Luego de que se conocieran presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de 33 propuestas para la construcción de la doble calzada La Virgen – La Cemento en el norte de Bucaramanga, el Invías, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto para el Desarrollo de Santander, Idesan, revocaron el informe y el comité que estaba a cargo de la revisión de las propuestas.
La decisión obedece a que el informe presentado por el anterior comité ante el consejo directivo, no tenía las firmas de tres de los cinco evaluadores.
“Apenas recibo esa comunicación por parte de los miembros del comité evaluador donde ellos manifiestan que no han firmado el informe preliminar de evaluación y que sus firmas no aparecen en este informe, yo puse en conocimiento porque eso en primera instancia me genera dudas y son los entes de control los que tienen que ayudar a atender esta situación y definan si hubo actos ilegales”, confirmó Jhony Peñaloza, gerente del Idesan, la entidad encargada de la licitación.
El director nacional de Invías, Juan Esteban Gil, quien viajo a Bucaramanga, confirmó que este viernes el nuevo comité evaluador de las propuestas de la licitación por $104.000 millones para la construcción de la vía en el norte de Bucaramanga, empezará a operar en una sala con vigilancia a través de cámaras de seguridad.
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“El nuevo comité de evaluación que va a estar operando en salas con cámaras, con vigilancia especial con toda la transparencia, vamos a estar además Prosantander y la Sociedad Santandereana de Ingenieros velando porque la unidad de criterio a la hora de definir criterios de evaluación sean estándares acompañado de Colombia Compra Eficiente como entidad rectora en materia de contratación”, manifestó Gil.
Las 33 propuestas serán nuevamente revisadas por el nuevo comité evaluador que tendrán que entregar cada semana un informe público de avance del proceso de licitación.
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Entre tanto, Idesan, la Gobernación de Santander, Invías y la Alcaldía de Bucaramanga, le pidieron a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, investigar las presuntas irregularidades cometidas por el comité evaluador revocado en la licitación por $104.000 millones.
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