Colombia se rajó en la lucha contra el soborno trasnacional, según un informe de la Ocde sobre el desempeño del país en esta área.
La lucha contra el cohecho internacional implica que cada país debe vigilar que sus empresas no estén ofreciendo dádivas a funcionarios públicos extranjeros a cambio de beneficios y es una de las herramientas que se impulsan en el escenario internacional para combatir la corrupción.
"Aunque Colombia ha impuesto su segunda sanción administrativa por cohecho internacional a una persona jurídica, no ha llegado a perseguir jurídicamente a ninguna persona natural y sus niveles de detección son bajos. Los mecanismos de asistencia jurídica mutua no están coordinados y están infrautilizados, y los riesgos asociados a la independencia de las investigaciones y los procedimientos judiciales siguen sin abordarse debidamente. El Grupo de Trabajo también está seriamente preocupado por la persistente falta de protección para los denunciantes, así como por el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento del cohecho internacional", indica el informe.
Los dos casos en los que hay sanciones por soborno trasnacional son el de JTL y el de Inassa. En primer lugar, Inassa fue sancionada con una multa de más de 5.000 millones de pesos por el escándalo del Canal de Isabel II y el ofrecimiento de sobornos en España para la entrega de contratos públicos en varios países de América Latina. Mientras tanto la firma se seguros JTL fue sancionado por sobornar con viajes y cenas a ejecutivos de la aseguradora estatal ecuatoriana Seguros Sucre para mantener la relación comercial y el contrato de reaseguro.
Las recomendaciones de la Ocde al país incluyen coordinar el trabajo entre la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades e implementar con carácter urgente un marco integral de protección de los denunciantes.