Exviceministro Londoño pide a la Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica

El debate jurídico alrededor del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro llegó a la Corte Constitucional. El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, solicitó formalmente al alto tribunal la suspensión provisional de dicha norma, al considerar que presenta vicios formales y de fondo que comprometen su validez constitucional mientras se adelanta el control correspondiente.En su escrito, dirigido a la Corte, Londoño sostuvo que la petición busca “salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución”, ante lo que calificó como “vicios formales e inconstitucionalidades que comprometen la validez y legitimidad del Decreto Legislativo”. A su juicio, el Gobierno no logró demostrar la existencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que justifiquen la declaratoria de un estado de excepción.El exviceministro advirtió que el decreto se apoya en circunstancias estructurales e históricas que, según él, deben ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios del Estado. “Se advierte una desnaturalización del sistema constitucional de estados de excepción, al fundamentar la crisis en circunstancias históricas y estructurales que deben ser gestionadas por los mecanismos ordinarios previstos en el marco democrático”, afirmó. Además, señaló que parte de la situación alegada sería atribuible a decisiones de política adoptadas por el propio Ejecutivo.Uno de los puntos centrales de la solicitud se relaciona con los efectos irreversibles que, en criterio de Londoño, podría generar la vigencia del decreto mientras la Corte adelanta su revisión. Según expuso, mantener la norma activa afectaría de manera grave el principio de separación de poderes y el sistema tributario, con consecuencias que no podrían repararse posteriormente. Por ello, consideró “imprescindible” que la Corte adopte la suspensión provisional para evitar la consolidación de efectos lesivos sobre el orden constitucional.En el documento también se exponen presuntas irregularidades formales en la expedición del decreto. Londoño cuestionó que no se habría cumplido plenamente el requisito constitucional de contar con la firma válida del presidente y de todos los ministros. En particular, señaló que dos de los firmantes carecerían de competencia legal al momento de suscribir el acto, especificamente, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, por exceder el plazo del encargo tras la renuncia de la titular, y el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien,según el escrito, se encontraba suspendido judicialmente para ejercer el cargo.Desde la perspectiva fiscal, el exviceministro aseguró que el Ejecutivo contaba con alternativas presupuestales ordinarias para enfrentar la situación de caja, como el recorte o aplazamiento del gasto y la obtención de financiación.La solicitud fue dirigida al magistrado Carlos Camargo, quien asumirá la ponencia del estudio del decreto de emergencia económica. Con esta actuación, se activa formalmente el análisis constitucional del decreto expedido por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.