La propuesta del Gobierno nacional de reducir el límite de inversión en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias encendió las alertas de la Contraloría General de la República, que advirtió posibles impactos negativos tanto para los afiliados como para la sostenibilidad fiscal del sistema pensional. Un análisis técnico del ente de control concluye que la repatriación de recursos podría traducirse en menores rendimientos, mayores déficits actuariales y una presión adicional sobre las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda plantea disminuir gradualmente el tope de inversiones en el exterior del 49 % actual al 30 % en un plazo de cinco años, con un límite transitorio del 35 % durante los primeros tres. De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta medida implicaría la repatriación de cerca de $100,3 billones en 2028 y aproximadamente $177,8 billones en 2030, recursos que deberían destinarse a inversión local.
Sin embargo, la Contraloría señala que no existe certeza sobre la capacidad del mercado interno para absorber este volumen adicional de inversión. La participación de activos nacionales en los portafolios de las AFP pasaría del 51 % al 69 %, un incremento del 18 %, pese a que históricamente las inversiones locales han presentado menores rendimientos frente a las realizadas en mercados internacionales.
El informe destaca que, desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado ha obtenido una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría registrado cerca del 3,8 %. Las simulaciones muestran que un millón de pesos invertido en activos internacionales desde 2011 habría alcanzado un valor superior a los $3,2 millones, frente a $1,67 millones en el mercado interno, una diferencia que podría representar hasta un 29,5 % menos en el saldo pensional de un afiliado.
Según cifras de la Superintendencia Financiera, los fondos privados administraban $529,1 billones a diciembre de 2025. La repatriación de inversiones podría significar dejar de percibir cerca de $3,2 billones en rendimientos, afectando directamente las cuentas individuales de millones de trabajadores.
El ente de control advierte que una menor rentabilidad de los fondos incrementaría la carga fiscal del Estado, que constitucionalmente es garante del pago de las pensiones. En el contexto de la reforma pensional y ante el aumento proyectado de pensionados a partir de 2037, la Contraloría señala que el déficit actuarial podría ampliarse, obligando a destinar mayores recursos públicos entre 2037 y 2052.
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