogo con Conducta Delictiva, conmocionó en redes.Edwin nació en 2013 y desde sus primeros días fue rechazado por su madre. Según relató Luisa, Martha nunca lo quiso: le pegó una palmada cuando apenas tenía 15 días de vida y lo abandonó al cuidado de su padre, Luis Alberto Henao, quien lo crió con amor hasta su muerte por COVID-19 en agosto de 2021."Era un niño feliz, hiperactivo, lleno de amor", recordó Luisa. Pero todo cambió cuando, tras la muerte de su padre, un familiar lo entregó a Martha, quien ya tenía otra pareja y dos hijos menores.En febrero de 2022, Edwin fue encontrado al borde de la muerte en un cañaduzal de Restrepo, Valle. Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer lo golpeó más de 12 veces con objetos contundentes, lo encadenó en un cuarto oscuro y lo dejó sin comer por días antes de abandonarlo."Ella dijo que se lo había robado el 'duende' porque era muy 'fastidioso'", contó Luisa con indignación. Cuando lo rescataron, pesaba solo 20 kilos —como un niño de 3 años— y presentaba laceraciones, picaduras de animales y heridas infectadas.Tras dos meses en la UCI del Hospital Universitario del Valle, Edwin sobrevivió, pero quedó con cuadriplejia espástica: no puede hablar, moverse o alimentarse por sí mismo. Se alimenta mediante una sonda gástrica y requiere terapias constantes."Él es un milagro", dijo Luisa, aunque admitió que los médicos descartan su recuperación. "Para Dios nada es imposible, pero clínicamente, ya no caminará".Martha fue condenada a 20 años de prisión por tentativa de homicidio y maltrato infantil. Su pareja, de origen indígena, quedó libre debido a jurisdicciones especiales. Mientras tanto, la familia de Edwin lucha contra las secuelas emocionales y económicas.
Hay tensión en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento de Ampudia, sector en el que en las últimas semanas se ha venido adelantando la operación Escudo del Norte por parte del Ejército para debilitar a la estructura 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc.La situación se debe a que las comunidades de este corregimiento salieron a encontrarse con las tropas de la Tercera División del Ejercito, manifestando su deseo de hacerles un supuesto "acompañamiento", mientras adelantan la operación.Comunidades estarían siendo instrumentalizadasSon aproximadamente 300 personas, quienes les exigen a los soldados salir de su territorio por completo, asegurando que su presencia les genera incomodidad. Estas comunidades estarían siendo instrumentalizadas por los disidentes para frenar la ofensiva militar."Saben qué, a ustedes les disparan y se refugian a donde están los civiles y después van y manipulan la información, ustedes no son gente de fiar, váyanse más bien, a lo bien", aseguran algunos civiles."Su presencia les reitero incomoda, y en lugar de generar seguridad, genera inseguridad. Por eso salimos pacíficamente, para hacerles acompañamiento hasta cierto punto y en cierto horario y después evacúen la zona", afirma la comunidad.El Ejército no se ha retirado de la zona, pues siguen pidiéndole a las comunidades que no se interpongan en la operación. Ningún soldado ha sido retenido.Hay que indicar que en esta zona del municipio, además de los constantes combates, se ha logrado desactivar más de 10 artefactos explosivos y ha realizado la quema de pendones alusivos a esta estructura.
El bloque de búsqueda de la Policía sigue investigando las diferentes alteraciones al orden público que se han registrado en el Valle del Cauca recientemente, y es en el marco de estas operaciones donde se logró la captura de cinco presuntos miembros del ELN, quienes serían las responsables de quemar seis camiones en la vía hacia Buenaventura, hace dos semanas.La captura se realizó en varias viviendas del corregimiento de Córdoba, tras cinco operativos de allanamiento adelantados por la Fuerza Pública. En estos lugares, las autoridades también encontraron abundante armamento y estupefacientes."La captura de cinco integrantes del ELN, que son responsables de la ejecución de atentados terroristas y que, además extorsionaban a los trabajadores de estaciones de servicio y parqueaderos, generando rentas muy importantes para ellos hasta de 600 millones de pesos", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Se mantiene presencia de la Fuerza Pública en la víaAdemás de las investigaciones adelantadas por el Bloque de Búsqueda, la vigilancia y control 24/7 en la vía Buga - Buenaventura se mantiene para garantizar viajes seguros para los transportadores en este corredor que conecta al principal puerto sobre el Pacífico con el resto del país."Esta es una respuesta contundente a los transportadores y a esa estrategia que se viene articulando a través del Bloque de Búsqueda con las demás fuerzas, especialmente la Armada de Buenaventura, con el fin de que los transportadores, pero sobre todo los bonaverenses, se sientan tranquilos en el transporte de carga. Estos delincuentes se ponen a disposición de la Fiscalía", indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.
En la mañana de este jueves, en el Palacio de Justicia en el centro de Cali, uno de los ascensores del edificio se descolgó desde el décimo piso hasta el cuarto, con cuatro personas en su interior. De inmediato, la emergencia fue atendida por el personal del palacio, quienes atendieron rápidamente a las personas que se movilizaban en él, descartando que alguna de ellas sufriera una complicación de salud. No es el primer incidente de este tipoLa situación generó pánico por varios minutos, pues hay que recordar que no es el primer incidente de este tipo que se registra en el Palacio de Justicia de la capital vallecaucana, por lo que los trabajadores de la rama judicial están exigiendo que este sea clausurado hasta superar cualquier falla."Hubo un descolgamiento y, tras el susto, a las personas que estaban adentro se les hizo la atención prioritaria, se les hizo una primera valoración. Una de estas personas tuvo una descompensación en su presión arterial por el susto. Se reportó el incidente para que fueran trasladados. Nos deja muy preocupados que se sigan presentando estas situaciones en el palacio y ya solicitamos que ese ascensor se bloqueara", aseguró Diego Achinte, presidente de Asonal Judicial.Los organismos de socorro atendieron la emergencia para evitar un nuevo incidente, mientras que los técnicos están revisando el ascensor para identificar cuál fue la falla que provocó que se descolgara."Desde las competencias de la Secretaría de Gestión del Riesgo tenemos revisiones aleatorias para el transporte vertical, donde hacemos visitas y revisamos que la documentación esté al día en el Palacio de Justicia la hicimos en marzo de este año, y el resultado fueron óptimas condiciones, sin embargo, estamos atentos al llamado para garantizar la seguridad de quienes utilicen estos elementos", señaló Ricardo Peñuela, subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo.