Luego de una jornada de fuertes manifestaciones por parte del sector de biocombustibles en el Ministerio de Minas en Bogotá, el Gobierno instaló dos mesas de diálogo, una para el sector de la caña y otra para la palma, donde se lograron los primeros acuerdos para enfrentar la crisis del etanol en el país, marcada por altos inventarios, baja demanda del producto nacional y riesgo de pérdida de empleos en el sector azucarero y energético.
Entre las decisiones se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a los comercializadores mayoristas por presuntos incumplimientos en el retiro del etanol nacional y en las especificaciones de calidad del producto. También se acordó que el Ministerio del Trabajo realizará inspecciones laborales en plantas de abasto y estaciones de servicio, mientras que el Ministerio de Minas y Energía priorizará el consumo del inventario nacional antes de autorizar importaciones revisando la estructura de fletes y precios para evitar pérdidas.
Durante la sesión, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, advirtió sobre la gravedad de la situación del sector, aclarando que el gremio no se opone a las importaciones, por lo que piden que se ordene el abastecimiento. “Ya no tenemos dónde almacenar el etanol, incluso contratando almacenamiento externo. Esto puede llevar a frenar la producción de azúcar y etanol, y están en riesgo 28.000 empleos directos”, afirmó.
Por su parte, el presidente de Bioenergy, José Antonio Franco, alertó sobre la situación en los Llanos Orientales y el impacto en los trabajadores, donde el precio regulado no refleja el del mercado real y pidió garantías para la producción nacional.
“Dependemos del precio del etanol. Si no podemos pagar nuestras obligaciones un solo día, entramos en liquidación. El precio establecido no es el precio al que realmente se está vendiendo el etanol, debido a la entrada desmesurada de producto internacional”, señaló.
Desde la CREG, se cuestionó la falta de compras del producto local por parte de los mayoristas y se hizo un llamado a la responsabilidad social, solicitando a los comercializadores que aporten soluciones para superar la crisis.
Las próximas sesiones de trabajo se realizarán el 11 y 12 de marzo en Bogotá, convocadas por el Ministerio de Minas y Energía, donde se discutirá sobre la resolución de metodología de IP, el mecanismo de déficit y el sector de la palma; el 17 de marzo en la Dirección Territorial del Valle del Cauca, liderada por el Ministerio del Trabajo se tratarán las garantías laborales de los puestos de trabajo y las negociaciones de los colectivas de los sindicalizados; y el 18 de marzo con una visita de campo a los ingenios, con participación de los ministerios de Minas, Agricultura, Trabajo y la Agencia Nacional de Tierras.
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