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Las autoridades santandereanas, especialmente las de Barrancabermeja, denunciaron que las bandas criminales y los grupos al margen de la ley están intimidando, amenazando y presionando para que los jóvenes tengan que salir del Puerto Petrolero.
“Barrancabermeja está presentando un tema grave de seguridad, de nuevo la cifra de desplazamientos nos causa preocupación. Son personas, especialmente jóvenes, quienes han tenido que salir bajo amenazas. Es una triste realidad que este año ha sido permanente”, indicó Gina Marcela Romo, personera distrital.
En lo corrido del año las amenazas de los grupos ilegales han dejado un saldo de 67 jóvenes, entre 18 y 28 años, desplazados a la fuerza.
No obstante, la cifra podría aumentar si se tiene cuenta un nuevo fenómeno que se ha evidenciado: el desplazamiento intraurbano, es decir que los jóvenes se están pasando de una comuna a otra, pues simplemente no tienen a donde ir.
Ramón Abril, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, se refirió a este tema del que poco se conocer: “El panorama es grave porque a los casos de aquellas personas que deben salir de la ciudad por presiones o amenazas de las bandas y grupos armados, se suma otro fenómeno y es que los jóvenes se están desplazando de una comuna a otra, es un desplazamiento intraurbano porque no tienen esa red de apoyo en otras ciudades, pero no es una solución porque el conflicto ya se extendió a todas las comunas. Es un fenómeno silencioso que se suma a los casos en que salen de la ciudad; esto es grave, nuestros jóvenes se están yendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta”, precisó.
Según las autoridades de Barrancabermeja, el desplazamiento forzado se da por la dinámica de las bandas criminales, Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc, que se pelean el control del microtráfico en los diferentes sectores.
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“Hay un intento cooptación y de reclutamiento forzado de los jóvenes por parte de estas estructuras criminales, quienes han sido víctimas en términos de homicidio y desplazamiento forzado; y a eso se suma la inducción al consumo de sustancias psicoactivas”, concluyó el defensor de derechos humanos de la Corporación Credhos.
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