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Los hogares venezolanos contribuyen con más de USD 10.600 millones al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones ,OIM.
El informe también señala que las personas migrantes venezolanas realizan valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados. Solo en Colombia, esta contribución ha superado los USD 529 millones en un solo año.
Además del consumo y la recaudación pública, los emprendimientos y las empresas venezolanas lideradas por personas migrantes han generado aproximadamente 40.000 puestos de trabajo en Panamá y han impulsado inversiones que superan los USD 1.100 millones en Aruba. Estos emprendimientos fortalecen las economías locales, fomentan la innovación y dinamizan sectores como la tecnología, el turismo y la gastronomía.
Sin embargo, este potencial sigue estando limitado. Se estima que el 82% de las personas venezolanas en la región trabaja en el mercado laboral informal y que el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales. Estas barreras restringen su autonomía económica, el crecimiento de sus negocios y su capacidad de contribuir aún más sustancialmente al desarrollo local. Es importante destacar que la informalidad está impulsada por obstáculos estructurales que limitan el acceso al empleo formal, y no por la regularización en sí misma.
De los 6,9 millones de personas venezolanas que viven en la región, cerca del 70% cuenta actualmente con un estatus migratorio regular, lo que le ha permitido a millones de ellas acceder a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance y avanzar gradualmente hacia una participación plena en las economías formales. La regularización es, por tanto, una base necesaria para reducir la informalidad y maximizar los aportes económicos de las personas migrantes.
En el Día Internacional del Migrante, la Procuraduría reafirmó el compromiso por la garantía de los derechos de esta población y diseñar políticas migratorias acertadas, sostenibles y realistas. “A los migrantes que han venido a vivir en nuestro país, asegurarles la protección de sus derechos humanos, al menos los básicos, salud, instalación, vivienda, kits de emergencia cuando los necesiten y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa migración sea regular, segura, sea una oportunidad de vida. Toda Colombia se nutre y mejora con la migración” aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
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