Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha enviado una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión de cualquier norma emitida al amparo de una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.
Según el líder gremial, esta medida representa una "jugada" política orquestada desde hace semanas para eludir el control del Congreso tras el fracaso de la ley de financiamiento.
Una estrategia para eludir al Congreso
En diálogo con Mañanas Blu, McMaster aseguró que el Ejecutivo condujo deliberadamente los trámites legislativos hacia el final de la legislatura para que coincidieran con la vacancia judicial. El objetivo, según la ANDI, sería implementar una reforma tributaria vía decreto, lo cual calificó como una acción "tramposa con la Constitución". Esta postura se ve reforzada por las recientes confesiones del Ministro del Interior, quien admitió que no gestionó el proyecto por orden directa del Presidente de la República.
Para el gremio de empresarios, el país no atraviesa condiciones que justifiquen una emergencia económica, y el actuar del Ejecutivo se percibe como un intento sistemático de saltarse las otras ramas del poder público, incurriendo en actitudes de arbitrariedad que amenazan la estabilidad democrática.
El daño irreparable a la institucionalidad
Más allá de las implicaciones económicas o el aumento de impuestos, McMaster enfatizó que el perjuicio más grave es sobre la institucionalidad. El líder de la ANDI advirtió que ignorar el respeto por la separación de poderes y la Constitución generará una sociedad "no viable", lo que a largo plazo destruirá la capacidad de generar confianza, atraer inversión extranjera y mantener la credibilidad crediticia del país.
Voces de rechazo desde la academia y la técnica
A esta preocupación se sumó el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien calificó la intención del gobierno como un "error histórico". Ocampo señaló que una emergencia económica requiere de un "hecho sobreviniente", situación que no se cumple en este caso, ya que el hundimiento de una ley en el Congreso es una decisión legítima del Legislativo y no una catástrofe imprevista.
Ocampo también criticó la falta de anuncios sobre el recorte del gasto público y expresó su preocupación por propuestas impositivas desproporcionadas, como elevar el impuesto al patrimonio al 5% e incluir a personas jurídicas, lo cual se aleja de la tradición tributaria del país.
Asimismo, el exministro alertó sobre una reciente operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, calificándola como un hecho "sin precedentes" que genera dudas sobre el marco legal y las tasas de interés pactadas.
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