Brasil reportó este viernes un récord de 3.650 muertos por coronavirus en 24 horas, en medio de una descontrolada pandemia que ya dejó más de 307.000 fallecidos en el país, informó el Ministerio de Salud.Desde mediados de febrero, Brasil registra una seguidilla de nuevos récords de muertes y contagios diarios y superó por primera vez la marca de los 3.000 óbitos en 24 horas el martes pasado. El promedio de fallecimientos en siete días es actualmente de 2.400, más del triple que a inicios de enero (703).El balance también mostró el viernes que 84.245 personas se contagiaron de coronavirus en las últimas 24 horas, sumando un total de 12,4 millones desde el primer caso registrado en febrero de 2020. El jueves, el número de infectados superó por primera vez los 100.000 en un día.Con 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país con mayor número de fallecidos y contagios por COVID-19, superado únicamente por Estados Unidos.La segunda ola de la pandemia parece sin freno, con una vacunación que avanza a pasos lentos, hospitales al borde del colapso y crecientes presiones sobre el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para resolver la crisis sanitaria, que amenaza con paralizar nuevamente la economía.Varios estados, entre ellos Sao Paulo y Rio de Janeiro, decretaron un feriado por diez días a partir de este viernes 26 hasta el 4 de abril, para disminuir los desplazamientos.En tanto, fabricantes de autos como Nissan, Toyota y Renault anunciaron una parada de 10 a 15 días en algunas de sus plantas para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores, al igual que Volkswagen y Mercedes-Benz.El gobierno intenta acelerar la vacunación, con el objetivo de inocular al menos un millón de personas por día, según anunció el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga.En total 12,64 millones de brasileños fueron vacunados hasta ahora, apenas un 5,9% de la población. Entre ellos, 3,92 millones recibieron la segunda dosis.
En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de Tarazá, Gladis Miguel, dijo que el mayor impacto de la contingencia en ese municipio fue en el aspecto económico, pues, aunque la situación no cobró vidas, sí cambió las dinámicas de los pobladores.“Inicialmente, tuvimos unas 8.000 personas en albergues, la atención fue prestada gracias a EPM, la Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Dapard, Cruz Roja y todo lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Fuimos atendidos bajo esa zozobra preparando a la comunidad para otra contingencia”, dijo la mandataria.Los proyectos productivos de habitantes de Puerto Antioquia y El 12 fueron afectados, al igual que algunas viviendas. El puente que comunica a dos corregimientos también quedó averiado.Le puede interesar: La solución completa para Hidroituango puede tardar tres años: EPM“Estamos esperando a ver cómo sigue lo de Hidroituango para hacer un mejoramiento por parte de Invías”, señaló la alcaldesa.Tarazá tiene 45.000 habitantes, 20.000 de ellos en la parte urbana. El municipio ha sido golpeado por la tensa situación de orden público producto de las disputas de grupos ilegales.“Este año se han presentado dos desplazamientos masivos. Uno en enero y otro en Semana Santa, la mayoría se ha ido para Medellín o a municipios de la costa”, dijo la mandataria.Escuche la entrevista:
A un año de que comenzara la crisis en el proyecto Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín estima que la recuperación de la megaobra tarde por lo menos tres años.En entrevista con Blu Radio, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que ya se han mitigado algunos riesgos, pero aún falta el taponamiento técnico de los túneles de desviación, lo que una vez terminado permitiría que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo levante la alerta roja sobre el corregimiento de Puerto Valdivia.“El trabajo que se hizo sobre la presa es muy importante. Ya se retomó su construcción por encima de la cota 418. Ya con el cierre de las compuertas evitamos el segundo gran riesgo que era toda la afectación que había en la zona de captación al interior de casa de máquinas y en este momento estamos muy concentrados en hacer el taponamiento técnico y allí todavía existe un factor de riesgo”, explicó Londoño.Le puede interesar: Gobernador reiteró a EPM que debe pagar costor por contingencia en HidroituangoEl gerente añadió que se espera que dos unidades de la hidroeléctrica comiencen a funcionar en 2021, en el año siguiente otras dos y así hasta 2024.Frente al deslizamiento que se presentó este fin de semana cerca del embalse, Londoño dijo que se está haciendo la evaluación de cómo pudo haber afectado una de las líneas de transmisión en el proyecto.Escuche la entrevista:
Un año después de la contingencia en Hidroituango, la comunidad de Puerto Valdivia aún no se recupera de la creciente que obligó a la evacuación de toda una población. Ahora todos los sectores registran pérdidas millonarias y piden apoyo del Gobierno Nacional.Después de un año de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico hay un común denominador en el casco urbano del corregimiento de Puerto Valdivia: almacenes, bares, droguerías y restaurantes en completa soledad.Los comerciantes reabrieron sus negocios en diciembre de 2018, luego de seis meses de haberlos dejado abandonados, pero solo ha traído pérdidas.Marceliano Barragán, propietario de un almacén de ropa, no entiende por qué, si Puerto Valdivia aún está en alerta roja, los organismos de emergencia permiten el retorno de la zona comercial, pero no de la mayoría de las viviendas, que hace que los sectores de la economía sean productivos.“Nos encontramos muy abandonados por el proyecto Hidroituango y el Gobierno nacional. La parte comerciante que éramos más de 3.000 ahora somos 1.000”, manifestó Barragán.Lea también: La lucha de los pescadores por sobrevivir en Puerto ValdiviaSi antes se vendía diariamente hasta un millón de pesos, ahora esa cifra solo alcanza 100.000, lo que vale un pantalón y una camiseta. Después de un año siguen clamando apoyo del Gobierno Nacional.Ahora nadie quiere comprar en Puerto ValdiviaTras un año de la inundación, numerosas casas están en venta o arriendo, pero están devaluadas hasta un 60%. El arriendo de una vivienda que antes valía 280.000 pesos ahora está en 150.000.Sobre la carretera principal están ubicada las casas de propiedad de la familia de Blanca Arroyave, quienes han vivido toda su vida en Puerto Valdivia. En su interior hay tres alcobas, sala comedor, cocina y baño, de las más amplias del sector.Vea además: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEn abril de 2018, las casas fueron puestas en venta por un valor de 80 millones, inició la contingencia de Hidroituango, y un año después no ha aparecido el primer interesado en la compra pese a que ahora se están pidiendo 30 millones.Mientras en el corregimiento el valor de los arriendos disminuyó hasta un 60%, en el municipio de Valdivia, en la parte alta de la montaña y donde están alojados la mayoría de los evacuados, el alquiler aumentó casi al doble.
En su plan para defender la compra de los aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kfir, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este miércoles una mesa de trabajo con la Procuraduría para socializar la estructuración del proceso de contratación con el fabricante sueco, Saab.Si bien el Ministerio Público no tiene ninguna actuación vigente sobre este contrato, que rodea los $16,5 billones, el ministerio pidió su acompañamiento para mantener los estándares de transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios complementarios.Durante la sesión, el ministro y su equipo reiteraron que cada fase del proyecto ha sido abordada con rigurosidad técnica y siguiendo protocolos de planeación previamente establecidos. Asimismo, subrayaron que toda la información relacionada con la compra ha sido puesta a disposición de los organismos competentes, atendiendo a los principios de transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, considerados por la entidad como sagrados.El encuentro se da previo al que tendrá este jueves el ministro Sánchez con la Contraloría, que sí ha emitido varias alertas por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato, del que no se tienen mayores detalles.Y es que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que su dependencia no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa.La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2:00 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad, pues en una primera solicitud la respuesta fue que los datos tienen “carácter de reserva”.El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos y por eso ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de liquidez.Esta misma semana la multinacional sueca Saab defendió la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano, afirmando que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países, aunque no reveló los números fijos detrás de este.
Un reciente análisis sobre el financiamiento empresarial en Colombia reveló que mujeres y jóvenes encabezan el acceso a créditos digitales para mipymes, en un contexto donde el 62 % de estas unidades productivas no logra acceder a crédito formal, según el Instituto Global McKinsey. Esta realidad limita su expansión, pese a que representan el 98 % del tejido empresarial y generan el 80 % del empleo del país, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La falta de historial financiero, errores contables y el bajo capital declarado son algunas de las razones por las que aproximadamente el 25 % de las solicitudes de crédito empresarial son rechazadas, según datos de la fintech colombiana Kito. En el caso de las microempresas, la cifra supera el 50 %, obligando a numerosos negocios a operar sin herramientas suficientes para crecer o sostenerse en momentos económicos complejos.Mujeres y jóvenes lideran el accesoAnte este panorama, Kito ha logrado abrir un nuevo camino de inclusión financiera: alrededor del 70 % de los empresarios rechazados por bancos tradicionales ha encontrado alternativas de crédito dentro del sector formal a través de la plataforma. En menos de dos años, la fintech ha recibido más de 800 solicitudes por más de 150.000 millones de pesos, aprobando 5.500 millones en 2024 y proyectando desembolsos superiores a 15.000 millones para 2025. El impacto ha sido especialmente significativo entre mujeres y jóvenes empresarios, quienes conforman el 70 % de los beneficiarios, con un 42 % de liderazgo femenino. Sectores como servicios tecnológicos, industria, manufactura, comercio y servicios generales concentran las mayores solicitudes de crédito, impulsando incrementos en ventas entre el 15 % y el 40 % y permitiendo incluso la apertura de nuevos puntos de venta en algunos casos.Gracias a un modelo que integra tecnología propia, inteligencia artificial y scoring alternativo, los empresarios pueden acceder a evaluaciones y propuestas de financiación sin desplazamientos ni trámites extensos.
Un terremoto de magnitud 6 sacudió este jueves el condado de Aheqi, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales. El sismo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor. El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional.El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya. Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
El periódico Dallas Express reveló una carta dirigida al presidente Donald Trump por Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2025, Carvajal expone una serie de señalamientos sobre la actuación del régimen venezolano, particularmente en asuntos relacionados con narcotráfico, criminalidad transnacional y presuntas operaciones de inteligencia.Carvajal, quien afirma encontrarse detenido en una cárcel estadounidense tras declararse culpable de cargos por conspiración de narcoterrorismo, explica que la misiva busca “expiar culpas” y ofrecer información que, según él, permitiría a Estados Unidos anticiparse a amenazas que asegura haber presenciado durante su trayectoria dentro del aparato de seguridad venezolano.Nexos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los SolesEn el primer apartado, titulado “Narcoterrorismo”, Carvajal sostiene que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se consolidó una estructura criminal que, afirma, empleó el tráfico de drogas como herramienta política y estrategia contra Estados Unidos. Según su versión, esta organización sería conocida actualmente como el Cartel de los Soles.El exfuncionario señala que esta presunta red habría contado con apoyo de grupos armados como FARC y ELN, además de apoyo operativo de estructuras extranjeras. Añade que, de acuerdo con su experiencia, las drogas enviadas a Estados Unidos no eran operaciones aisladas de narcotraficantes, sino acciones planificadas por altos funcionarios del régimen.El Tren de Aragua y la exportación del crimenEn un segundo capítulo, Carvajal describe su supuesta presencia en discusiones internas en las que —según la carta— se habría decidido organizar bandas criminales para defender al régimen. Entre ellas menciona al Tren de Aragua, grupo que en los últimos años ha sido señalado por autoridades de varios países como una organización delictiva multinacional.El exjefe de inteligencia asegura que la estructura habría crecido con el apoyo de instituciones oficiales venezolanas y que, en determinado momento, se habría ordenado el envío de miembros de estas bandas al exterior. La carta indica que esta movilización obedecería a una estrategia para reducir artificialmente la criminalidad interna y perseguir opositores fuera del país.Carvajal afirma que, con la política de fronteras más flexibles durante el gobierno Biden–Harris, estos grupos encontraron oportunidad para desplazarse hacia Estados Unidos, donde —siempre según el documento— habrían continuado actividades delictivas.Acusaciones sobre espionaje y cooperación con RusiaEn un tercer apartado, el exfuncionario venezolano afirma que la inteligencia rusa habría propuesto intervenir cables submarinos de internet que conectan América del Sur y el Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense. Carvajal asegura haber advertido sobre ese riesgo en 2015, aunque su supuesta preocupación no fue atendida.También sostiene que durante dos décadas se habrían enviado espías a Estados Unidos, algunos supuestamente encubiertos como opositores venezolanos. Menciona además que la inteligencia cubana habría participado en operaciones de largo plazo en territorio estadounidense.Smartmatic y procesos electoralesEn el último punto, Carvajal se refiere a Smartmatic, compañía que en su origen estuvo asociada a procesos electorales venezolanos. Según afirma, el sistema electoral basado en esta tecnología “puede ser alterado”, y sostiene que el software habría sido utilizado dentro de Venezuela para manipular procesos electorales. Aunque no asegura que todas las elecciones en otros países donde opera la tecnología hayan sido alteradas, sí sostiene que la manipulación es técnicamente posible.Llamado final y respaldo a TrumpCarvajal concluye la carta afirmando que el régimen venezolano representa, en su opinión, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al emplear “drogas, pandillas, espionaje y procesos democráticos” como armas. También declara su respaldo a las políticas de Donald Trump hacia Venezuela, asegurando que se trata de acciones tomadas en “legítima defensa”.Finalmente, afirma estar dispuesto a proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses.
Se cumple un año de la coyuntura en Hidroituango, que cambió completamente los planes trazados para esa megaobra y la vida de las comunidades en su área de influencia. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, manifestó que lo más importante logrado hasta la fecha es la disminución de riesgo en el proyecto, pues la posibilidad tanto de una avalancha como de una creciente son mínimas y lo que sigue ahora es continuar en la recuperación de la obra para garantizar la tranquilidad de las personas aguas abajo y la operación de la hidroeléctrica. “En cuanto a lo técnico tenemos varios frentes de trabajo, realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y reparar casa de máquinas. En lo social estamos esperando levantar la alerta roja para permitir así el retorno de las familias evacuadas, así como la reconstrucción de los puentes dañados por la avalancha”, explicó de la Cuesta. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó que 12 meses después de la primera emergencia, no se ha perdido una sola vida humana, esto gracias a las medidas tomadas tanto en la obra como en las poblaciones ubicadas en zona de influencia. Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaron Por su parte, Gustavo Jiménez, gerente de EPM, señaló que en este momento comienza de nuevo a edificarse el proyecto, esto dentro de un cronograma planteado para que la operación de al menos dos máquinas en el segundo semestre de 2021. Agregó que también se debe trabajar en atender todas las investigaciones que enfrenta la construcción. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que, justo este domingo, presentará un informe detallado de la situación actual del proyecto, esto luego de una semana de revisión con varios representantes de dependencias departamentales, quienes entregarán balances sobre lo técnico, social y ambiental. “Esta es una obra que va a tener unas investigaciones muy fuertes no solo ahora sino en los próximos 5 o 10 años", afirmó Pérez. Vea además: Los retos de Hidroituango un año después de la contingencia
Este domingo en el Bajo Cauca muchos ven el río y recuerdan cómo hace un año empezaron los problemas con la megaobra y aún no terminan. Aunque muchos de los habitantes pensaban salir a marchas a las calles para exigir reparación a los males causados, Isabel Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, denunció que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.“Es una gran preocupación para nosotros que no nos sea posible protestar porque no hay condiciones de seguridad, cómo es posible que en el Bajo Cauca, Cáceres y Tarazá no podamos protestar y salir a hacer nuestra manifestación”, manifestó Zuleta.Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaronDesde Ríos Vivos insisten en que ha pasado un año y desde Hidroituango aún no hay soluciones claras para pescadores, familias albergadas y menos para el daño ambiental al río.
Ya se cumple un año de la primera gran emergencia del proyecto Hidroituango, cuando se taponó el túnel de desviación, el mismo que el 12 de mayo se destaponó y causó una creciente en el río Cauca que destruyó puentes y casas en el corregimiento de Puerto Valdivia.Jorge Londoño, gerente de EPM, habló sobre los retos que hoy enfrenta el proyecto que, en medio de investigaciones y planes de emergencia, busca operar con normalidad y a su vez devolverles la tranquilidad a los habitantes aguas abajo de la presa.“Hay cuatro grandes frentes: realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y consolidar casa de máquinas y repararla”, dijo.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPMFrente al tema social, el gerente dijo que esperan que, una vez baje la alerta roja, regresen a sus hogares más de mil familias que están evacuadas y reconstruir la infraestructura afectada por la creciente, especialmente en el corregimiento de Puerto Valdivia.EPM anunció en las últimas horas un derrumbe ocurrido en la mañana del viernes en el sector izquierdo del embalse del Hidroituango, a dos kilómetros del proyecto, según la empresa, debido a la temporada de lluvias. Además, no representaría riesgo para la comunidad.
En un cuarto permanecen arrumadas las atarrayas de los pescadores de Puerto Valdivia por la baja cantidad de peces, según ellos, por la contingencia de Hidroituango y que, aseguran, mató al río Cauca.De 250 peces al día, el promedio ahora es de 20 y algunos pescadores han tenido que buscar otros trabajos.El año pasado solo bastaba una hora por día para que quienes viven del río Cauca en Puerto Valdivia tuvieran en sus lanchas entre 200 y 250 pescados.Luego del cierre de las compuertas de Hidroituango que disminuyó el nivel del afluente con cifras históricas, el panorama es diferente. Estos hombres permanecen ahora a orillas del río, caminando, mirando sus anzuelos que llevan tres días sin coger su presa.Le puede interesar: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEste sector ha ido desapareciendo poco a poco desde que inició la contingencia que ya cumple un año. Un pequeño cuarto destruido por la creciente del río el 12 de mayo es el lugar donde ya permanecen las redes de pesca y las canoas la mayor parte del tiempo.“Antes de la contingencia cogíamos cantidad de animales, ahora en totalidad no se coge absolutamente para nada ni para comercializar. El monitoreo del río afecta mucho también los anzuelos y los tramayos, estaban arrumados en piezas”, dijo Jesús Cárdenas, uno de los pescadores, quien tuvo que emplearse en una carnicería para sobrevivir.Con la esperanza de recolectar algunos pescados, Jesús lanza una vez más la red, un minuto después solo obtuvo tres de tipo comelones.
El canto de los pájaros se mezcla con el sonido del imponente río Cauca sobre Puerto Valdivia. Los niños jugando, los caballos galopeando y la música de las grabadoras no se volvieron a escuchar en la parte baja del corregimiento, a orillas del río, donde ya se cumple un año de evacuación por la contingencia en Hidroituango.Normandina Cuadros tiene 65 años y vive desde hace 18 en Puerto Valdivia, tiene una improvisada fábrica de arepas que hasta hace 12 meses distribuía en toda población.El 12 de mayo de 2018 tuvo que salir de su casa corriendo con sus tres hijos y nietos. Desde hace 4 meses pudo regresar, su casa es el límite entre las familias que pueden retornar y quienes no.Le puede interesar: Lluvias provocan deslizamiento en embalse de Hidroituango“Nos hacían levantar a cualquier hora de la noche lloviendo para un estadero alto. Ese día era la misa de las mamás muertas y yo miré para el lado de la iglesia y vi que el agua del Cauca estaba entrando por las ventanas de una casa”.Ahora, sus vecinos están fuera de Puerto Valdivia. Algunos permanecen autoalbergados en Yarumal, Medellin o Briceño lo que significó que, así como varias casas aledañas se derrumbaron, también se desmoronó su negocio de arepas.
Empresas Públicas de Medellín informó de un nuevo deslizamiento de tierra en la madrugada de este viernes, en el sector izquierdo del embalse de Hidroituango.Según la empresa, el deslizamiento está a dos kilómetros del embalse, cerca de la quebrada Burundá, al otro lado de la captación de casa de máquinas.Le puede interesar: Panorama en Puerto Valdivia un año después de la primera emergencia en HidroituangoEn el comunicado, EPM asegura que el deslizamiento se debe a la temporada de lluvias que afronta el país porque "con estos episodios climáticos saturan los suelos y donde las laderas son muy pendientes, (...), es previsible que ocurran este tipo de hechos."La empresa evalúa la posible afectación a una lancha de un particular", e insiste EPM en que este deslizamiento no representa riesgos para la comunidad, ni para el proyecto.
La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la ANLA son las instituciones que tienen en sus despachos miles de folios en investigaciones contra EPM, Hidroituango y los involucrados en contratos y adjudicaciones de la megaobra.Procesos en la ANLAHidroituango tiene licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente en enero de 2009 y, desde la creación de la ANLA en 2011, es esta última la encargada de velar por su cumplimiento. En esta entidad hay cerca de 12 procesos en curso, de los cuales dos ya tienen una sanción contra los dueños de la obra.La primera es una multa de 2.419 millones de pesos por malos manejos ambientales en obras de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle, lo que hizo que se instalaran dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso.La segunda multa es de 2013 por más de 4.000 millones de pesos por la obstrucción de la quebrada el Tenche, justo en la zona donde están los túneles de desviación del río Cauca.Le puede interesar: Panorama de Puerto Valdivia una semana después de la primera emergencia en HidroituangoLos diez procesos restantes están en indagación, proceso sancionatorio, formulación de cargos o etapa probatoria.Lo que investiga la FiscalíaEl 27 de febrero la Fiscalía calificó de “El Pecado Original” la investigación en el caso de Hidroituango. Ese día el propio fiscal Néstor Humberto Martínez anunció dos líneas de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación. Las primeras pesquisas son por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato BOOMT, con el que EPM se convirtió en el constructor de la obra. En este caso, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango (cargos al momento de la adjudicación del contrato) fueron llamadas a imputación de cargos. Además, 8 exmiembros de junta directiva están citados a interrogatorio el próximo 30 de abril.El segundo eje de investigaciones en la Fiscalía es por los daños ambientales al río Cauca. En este caso el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta deberá presentarse a una audiencia de medidas urgentes el próximo 6 de mayo en los juzgados penales municipales con control de garantías en Bogotá.Lea también: Casa de máquinas está desinundada: EPMEn Contraloría y Procuraduría hay 13 funcionarios y exfuncionarios investigadosEntre la Procuraduría y la Contraloría se analizan más de 30 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.En la Procuraduría los procesos están en la fase de indagación preliminar y este ente de control tiene la lupa en las decisiones administrativas y ambientales del proyecto. En este caso hay 13 funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre ellos, actuales gerentes y directivas de EPM; también anteriores, como Juan Esteban Calle. Además, investigan las actuaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez.En la Contraloría ya se determinó 35 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria y ocho, además, con presunta connotación penal. Estos últimos por supuestas irregularidades en el manejo de material de construcción sobre quebradas y el comienzo de obras por fuera de la licencia ambiental.Por parte de ese ente hay un control excepcional a Hidroituango que espera definir el futuro de las investigaciones en septiembre de 2019.Las investigaciones fueron trasladadas al despacho del propio contralor Felipe Córdoba que dispuso de investigadores que se encargaron de Reficar para que sean ellos mismos los que determinen qué pasó en Hidroituango, para lo que revisan hasta 200 contratos.
Locales cerrados, viviendas abandonadas y calles desoladas es el panorama actual en el corregimiento de puerto Valdivia en Antioquia.Luz Marleny Morales es madre cabeza de familia y sobrevive desde hace tres años vendiendo jugo de naranja a solo dos cuadras del río Cauca. Ella, desde aquel 28 de abril de 2018 cuando ocurrió el primer derrumbe en el proyecto, no ha podido vivir tranquila con miedo a que el afluente arrase con todo.Las ventas disminuyeron en casi un 80 por ciento, pues muchos habitantes no han regresado y luego de un año Puerto Valdivia aún está en alerta roja.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPM“Antes de la emergencia yo me hacía en el día de 50 a 60 mil diarios. Y ahora no soy capaz, cuando hago mucho son 12 mil pesos”, relató.Luz Marleny estuvo evacuada durante seis meses, tiempo en el que tuvo que desplazarse al municipio de Valdivia, a cambiar su vida y la de sus hijos que tuvieron que ingresar a un nuevo colegio. Pese a que pudieron regresar desde diciembre del año pasado, la zozobra continúa pues temen que en cuestión de minutos el corregimiento quede 70 metros bajo el agua.“Yo ya me siento tan decepcionada de la vida que me dan ganas de recoger todas mis cositas e irme, no se para dónde. A cualquier hora dicen qué hay que salir corriendo otra vez, entonces a mí me toca dejar todo para volver a salir para arriba a llevar del bulto”.
Desde el interior del corazón del proyecto, las directivas de EPM confirmaron que, pese a que en mayo de 2018 lograron sacar algunos equipos de casa de máquinas antes de inundarla, las pérdidas de lo que quedó allí dentro podrían costar 110 millones de dólares. El vicepresidente, John Maya, explicó que cuando ocurrió la contingencia en el proyecto había dos turbinas de generación casi listas, una en 85 por ciento y otra en 60 por ciento, por lo que el avance general del proyecto estaba en 87 por ciento. Vea también: Pese a Hidroituango, EPM generó transferencias por 1,3 billones de pesos a Medellín Ahora, debido a las contingencias, el avance del proyecto está en 77 por ciento. Además, anunciaron que el próximo lunes una firma canadiense iniciará un estudio internacional para determinar la seguridad de las condiciones de casa de máquinas.
En entrevista con Mañanas BLU, el coordinador de obras civiles de Hidroituango, Juan Carlos Gallego, se refirió al informe causa raíz revelado el viernes por la firma chilena Skava Consulting. Dado que el estudio arrojó que la contingencia ocurrida a finales de abril de 2018 tenía su origen en problemas de diseño en la fase previa a la construcción, el ingeniero apuntó que Integral, la empresa encargada de esa parte, tenía autonomía en la planeación y ejecución de las obras. “Nosotros lo que hacemos dentro de grandes proyectos es contar con firmas de altísima experiencia, EPM fue garante de que todos planos de construcción que fueron entregados dentro del alcance de los contratos de diseño y asesoría fueran implementados en la obra y fueran construidos con las calidades y materiales indicados en las especificaciones técnicas”, precisó.Le puede interesar: Integral S.A estudia informe de Skava sobre Hidroituango Gallego añadió que el estudio causa raíz fue entregado a Integral y aclaró que Skava se centró propiamente en la galería auxiliar de desviación y que no se emitieron conceptos sobre la estabilidad de otras estructuras de la obra.Escuche la entrevista completa:
Luego de 10 meses de inicio de la contingencia en Hidroituango, la empresa chilena Skava Consulting entregó los resultados del estudio causa-raíz de lo que pudo haber originado la emergencia en el proyecto.Según estas conclusiones, la hipótesis más fuerte y con mayor probabilidad es que la obstrucción del túnel de la galería auxiliar de desviación se debió a la presión del agua, que provocó la erosión de la roca en zonas débiles.Según Leonardo Bustamante, de la firma Skava, “esas zonas de debilidad no fueron tratadas adecuadamente debido a una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría”, según dijo en rueda de prensa.Esto quiere decir que, durante el proceso de construcción, a medida que se iba revisando y asesorando sobre los ajustes que se debían hacer al túnel, no se tuvo en cuenta que había puntos débiles en el macizo que se debían reforzar, especialmente en la zona del piso del túnel.Según Epm, esta asesoría estuvo a cargo del consorcio Generación Ituango, conformado por las firmas Integral y Solingral, que deberán dar las explicaciones técnicas sobre esta falla.Esta investigación fue realizada por siete ingenieros alemanes, suizos y chilenos.La firma chilena llegó a estas conclusiones basados en la evidencia documental y analítica que tenían disponible pues no tienen acceso al túnel afectado debido a que permanece inundado.
En Mañanas BLU 10:30 académicos expusieron los escenarios de riesgo frente al avance de obras en Hidroituango, en vista de los inconvenientes técnicos qeu ha presentado el proyecto. El profesor de la Universidad Nacional Modesto Portilla anotó que desde hace décadas cuando se pensó en la construcción de la represa ya se había advertido a la empresa Integral sobre el terreno en el que se estaba levantando e igualmente, indicó que la contingencia que se presentó en mayo de 2018 seguiría teniendo repercusiones en otras estructuras de la obra. Por su parte, el docente de la Universidad de los Andes Juan Saldarriaga dijo que EPM debe abordar de otra manera el trabajo con las comunidades, pues las afectaciones ambientales serían irreversibles y el río Cauca “ya no es el mismo”.Le puede interesar: La historia de la adjudicación "a dedo" para construir Hidroituango La preocupación por los efectos del proyecto Hidroituango se extiende a los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, expresó que no han sido tenidos en cuenta por EPM en las discusiones importantes tras la contingencia, mientras que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, advirtió que la población ha resentido los cambios en el río Cauca.Escuche la entrevista completa:
La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que imputará cargos a dos exdirectivos de Hidroituango, en emergencia desde mayo del año pasado, por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de la firma Empresas Públicas de Medellín (EPM).Le puede interesar: Primeras imputaciones por presunta corrupción en la contratación de HidroituangoSe trata de Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.En un comunicado, la entidad explicó que las pesquisas apuntan a que la gerencia del proyecto, considerado el de mayor envergadura de este tipo en el país, adjudicó directamente a EPM la construcción y operación de la hidroeléctrica, a pesar de que otras firmas internacionales participaban en el proceso.Según una cronología presentada por el ente acusador, el origen de las investigaciones se remota a 2009, cuando la junta directiva de Hidroituango "decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obras" para que asumiera la construcción del proyecto con recursos propios y "responsabilidad individual de riesgos".Héctor Pinilla, investigador del caso Hidroituango en la Fiscalía, explicó, en diálogo con Mañanas BLU, que, tras esa decisión, en noviembre de ese año se realizó la primera invitación pública internacional para la contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación hidroeléctrica con capacidad de 2.400 MW.Precisó que, de esta forma, en febrero de 2010 siete empresas que presentaron su solicitud fueron aceptadas por Hidroituango para "construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande de Colombia".Las empresas que participaron en el proceso fueron China Three Gorges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A, Constructora Norberto Odebrecht S.A, Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A, Constructora Andrade Gutiérrez S.A y Empresas Públicas de Medellín (EPM).“Luis Guillermo Gómez y Luis Javier Vélez Duque toman la decisión y la llevan a su junta directiva de no acatar un proceso de oferta pública, algo que, tal como ellos lo sabían, era obligación de ley”. Según la Fiscalía, pese a la publicación de "las reglas para la adjudicación de los contratos", días después las directivas de Hidroituango suspendieron "el proceso de subasta por unas semanas"."Sin embargo, los socios avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, era EPM", agregó el ente acusador, que detalló que en noviembre de 2010 Hidroituango "informó a los seis oferentes internacionales y nacionales que el proceso de subasta quedaba cerrado".Pinilla señaló en BLU Radio que la compañía optó por contratar directamente a EPM bajo el argumento de que esta era "una empresa regional".“Al principio EPM no hacía parte directa de Hidroituango, luego ellos adquieren acciones y entran a hacer parte de esa sociedad. Un poco más adelante, en el año 2000, EPM ya está instalada en la hidroeléctrica. En el año 2009 esa sociedad, a la cual pertenece EPM, convoca una licitación y uno de esos socios participa ahí”, explicó Pinilla, quien cuestionó la falta de igualdad de condiciones con los otros participantes. Asimismo, puntualizó que la Fiscalía investiga “si se cumplieron o no los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia” en medio del proceso de licitación de la Hidroeléctrica. “La Fiscalía considera que no es legal la decisión adoptada y no es legal porque así lo orienta la ley. No solamente la ley que regula el sector energético, sino la Constitución, que exige y obliga a este tipo de empresas de servicios públicos someterse a los principios de selección objetiva y de transparencia”, apuntó el investigador.Escuche en el audio toda la historia de la adjudicación “a dedo” para construir Hidroituango:
Son dos los llamados a imputación de cargos por celebración de contratos sin los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroituango S.A, es decir, de la sociedad dueña del proyecto, y Luis Javier Vélez Duque, actual gerente de crecimiento de energía de EPM y quien fue gerente de la empresa EPM H.I que fue creada como compañía espejo por EPM para el contrato BOOMT.En diálogo con BLU Radio, Vélez Duque aseguró que no ha sido notificado por la Fiscalía y por lo tanto no quiso referirse al tema.Las firmas de estas dos personas llamadas a interrogatorio son las dos únicas que aparecen en el contrato BOOMT. La de Gómez Atehortúa en representación de la sociedad Hidroituango y la de Vélez Duque en representación de la empresa espejo.Le puede interesar: Así transcurrió la audiencia pública de vigilancia de HidroituangoAdemás de los dos llamados a imputación de cargos, hay 7 personas llamadas a interrogatorio.Álvaro Villegas Moreno: Fue miembro principal de la junta de la sociedad Hidrotuango para 2010, cuando se firmó el contrato BOOMT que es en el que hoy puso la lupa la Fiscalía.Ana Cristina Moreno: Actual diputada de Antioquia y precandidata del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín. Entre 2008 y 2011 fue directora del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos. Ese cargo le dio asiento en la junta directiva de la sociedad Hidroituango y por eso deberá declarar.Hugo Alejandro Mora Tamayo: Fue miembro suplente en la junta de la sociedad Hidroituango en representación de Álvaro Villegas, también llamado a declarar.Juan Felipe Gaviria: Fue miembro suplente en la junta de la sociedad Hidroituango en representación del alcalde de Medellín en ese momento, Alonso Salazar.Jesús Arturo Aristizábal: Fue directivo de Empresas Públicas de Medellín y actuó como suplente en la junta de la sociedad Hidroituango, en representación del exgerente de EPM Federico Restrepo.Maximiliano Valderrama Espinosa: Fue secretario de productividad durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos y fue miembro suplente de la junta de la sociedad de Hidroituango.Juan Esteban Calle Restrepo: Exgerente de EPM entre 2012 y 2016, actual gerente del grupo Argos.Llama la atención que quienes hoy está en el ojo de la Fiscalía hayan actuado en calidad de suplentes, en representación de los más importantes funcionarios implicados en la historia de Hidroituango.En el mes de marzo serán los interrogatorios.
A las 9:00 de la mañana comenzó la primera audiencia de vigilancia preventiva citada por la Procuraduría General de la Nación en el caso Hidroituango. La cita se cumplió en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el ente de control citó a 27 personas, todas involucradas en la construcción de la obra o en las afectaciones aguas abajo. Los primeros en tomar la palabra fueron el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba, quienes fueron enfáticos en que se velará por el patrimonio de los antioqueños y se esperan las respectivas investigaciones para tomar medidas frente a las posibles irregularidades en el proyecto. Las comunidades aguas arriba y abajo del proyecto expusieron sus inconformidades con el proyecto. Exigieron ser escuchados y tenidos en cuenta en los puestos de mando unificados. Los mandatarios de Antioquia y Medellín sentaron sus posiciones y mientras Federico Gutiérrez insistió en que EPM está respondiendo por las afectaciones, el gobernador Luis Pérez recalcó que los errores que habrían incidido en la actual crisis de la megaobra. La Contaloría hizo advertencias importantes durante la jornada, como la posible alza en las tarifas de energía en todo el país que se derivaría de los atrasos en la hidroeléctrica.Le puede interesar: Primeras imputaciones por presunta corrupción en la contratación de HidroituangoMientras tanto, la Procuraduría recordó que este viernes se instaurará una acción popular por parte de los gobernadores del área afectada por Hidroituango, es decir, Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. El ente de control hizo un llamado a la articulación y anunció que, en ese sentido, el 24 de abril habrá un diálogo conjunto entre diferentes sectores.El Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA también acudieron a la cita: Por otro lado, este miércoles también se conocieron las primeras imputaciones a exdirectivos del megaproyecto por presunta corrupción en los contratos.