Procuraduría investiga a exalcalde de California, Santander, por corrupción
El ente de control convocó al exalcalde y exsecretaria de Planeación de California a una citación el próximo 24 de marzo.
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A la Procuraduría Provincial de Bucaramanga deberán presentarse los investigados por el órgano de control, Víctor Armando Aarias Celis, exacalde de California, Santander y Yumara Peña Romero, exsecretaria de Planeación del municipio.
Todo a consecuencia del contrato de prestación de servicios 141 cuyo objeto consistía en llevar a cabo la capacitación en el manejo, aprovechamiento de cuencas, microcuencas hidrográficas y mitigación de efectos del fenómeno del niño.
Según la Procuraduría General de la Nación “los entonces funcionarios podrían estar incursos en falta disciplinaria por aseverar que el referido contrato se suscribió el 23 de diciembre de 2015, supuestamente con Yurley Tatiana Villamizar Pita, de quien además se dijo concurrió a firmar este acto negocial, lo cual fue consignado y certificado con sus firmas en las actas de inicio, terminación y liquidación…a pesar de que en los informes de supervisión se aseguró que Villamizar Pita cumplió el objeto acordado, las pruebas recaudadas hasta este momento evidencian que la supuesta contratista no adelantó contrato alguno con esa administración”, señala la Procuraduría.
Según la investigación, los implicados gestionaron el pago de falsas acreencias en favor de la particular con quien, aparentemente, signaron el contrato.
Por tanto recae sobre ellos una investigación por falsedad ideológica en documento público, tipificadas penalmente, según el artículo 286 de la Ley 599 de 2000.
Las faltas fueron calificadas por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga como gravísimas a título de dolo, teniendo en cuenta que el alcalde local y la secretaria de Planeación estaban obligados a actuar dentro de un modelo ejemplar de conducta.
Dados los presuntos comportamientos de connotación penal derivados de este proceso disciplinario, el ente de control compulsará copia de lo actuado a la Fiscalía Seccional para que dentro del ámbito de sus competencias precise su ocurrencia.
Esta investigación tuvo origen en las denuncias de una concejala, quien puso en conocimiento del Ministerio Público posibles irregularidades en la planeación, ejecución, supervisión y liquidación del cuestionado contrato.
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