Brasil reportó este viernes un récord de 3.650 muertos por coronavirus en 24 horas, en medio de una descontrolada pandemia que ya dejó más de 307.000 fallecidos en el país, informó el Ministerio de Salud.Desde mediados de febrero, Brasil registra una seguidilla de nuevos récords de muertes y contagios diarios y superó por primera vez la marca de los 3.000 óbitos en 24 horas el martes pasado. El promedio de fallecimientos en siete días es actualmente de 2.400, más del triple que a inicios de enero (703).El balance también mostró el viernes que 84.245 personas se contagiaron de coronavirus en las últimas 24 horas, sumando un total de 12,4 millones desde el primer caso registrado en febrero de 2020. El jueves, el número de infectados superó por primera vez los 100.000 en un día.Con 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país con mayor número de fallecidos y contagios por COVID-19, superado únicamente por Estados Unidos.La segunda ola de la pandemia parece sin freno, con una vacunación que avanza a pasos lentos, hospitales al borde del colapso y crecientes presiones sobre el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para resolver la crisis sanitaria, que amenaza con paralizar nuevamente la economía.Varios estados, entre ellos Sao Paulo y Rio de Janeiro, decretaron un feriado por diez días a partir de este viernes 26 hasta el 4 de abril, para disminuir los desplazamientos.En tanto, fabricantes de autos como Nissan, Toyota y Renault anunciaron una parada de 10 a 15 días en algunas de sus plantas para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores, al igual que Volkswagen y Mercedes-Benz.El gobierno intenta acelerar la vacunación, con el objetivo de inocular al menos un millón de personas por día, según anunció el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga.En total 12,64 millones de brasileños fueron vacunados hasta ahora, apenas un 5,9% de la población. Entre ellos, 3,92 millones recibieron la segunda dosis.
En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de Tarazá, Gladis Miguel, dijo que el mayor impacto de la contingencia en ese municipio fue en el aspecto económico, pues, aunque la situación no cobró vidas, sí cambió las dinámicas de los pobladores.“Inicialmente, tuvimos unas 8.000 personas en albergues, la atención fue prestada gracias a EPM, la Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Dapard, Cruz Roja y todo lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Fuimos atendidos bajo esa zozobra preparando a la comunidad para otra contingencia”, dijo la mandataria.Los proyectos productivos de habitantes de Puerto Antioquia y El 12 fueron afectados, al igual que algunas viviendas. El puente que comunica a dos corregimientos también quedó averiado.Le puede interesar: La solución completa para Hidroituango puede tardar tres años: EPM“Estamos esperando a ver cómo sigue lo de Hidroituango para hacer un mejoramiento por parte de Invías”, señaló la alcaldesa.Tarazá tiene 45.000 habitantes, 20.000 de ellos en la parte urbana. El municipio ha sido golpeado por la tensa situación de orden público producto de las disputas de grupos ilegales.“Este año se han presentado dos desplazamientos masivos. Uno en enero y otro en Semana Santa, la mayoría se ha ido para Medellín o a municipios de la costa”, dijo la mandataria.Escuche la entrevista:
A un año de que comenzara la crisis en el proyecto Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín estima que la recuperación de la megaobra tarde por lo menos tres años.En entrevista con Blu Radio, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que ya se han mitigado algunos riesgos, pero aún falta el taponamiento técnico de los túneles de desviación, lo que una vez terminado permitiría que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo levante la alerta roja sobre el corregimiento de Puerto Valdivia.“El trabajo que se hizo sobre la presa es muy importante. Ya se retomó su construcción por encima de la cota 418. Ya con el cierre de las compuertas evitamos el segundo gran riesgo que era toda la afectación que había en la zona de captación al interior de casa de máquinas y en este momento estamos muy concentrados en hacer el taponamiento técnico y allí todavía existe un factor de riesgo”, explicó Londoño.Le puede interesar: Gobernador reiteró a EPM que debe pagar costor por contingencia en HidroituangoEl gerente añadió que se espera que dos unidades de la hidroeléctrica comiencen a funcionar en 2021, en el año siguiente otras dos y así hasta 2024.Frente al deslizamiento que se presentó este fin de semana cerca del embalse, Londoño dijo que se está haciendo la evaluación de cómo pudo haber afectado una de las líneas de transmisión en el proyecto.Escuche la entrevista:
Un año después de la contingencia en Hidroituango, la comunidad de Puerto Valdivia aún no se recupera de la creciente que obligó a la evacuación de toda una población. Ahora todos los sectores registran pérdidas millonarias y piden apoyo del Gobierno Nacional.Después de un año de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico hay un común denominador en el casco urbano del corregimiento de Puerto Valdivia: almacenes, bares, droguerías y restaurantes en completa soledad.Los comerciantes reabrieron sus negocios en diciembre de 2018, luego de seis meses de haberlos dejado abandonados, pero solo ha traído pérdidas.Marceliano Barragán, propietario de un almacén de ropa, no entiende por qué, si Puerto Valdivia aún está en alerta roja, los organismos de emergencia permiten el retorno de la zona comercial, pero no de la mayoría de las viviendas, que hace que los sectores de la economía sean productivos.“Nos encontramos muy abandonados por el proyecto Hidroituango y el Gobierno nacional. La parte comerciante que éramos más de 3.000 ahora somos 1.000”, manifestó Barragán.Lea también: La lucha de los pescadores por sobrevivir en Puerto ValdiviaSi antes se vendía diariamente hasta un millón de pesos, ahora esa cifra solo alcanza 100.000, lo que vale un pantalón y una camiseta. Después de un año siguen clamando apoyo del Gobierno Nacional.Ahora nadie quiere comprar en Puerto ValdiviaTras un año de la inundación, numerosas casas están en venta o arriendo, pero están devaluadas hasta un 60%. El arriendo de una vivienda que antes valía 280.000 pesos ahora está en 150.000.Sobre la carretera principal están ubicada las casas de propiedad de la familia de Blanca Arroyave, quienes han vivido toda su vida en Puerto Valdivia. En su interior hay tres alcobas, sala comedor, cocina y baño, de las más amplias del sector.Vea además: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEn abril de 2018, las casas fueron puestas en venta por un valor de 80 millones, inició la contingencia de Hidroituango, y un año después no ha aparecido el primer interesado en la compra pese a que ahora se están pidiendo 30 millones.Mientras en el corregimiento el valor de los arriendos disminuyó hasta un 60%, en el municipio de Valdivia, en la parte alta de la montaña y donde están alojados la mayoría de los evacuados, el alquiler aumentó casi al doble.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Un grave accidente en la vía La Calera–Sopó, en Cundinamarca, dejó un motociclista muerto luego de que un Ferrari amarillo perdiera el control y arrollara a varios usuarios de la vía, entre ellos motociclistas y, al parecer, ciclistas que transitaban por la zona.El siniestro ocurrió este jueves en horas de la mañana, en el tramo La Calera–El Salitre (Sopó). Según información preliminar, el vehículo deportivo de alta gama invadió el carril contrario y chocó de frente contra una motocicleta. El impacto fue tan fuerte que el motociclista falleció en el lugar, quedando a un costado de la vía mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en medio de un amplio trancón.Las autoridades confirmaron que el accidente involucra a un Ferrari amarillo, similar a un modelo Ferrari 488 GTB, de los más potentes y costosos comercializados en el país. En junio de 2025, un vehículo de ese mismo tipo fue ofrecido en venta en Bogotá por $1.500 millones, cifra que da una idea del valor del auto accidentado.Ese modelo, lanzado en 2015, incorpora un motor V8 biturbo de 3.9 litros con 670 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos y alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Tiene tracción trasera, transmisión automática de siete velocidades, suspensión adaptativa y tecnologías de control como el Side Slip Control 2. Su interior, característico de la marca italiana, combina materiales de lujo y un diseño centrado en la conducción deportiva.La Policía de Tránsito mantiene cerrados parcialmente los carriles mientras realiza el levantamiento del cuerpo y avanza en la recolección de evidencias para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales está un posible exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo, aunque las autoridades insisten en que la investigación está en curso.
La Universidad de Antioquia sigue en una crisis financiera, por lo que hay preocupación de directivas y docentes confirmaron que el presupuesto del 2026 tendrá un recorte de más de 65.000 millones de pesos. Ante esto, los docentes piden con urgencia una ayuda del Gobierno nacional y departamental. Se ha conocido que la Udea necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.“Desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios”, dijo María Isabel Duque, representante de docentes en consejo superior universitario de la universidad.El desfinanciamiento estructural acumulado supera los 400.000 millones de pesos. Según directivos y docentes, esto pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año.“Vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos de la universidad. Para el próximo año hay una reducción en costos de más de 65.000 millones que implica que hay actividades que no las vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos, sacrificar asuntos misionales que son muy duros para la universidad”, agregó la docente Duque.El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno nacional y miembro del dni ante el consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia.“El consejo superior se levantó ayer por falta de quórum, porque varios se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar Mejía sigue como delegado del presidente y dice que no tiene ningún impedimento para estar en el consejo, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente”, agregó.Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su cuenta de X que Wilmer Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad, por lo que pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto.El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el consejo superior universitario.Los docentes están a la espera del último debate en cámara de representantes para la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que mejore la financiación del estado a las universidades.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, confirmó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 lo que para muchos colombianos ya dejó de ser un temor para convertirse en una realidad palpable: el país está entrando en una etapa crítica en materia de abastecimiento y precios del gas natural. Las filas para comprar estufas eléctricas en el Eje Cafetero, tras la reciente interrupción del servicio, fueron apenas un síntoma de un problema que se viene gestando por años.Murgas comenzó resaltando el profundo impacto social que el gas natural ha tenido en Colombia. “36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares”, recordó, agregando que este energético también ha sido clave para la movilidad y la industria. Actualmente, 87.000 taxistas optan por gas vehicular para reducir costos frente a la gasolina, mientras que ciudades como Bogotá, Cartagena y Valledupar dependen masivamente de buses que funcionan con este combustible. “El gas natural ha hecho una verdadera transformación social”, enfatizó.Sin embargo, el panorama cambió drásticamente desde diciembre de 2024, cuando Colombia se vio obligada por primera vez en cinco décadas a importar gas ante la insuficiencia del suministro nacional. ¿La razón? La caída en la actividad exploratoria y la disminución de reservas. “El gas nacional ya no alcanzó para cubrir toda la demanda… nos tocó sumar gas importado para garantizar la confiabilidad del servicio”, explicó.Esta importación llega con un costo elevado debido a la licuefacción, transporte y regasificación del gas. El efecto se siente directamente en las tarifas. Aunque Murgas dio un parte de tranquilidad para la mayoría de regiones —donde los incrementos se mantendrán cerca del IPC— fue clara al advertir que Antioquia y el Eje Cafetero verán aumentos entre 20 % y 25 % en el sector residencial por la expiración de contratos previos y la necesidad de nuevas compras a precios más altos.Pero el reto no es solo tarifario. La presidenta de Naturgas alertó que Colombia está operando al límite, sin margen de maniobra ante contingencias. “El déficit de gas dejó de ser coyuntural y se ha convertido en algo estructural”, afirmó. La proyección para 2026 indica que entre 20 % y 25 % de la demanda podría depender de gas importado.¿Qué hacer entonces? Murgas fue contundente: el país sí tiene gas, pero los proyectos no avanzan al ritmo necesario. “El problema de Colombia no es de recursos, el problema es que se demora mucho la ejecución de los proyectos”, dijo, señalando trabas como demoras en consultas previas y licenciamientos.La industria ha priorizado 10 proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo de Sirius, clave para abastecer hasta el 45% de la demanda a partir de 2030. Pero advirtió que no será suficiente: se requerirá más infraestructura para importar gas y reforzar las redes de transporte.Mientras tanto, los colombianos deberán prepararse para un escenario donde convivirán nuevos proyectos, tarifas variables según región y un país que, al menos por ahora, enfrenta una transición energética marcada por la urgencia y la escasez.
Se cumple un año de la coyuntura en Hidroituango, que cambió completamente los planes trazados para esa megaobra y la vida de las comunidades en su área de influencia. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, manifestó que lo más importante logrado hasta la fecha es la disminución de riesgo en el proyecto, pues la posibilidad tanto de una avalancha como de una creciente son mínimas y lo que sigue ahora es continuar en la recuperación de la obra para garantizar la tranquilidad de las personas aguas abajo y la operación de la hidroeléctrica. “En cuanto a lo técnico tenemos varios frentes de trabajo, realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y reparar casa de máquinas. En lo social estamos esperando levantar la alerta roja para permitir así el retorno de las familias evacuadas, así como la reconstrucción de los puentes dañados por la avalancha”, explicó de la Cuesta. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó que 12 meses después de la primera emergencia, no se ha perdido una sola vida humana, esto gracias a las medidas tomadas tanto en la obra como en las poblaciones ubicadas en zona de influencia. Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaron Por su parte, Gustavo Jiménez, gerente de EPM, señaló que en este momento comienza de nuevo a edificarse el proyecto, esto dentro de un cronograma planteado para que la operación de al menos dos máquinas en el segundo semestre de 2021. Agregó que también se debe trabajar en atender todas las investigaciones que enfrenta la construcción. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que, justo este domingo, presentará un informe detallado de la situación actual del proyecto, esto luego de una semana de revisión con varios representantes de dependencias departamentales, quienes entregarán balances sobre lo técnico, social y ambiental. “Esta es una obra que va a tener unas investigaciones muy fuertes no solo ahora sino en los próximos 5 o 10 años", afirmó Pérez. Vea además: Los retos de Hidroituango un año después de la contingencia
Este domingo en el Bajo Cauca muchos ven el río y recuerdan cómo hace un año empezaron los problemas con la megaobra y aún no terminan. Aunque muchos de los habitantes pensaban salir a marchas a las calles para exigir reparación a los males causados, Isabel Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, denunció que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.“Es una gran preocupación para nosotros que no nos sea posible protestar porque no hay condiciones de seguridad, cómo es posible que en el Bajo Cauca, Cáceres y Tarazá no podamos protestar y salir a hacer nuestra manifestación”, manifestó Zuleta.Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaronDesde Ríos Vivos insisten en que ha pasado un año y desde Hidroituango aún no hay soluciones claras para pescadores, familias albergadas y menos para el daño ambiental al río.
Ya se cumple un año de la primera gran emergencia del proyecto Hidroituango, cuando se taponó el túnel de desviación, el mismo que el 12 de mayo se destaponó y causó una creciente en el río Cauca que destruyó puentes y casas en el corregimiento de Puerto Valdivia.Jorge Londoño, gerente de EPM, habló sobre los retos que hoy enfrenta el proyecto que, en medio de investigaciones y planes de emergencia, busca operar con normalidad y a su vez devolverles la tranquilidad a los habitantes aguas abajo de la presa.“Hay cuatro grandes frentes: realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y consolidar casa de máquinas y repararla”, dijo.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPMFrente al tema social, el gerente dijo que esperan que, una vez baje la alerta roja, regresen a sus hogares más de mil familias que están evacuadas y reconstruir la infraestructura afectada por la creciente, especialmente en el corregimiento de Puerto Valdivia.EPM anunció en las últimas horas un derrumbe ocurrido en la mañana del viernes en el sector izquierdo del embalse del Hidroituango, a dos kilómetros del proyecto, según la empresa, debido a la temporada de lluvias. Además, no representaría riesgo para la comunidad.
En un cuarto permanecen arrumadas las atarrayas de los pescadores de Puerto Valdivia por la baja cantidad de peces, según ellos, por la contingencia de Hidroituango y que, aseguran, mató al río Cauca.De 250 peces al día, el promedio ahora es de 20 y algunos pescadores han tenido que buscar otros trabajos.El año pasado solo bastaba una hora por día para que quienes viven del río Cauca en Puerto Valdivia tuvieran en sus lanchas entre 200 y 250 pescados.Luego del cierre de las compuertas de Hidroituango que disminuyó el nivel del afluente con cifras históricas, el panorama es diferente. Estos hombres permanecen ahora a orillas del río, caminando, mirando sus anzuelos que llevan tres días sin coger su presa.Le puede interesar: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEste sector ha ido desapareciendo poco a poco desde que inició la contingencia que ya cumple un año. Un pequeño cuarto destruido por la creciente del río el 12 de mayo es el lugar donde ya permanecen las redes de pesca y las canoas la mayor parte del tiempo.“Antes de la contingencia cogíamos cantidad de animales, ahora en totalidad no se coge absolutamente para nada ni para comercializar. El monitoreo del río afecta mucho también los anzuelos y los tramayos, estaban arrumados en piezas”, dijo Jesús Cárdenas, uno de los pescadores, quien tuvo que emplearse en una carnicería para sobrevivir.Con la esperanza de recolectar algunos pescados, Jesús lanza una vez más la red, un minuto después solo obtuvo tres de tipo comelones.
El canto de los pájaros se mezcla con el sonido del imponente río Cauca sobre Puerto Valdivia. Los niños jugando, los caballos galopeando y la música de las grabadoras no se volvieron a escuchar en la parte baja del corregimiento, a orillas del río, donde ya se cumple un año de evacuación por la contingencia en Hidroituango.Normandina Cuadros tiene 65 años y vive desde hace 18 en Puerto Valdivia, tiene una improvisada fábrica de arepas que hasta hace 12 meses distribuía en toda población.El 12 de mayo de 2018 tuvo que salir de su casa corriendo con sus tres hijos y nietos. Desde hace 4 meses pudo regresar, su casa es el límite entre las familias que pueden retornar y quienes no.Le puede interesar: Lluvias provocan deslizamiento en embalse de Hidroituango“Nos hacían levantar a cualquier hora de la noche lloviendo para un estadero alto. Ese día era la misa de las mamás muertas y yo miré para el lado de la iglesia y vi que el agua del Cauca estaba entrando por las ventanas de una casa”.Ahora, sus vecinos están fuera de Puerto Valdivia. Algunos permanecen autoalbergados en Yarumal, Medellin o Briceño lo que significó que, así como varias casas aledañas se derrumbaron, también se desmoronó su negocio de arepas.
Empresas Públicas de Medellín informó de un nuevo deslizamiento de tierra en la madrugada de este viernes, en el sector izquierdo del embalse de Hidroituango.Según la empresa, el deslizamiento está a dos kilómetros del embalse, cerca de la quebrada Burundá, al otro lado de la captación de casa de máquinas.Le puede interesar: Panorama en Puerto Valdivia un año después de la primera emergencia en HidroituangoEn el comunicado, EPM asegura que el deslizamiento se debe a la temporada de lluvias que afronta el país porque "con estos episodios climáticos saturan los suelos y donde las laderas son muy pendientes, (...), es previsible que ocurran este tipo de hechos."La empresa evalúa la posible afectación a una lancha de un particular", e insiste EPM en que este deslizamiento no representa riesgos para la comunidad, ni para el proyecto.
La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la ANLA son las instituciones que tienen en sus despachos miles de folios en investigaciones contra EPM, Hidroituango y los involucrados en contratos y adjudicaciones de la megaobra.Procesos en la ANLAHidroituango tiene licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente en enero de 2009 y, desde la creación de la ANLA en 2011, es esta última la encargada de velar por su cumplimiento. En esta entidad hay cerca de 12 procesos en curso, de los cuales dos ya tienen una sanción contra los dueños de la obra.La primera es una multa de 2.419 millones de pesos por malos manejos ambientales en obras de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle, lo que hizo que se instalaran dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso.La segunda multa es de 2013 por más de 4.000 millones de pesos por la obstrucción de la quebrada el Tenche, justo en la zona donde están los túneles de desviación del río Cauca.Le puede interesar: Panorama de Puerto Valdivia una semana después de la primera emergencia en HidroituangoLos diez procesos restantes están en indagación, proceso sancionatorio, formulación de cargos o etapa probatoria.Lo que investiga la FiscalíaEl 27 de febrero la Fiscalía calificó de “El Pecado Original” la investigación en el caso de Hidroituango. Ese día el propio fiscal Néstor Humberto Martínez anunció dos líneas de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación. Las primeras pesquisas son por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato BOOMT, con el que EPM se convirtió en el constructor de la obra. En este caso, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango (cargos al momento de la adjudicación del contrato) fueron llamadas a imputación de cargos. Además, 8 exmiembros de junta directiva están citados a interrogatorio el próximo 30 de abril.El segundo eje de investigaciones en la Fiscalía es por los daños ambientales al río Cauca. En este caso el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta deberá presentarse a una audiencia de medidas urgentes el próximo 6 de mayo en los juzgados penales municipales con control de garantías en Bogotá.Lea también: Casa de máquinas está desinundada: EPMEn Contraloría y Procuraduría hay 13 funcionarios y exfuncionarios investigadosEntre la Procuraduría y la Contraloría se analizan más de 30 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.En la Procuraduría los procesos están en la fase de indagación preliminar y este ente de control tiene la lupa en las decisiones administrativas y ambientales del proyecto. En este caso hay 13 funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre ellos, actuales gerentes y directivas de EPM; también anteriores, como Juan Esteban Calle. Además, investigan las actuaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez.En la Contraloría ya se determinó 35 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria y ocho, además, con presunta connotación penal. Estos últimos por supuestas irregularidades en el manejo de material de construcción sobre quebradas y el comienzo de obras por fuera de la licencia ambiental.Por parte de ese ente hay un control excepcional a Hidroituango que espera definir el futuro de las investigaciones en septiembre de 2019.Las investigaciones fueron trasladadas al despacho del propio contralor Felipe Córdoba que dispuso de investigadores que se encargaron de Reficar para que sean ellos mismos los que determinen qué pasó en Hidroituango, para lo que revisan hasta 200 contratos.
Locales cerrados, viviendas abandonadas y calles desoladas es el panorama actual en el corregimiento de puerto Valdivia en Antioquia.Luz Marleny Morales es madre cabeza de familia y sobrevive desde hace tres años vendiendo jugo de naranja a solo dos cuadras del río Cauca. Ella, desde aquel 28 de abril de 2018 cuando ocurrió el primer derrumbe en el proyecto, no ha podido vivir tranquila con miedo a que el afluente arrase con todo.Las ventas disminuyeron en casi un 80 por ciento, pues muchos habitantes no han regresado y luego de un año Puerto Valdivia aún está en alerta roja.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPM“Antes de la emergencia yo me hacía en el día de 50 a 60 mil diarios. Y ahora no soy capaz, cuando hago mucho son 12 mil pesos”, relató.Luz Marleny estuvo evacuada durante seis meses, tiempo en el que tuvo que desplazarse al municipio de Valdivia, a cambiar su vida y la de sus hijos que tuvieron que ingresar a un nuevo colegio. Pese a que pudieron regresar desde diciembre del año pasado, la zozobra continúa pues temen que en cuestión de minutos el corregimiento quede 70 metros bajo el agua.“Yo ya me siento tan decepcionada de la vida que me dan ganas de recoger todas mis cositas e irme, no se para dónde. A cualquier hora dicen qué hay que salir corriendo otra vez, entonces a mí me toca dejar todo para volver a salir para arriba a llevar del bulto”.
Desde el interior del corazón del proyecto, las directivas de EPM confirmaron que, pese a que en mayo de 2018 lograron sacar algunos equipos de casa de máquinas antes de inundarla, las pérdidas de lo que quedó allí dentro podrían costar 110 millones de dólares. El vicepresidente, John Maya, explicó que cuando ocurrió la contingencia en el proyecto había dos turbinas de generación casi listas, una en 85 por ciento y otra en 60 por ciento, por lo que el avance general del proyecto estaba en 87 por ciento. Vea también: Pese a Hidroituango, EPM generó transferencias por 1,3 billones de pesos a Medellín Ahora, debido a las contingencias, el avance del proyecto está en 77 por ciento. Además, anunciaron que el próximo lunes una firma canadiense iniciará un estudio internacional para determinar la seguridad de las condiciones de casa de máquinas.
Fueron 20 las fotografías reveladas por EPM, en las que se observa gran parte de casa de máquinas, donde avanza la segunda etapa de desinundación y limpieza. De allí han sido retiradas 355 toneladas de roca, incluyendo una de gran tamaño y siete toneladas de peso. El alcalde Federico Gutiérrez explicó que hay daños en la parte baja y en la maquinaria, como era previsible, pero son recuperables y confirmó que la infraestructura principal de la caverna se encuentra en buen estado.Le puede interesar: Este es el actual estado de la casa de máquinas de Hidroituango “Pero lo más importante es el estado de la caverna, que estuvo expuesta a grandes presiones porque estuvo inundada y presurizada. Vemos que la caverna sigue en pie y lo otro es trabajo de recuperación”, explicó el alcalde. Con el panorama que se observa en las fotos, de rocas, carillas y empalizadas, se confirma que la recuperación no será en tres meses sino en ocho meses.Lea también: EPM pronostica que limpieza de casa de máquinas de Hidroituango tardará hasta 8 meses
Durante el anuncio de la publicación de su segundo libro sobre Hidroituango, que será la próxima semana, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, volvió a cuestionar a EPM sobre las decisiones relacionadas con el proyecto. “El peor favor que se le hace a Empresas Públicas de Medellín o a cualquier otra empresa del mundo es aplaudir cuando se equivoca. No hay error más grave que ese. Si uno quiere destruir una empresa, simplemente tápele errores y aplauda cada que se equivoca”, dijo el gobernador quien aseguró que en su próximo libro dirá si los túneles, en especial el que colapsó en abril de 2018, tenía o no diseños correctos y si la loza o el piso no se hizo por falta de información o por errores constructivos. “De nada sirve ser farsantes, la verdad es la que nos saca adelante”, agregó Luis Pérez quien cuestionó por qué la ingeniería y los constructores en Colombia pidieron castigos e investigaciones para los constructores de Space en Medellín, del puente Chirajara en el Meta o del puente Hisgaura en Santander y no han hecho, según él, pronunciamientos de fondo en el caso de Hidroituango. Lea además: Estudio de Skava me da la razón sobre Hidroituango: Luis Pérez En esta oportunidad, el gobernador lanzó cifras. “Mientras más estemos desunidos para empezar a recuperar a Hidroituango, más nos va a costar (…) cierren los ojos y despierten en un año cuando digan: el balance de EPM es de 5 billones de pesos de pérdidas, tenemos que adelantarnos para que eso ojalá no ocurra”. Finalmente, Pérez insiste en que en Hidroituango hay errores graves y que EPM está ocultando información relacionada con la megaobra.
Se conocieron nuevas imágenes de la casa de máquinas del proyecto Hidroituango.Esta vez se observa que el nivel del agua ha bajado de manera considerable hasta el punto de dejar ver el área de las gigantescas turbinas que ya estaban instaladas antes de inundar la caverna y ahora parecen estar un poco afectadas, pues se aprecian partes desmontadas.En las imágenes se ve que también hay espacios con sedimentos o pequeños escombros, sin embargo, se logra apreciar que el interior de la estructura se mantiene intacta. Le puede interesar: El protocolo que deben cumplir empleados para ingresar a casa de máquinas“En esto lo que va apareciendo son pedazos de madera, pedazos de concreto, seguramente los de mucha maquinaria que estaba allí. No solo estaban turbinas sino que había muchas cajas y maquinaria instalada y todo eso debió haber sido destruido por el agua y era muy predecible”, apuntó Ordóñez.Según EPM, todos los días están entrando grupos de expertos en geología, ingenieros y de seguridad industrial para los cuales se implementó una serie de protocolos con el fin de proteger a los encargados de verificar el estado de esta estructura. Diariamente ingresan entre cinco o seis personas que fueron, incluso, vacunadas contra la fiebre amarilla, el tétano y otras enfermedades de manera preventiva.
El ingeniero civil Óscar Puerta aseguró en diálogo con Blu Radio que se necesita un diagnóstico más completo sobre el megaproyecto Hidroituango, según lo requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. “Esto es una hipótesis de una causa más probable, puede haber otras que sean igualmente probables y vendrá seguramente un estudio de pares técnicos que permita contradecir o no el informe de Skava”, anotó. De acuerdo con el experto, Skava Consulting tiene bastante experiencia en el tema de túneles, pero no en un estudio más amplio de hidroeléctricas, por lo que no responde a todos los interrogantes que hay alrededor de la viabilidad y el nivel de riesgo en el macizo rocoso y la obra.Le puede interesar: Nosotros solo garantizamos que se cumpliera con diseños: ingeniero de Hidroituango Por su parte, la concejala María Paulina Aguinaga enfatizó en que el alcance del informe es “limitado". “El estudio únicamente nos remite a por qué falló el tercer túnel, pero acá la verdadera pregunta es por qué existió cuando no estaba contemplado en diseños iniciales, cuando los dos primeros túneles fueron mal construidos, cuando la misma interventoría advirtió que el consorcio constructor no tenía la capacidad para hacerlo”, señaló. Escuche la entrevista:
Es permanente el ingreso a casa de máquinas de Hidroituango para verificar el estado de la caverna. Todos los días están entrando grupos de expertos en geología, ingenieros y de seguridad industrial, para los cuales EPM implementó una serie de protocolos con el fin de proteger a los encargados de verificar el estado de esta estructura, considerada el corazón del proyecto. Según el vicepresidente de generación de energía, William Giraldo, diariamente ingresan grupos de cinco o seis personas que fueron, incluso, vacunadas contra la fiebre amarilla, el tétano y otras enfermedades de manera preventiva. “Hay personas que van revisando y van alumbrando el camino y determinando que no hayan lugares o piedras que puedan estar en riesgo de desprendimiento, que es lo más peligroso que puede haber. El aire y el ambiente que se respira allá está en buenas condiciones, eso nos permite tener seguridad con la parte de aireación de esas zonas”, explicó.Le puede interesar: EPM revela oficialmente fotografías de casa de máquinas EPM activó cinco motobombas para desinundar la estructura y avanzar en los trabajos de limpieza al interior. Según la empresa, los techos y las vigas se encuentran estables. En dos meses se podría conocer el estado del “corazón” de Hidroituango.
Luego de ser socializado el informe de la firma chilena Skava Consulting, que comprueba que la contingencia iniciada en abril del 2018 en Hidroituango se debió al mal diseño de uno de los túneles, la junta directiva de Hidroituango ratificó que EPM debe pagar 51.748 millones de pesos por los incumplimientos de los hitos 7 y 8, y el 9, que no se cumplirá en agosto, relacionados con la no entrada en funcionamiento del proyecto para generar energía. El gerente de Hidroituango, Gustavo Jiménez, explicó que sólo están haciendo cumplir lo establecido en el contrato BOOMT (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central).Le puede interesar: Nosotros solo garantizamos que se cumpliera con los diseños: ingeniero de Hidroituango "Realmente, esto lo que ratifica es el error constructivo, entonces los cobros por las notificaciones que hemos hecho estaban cumplidos bajo los parámetros del contrato BOOMT, entonces ahora hay que ratificarlos". Desde la junta de Hidroituango esperan la respuesta de EPM para saber cómo les van a pagar las facturas que han sido enviadas cada mes desde octubre de 2018.