Debido a presuntas irregularidades en varios procesos, el Ministerio de Salud y Protección Social ha instado a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, a abrir una investigación disciplinaria contra José Luis Medina Romero, gerente y representante legal del Hospital Regional de García Rovira ubicado en el municipio de Málaga, Santander.
Las graves acusaciones señalan la existencia de irregularidades en la convocatoria pública para las obras de adecuación y ampliación del Hospital, que habrían llevado a una asignación cuestionable del contrato.
Según una carta enviada por el director Jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, a la Procuradora, se alega que el proceso de licitación, que otorgaba un contrato por más de sesenta mil millones de pesos, solo estuvo abierto durante dos días, entre el 25 y el 27 de julio de 2023. Este corto período de tiempo habría dificultado la participación de otros oferentes y levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Los términos de la licitación, incluyendo los requisitos de capacidad financiera y otras condiciones establecidas por el gerente José Luis Medina Romero, habrían resultado en que un único oferente, el Consorcio De García Rovira, se presentara. Este consorcio finalmente obtuvo el contrato para llevar a cabo las obras de adecuación y ampliación de la estructura física en un contrato “por un valor de sesenta y cuatro mil veintiocho millones ochenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos con veinte centavos ($64.028.082.699,20) con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio”, según expuso director Jurídico del Ministerio de Salud en la misiva.
El Ministerio de Salud, preocupado por las aparentes irregularidades, ha pedido no solo la investigación disciplinaria contra el gerente del hospital, sino también la suspensión del proceso de convocatoria pública para las obras en cuestión, teniendo en cuenta que aún no se firmado ni legalizado el contrato.
La solicitud de investigación se basa en el numeral 25 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, que aborda las facultades de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las Empresas Sociales del Estado. El Ministerio de Salud busca asegurar la integridad de los procesos y la correcta utilización de los fondos públicos destinados a la mejora de la infraestructura de salud.
Este incidente arroja una sombra sobre la gestión del Hospital Regional de García Rovira y plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la administración de recursos públicos en el ámbito de la salud. La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, debwerá ahora evaluar cuidadosamente las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud y tomar medidas adecuadas para abordar esta situación.
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