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En su tradicional alocución de Navidad, el presidente Gustavo Petro se dirigió durante 58 minutos a los colombianos para presentar un balance de su Gobierno en materia de educación, salud y economía. En su intervención, el mandatario defendió la declaratoria de la emergencia económica, asegurando que su administración no tiene margen para modificar el Presupuesto General de la Nación.
“Este Gobierno ya recortó el gasto al máximo; lo que quieren es que le quitemos plata a la salud y la educación y eso no lo vamos a hacer”, afirmó.
Petro señaló que, aunque el rubro de seguridad podría ser objeto de ajustes, hacerlo implicaría disminuir el pie de fuerza: “Ustedes saben qué pasaría si echamos soldados y policías”, advirtió.
El presidente agregó que la única alternativa sería recortar la inversión pública, lo que implicaría incumplir contratos o exigir la devolución de recursos que actualmente se encuentran en fiducias. A su juicio, la opción “sana económicamente” es aumentar los impuestos, pero aclaró que no recaerían sobre la ciudadanía en general.
Lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no al pueblo sino a los más ricos
En medio de la defensa del decreto de emergencia, que será revisado por la Corte Constitucional tras la vacancia judicial, Petro anunció que presentarán ante el Congreso un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó.
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Petro sostuvo que la ley ya está redactada y que se abrirá una discusión política sobre su trámite: “Ustedes decidirán si le quitan la voz al pueblo o la votan”.
Aunque se esperaba que el presidente revelara el porcentaje del incremento del salario mínimo para 2026, evitó dar una cifra concreta. Sin embargo, explicó los criterios que incluirá el decreto, como el concepto de “salario vital”, el carácter familiar del ingreso mínimo y la necesidad de garantizar el poder adquisitivo por encima de la inflación, conforme al artículo 53 de la Constitución.
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