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Martín Emilio Rodríguez, representante legal de la Asociación de Vivienda Cachalú, fue enviado por un juez a la cárcel, señalado de estafar a 76 familias en el municipio de San Gil, Santander, quienes invirtieron sus ahorros en un proyecto de vivienda de interés social que no se terminó.
Según la investigación de la Fiscalía, Rodríguez habría recaudado más de $1.935 millones para el proyecto de vivienda entre los años 2013 a 2017.
“Contemplaba la construcción de 4 torres de 5 pisos, 60 parqueaderos y 15 locales comerciales, de los cual sólo se construyó una torre de manera parcial. Se pudo establecer que el hoy asegurado como representante legal, fue la persona que desarrolló, promovió y vendió al público el proyecto de vivienda”, confirmó Oliden Riaño, director de la Fiscalía en Santander.
La Fiscalía le imputó los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada. El pasado mes de abril fueron judicializadas y enviadas a la cárcel cinco personas más por este mismo caso de estafa.
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