ACOPI y Consejo Gremial reaccionan a suspensión del salario mínimo

El Consejo de Estado ordenó la suspensión cautelar del decreto que incrementó el salario mínimo en un 23% para 2026, otorgando al Gobierno Nacional un plazo de ocho días para expedir una nueva norma. La decisión judicial se fundamenta en la presunta falta de rigor técnico y el desconocimiento de variables macroeconómicas esenciales durante la concertación.Representantes de los principales gremios económicos del país han reaccionado con cautela, señalando que el aumento desmedido ya está generando impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas y en los niveles de informalidad laboral.Impacto en las pequeñas y medianas empresasMaría Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), calificó la cifra del 23 % como una decisión “sacada del sombrero” sin sustento técnico. Según la dirigente, este incremento ha golpeado severamente la caja de las empresas que generan el 80 % del empleo formal en Colombia.Ospina reveló que la incertidumbre jurídica ya se traduce en despidos. “Hay empresas que han sacado hasta 50 empleados porque no les da la caja para sostener estos empleos”, afirmó. Desde ACOPI proponen que el nuevo ajuste se base estrictamente en la suma de productividad e inflación, lo que arrojaría un incremento cercano al 7.2 %.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, enfatizó que el salario mínimo funciona como un ancla macroeconómica. Su incremento excesivo afecta indexadores en pensiones, servicios de administración y contratos de infraestructura, elevando el riesgo de informalidad.Respecto a la operatividad de la medida, Gutiérrez explicó que las empresas están a la espera del nuevo decreto. “Es una sentencia que le pide al gobierno que bajo criterios técnicos vuelva y revise el valor”, señaló, subrayando que muchos contratos y subcontratos dependen de esta cifra de referencia.