Llaman a juicio disciplinario a Álvaro Leyva por seguir en la Cancillería cuando fue suspendido

El nombre de Álvaro Leyva volvió a sonar en la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Instrucción Nación formuló pliego de cargos contra el exministro de Relaciones Exteriores por presuntamente continuar ejerciendo funciones como canciller a pesar de haber sido suspendido provisionalmente por el Ministerio Público desde el 24 de enero de 2024 por la polémica de los pasaportes y la firma Thomas Greg & Sons.La investigación señala que, una vez notificado de la medida de suspensión que tenía carácter inmediato y sin derecho a remuneración Leyva habría seguido desempeñando funciones propias del cargo.Entre los actos realizados durante el periodo de suspensión del 24 de enero al 6 de febrero de 2024, se encuentran la firma de al menos 19 notas diplomáticas, 76 resoluciones y varios actos administrativos, así como la solicitud de vigencias futuras para el ministerio.La Procuraduría sostiene que la conducta del exministro configura una presunta falta disciplinaria gravísima, tipificada en el Código General Disciplinario como el ejercicio de funciones públicas en contravía de una orden administrativa de suspensión.El expediente documenta que Leyva fue notificado formalmente de la suspensión mediante correo electrónico y que la Sala incluso le reiteró la obligación de acatar la medida en una providencia posterior, al evidenciar que no la estaba cumpliendo.Según la Procuraduría, no existió justificación válida para que Leyva continuara en funciones, lo cual implicaría un desconocimiento del principio de legalidad y del deber funcional que rige a todos los servidores públicos.La defensa del exministro argumentó en su momento que el cumplimiento de la medida le correspondía al presidente de la República, en tanto nominador del cargo.No obstante, la Sala precisó que la suspensión era de cumplimiento inmediato por parte del disciplinado, independientemente de decisiones del Ejecutivo.Sobre Álvaro Leyva aún pesa una suspensión de 10 años por parte de la Procuraduría que deberá ser confirmada en segunda instancia por el mismo Ministerio Público.