Personas con mascotas deberán pagar $200.000 si no cumplen con la norma: la ley los respalda
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Vivir en un conjunto residencial no solamente implica cumplir con hacerse cargo de las facturas de servicios públicos o de la administración, sino que también hay normas que sí o sí se deben acatar, pues estas garantizan la convivencia entre los vecinos.
Estas disposiciones suelen ser claras en temas como el uso de las zonas comunes o el manejo de las basuras y, en muchos de estos reglamentos, existe un espacio específico para tratar sobre la tenencia de mascotas.
Ante esto, la ley colombiana señala que ni al propietario ni al arrendatario se les puede prohibir tener animales de compañía. Sin embargo, el derecho a tener un gato o un perro no significa que sea un derecho ilimitado. Por ejemplo, en el caso de los gatos, que suelen tener mayor libertad, hay obligaciones específicas para evitar conflictos o molestias con los cohabitantes.
Según lo señalado en el Código Civil, artículo 2353, todo dueño de una mascota es responsable de los daños y perjuicios que esta cause, incluso si se ha escapado o extraviado. Eso quiere decir que, si un gato entra a una casa ajena y rompe un objeto o provoca daños en zonas comunes, quien debe responder es el dueño, aunque no haya estado presente en el momento del hecho.
De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en sus artículos 116, 117 y 118, las mascotas pueden estar en zonas comunes siempre y cuando se garantice su control. Ahora bien, en el caso de los gatos, es necesario transportarlos en maletines especiales o con collares diseñados para un manejo seguro.
Por lo tanto, permitir que un gato ande libremente por el conjunto residencial podría salir demasiado caro. La multa por esta acción puede elevarse hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, es decir, $189.800 pesos. Pero eso no es todo, ya que, dependiendo del daño provocado por el animal, esa suma adicional también debe ser asumida por el propietario.
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En caso de que se presenten quejas por incumplimiento, los vecinos pueden acudir al consejo de administración del conjunto y, si no se llega a una solución, la Policía Nacional podrá intervenir.