Según el ente acusador, con el fin de evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y garantizar la renovación de su licencia de funcionamiento estos 3 exdirectivos habrían presuntamente cometido actos ilícitos.
Junto al expresidente de la EPS fueron acusados también el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza, el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraz, y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta, quienes deberán responder en juicio por su presunta participación en un entramado de irregularidades contables.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, se identificaron 3.419.015 facturas correspondientes a deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que habrían sido ocultadas y dejadas de procesar deliberadamente.
Estas maniobras habrían permitido presentar ante la junta directiva una situación financiera ficticia, con cifras irreales en reservas técnicas, costos, ingresos y patrimonio.
La Fiscalía sostiene que los exdirectivos reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos, pese a que la EPS registraba pérdidas reiteradas año tras año.
Dicha información adulterada también fue entregada a la Superintendencia de Salud para impedir una posible intervención administrativa y lograr la continuidad de la entidad en el sistema.
Por estos hechos, los cuatro acusados enfrentarán juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.
La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 23 de febrero, fecha en la que se dará inicio formal al proceso judicial que definirá la responsabilidad de los exfuncionarios sobre este grave señalamiento.
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