Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, durante su ejercicio como gobernadores de Magdalena, fueron los responsables, según la Fiscalía, de los sobrecostos en la ejecución de la obra y otras posibles irregularidades que generaron pérdidas por 76.327 millones de pesos, en lo que se denominó la 'vía de la prosperidad'.
Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación los acusó formalmente como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Todo comenzó con el contrato 617 del 4 de octubre de 2013, que ascendió a un valor de 432.010 millones de pesos y contempló el mejoramiento del tramo vial que conduce de Palermo a Sitio nuevo, Remolino y Guáimaro (Magdalena), lo que se denominó en su momento como la 'vía de la Prosperidad'.
Según la Fiscalía, Cotes Habeych, cuando fue gobernador entre 2012 y 2015, al parecer, tramitó y celebró de manera irregular el contrato cuestionado, principalmente, por utilizar unos estudios y diseños desactualizados que terminaron por afectar su correcto desarrollo. Estas irregularidades y los dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de impuestos generaron pérdidas al departamento por 28.416 millones de pesos. Para la Fiscalía, el exgobernador habría permitido que avanzara en medio de sobrecostos.
En cuanto Rosa Cotes de Zúñiga, quien ejerció como gobernadora de Magdalena entre 2016 y 2019, dio vía libre a un otro sí y tres modificaciones hechas al contrato original, las cuales cambiaron las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución definidas inicialmente. Por estas actuaciones, se pagaron 47.911 millones de más por la obra.
Esto significa que el proyecto, que inicialmente estableció la construcción de 52.6 kilómetros en 35 meses, fue entregado muchos años después con tan solo 18.2 kilómetros ejecutados. Además, el precio pactado de 8.213 millones de pesos por kilómetro pasó a 18.179 millones de pesos.
Según los peritos especializados del CTI, las pérdidas totales para el departamento ascienden a 76.327 millones de pesos. Estos dineros corresponden a valores adicionales que se reconocieron al contratista por un proyecto vial que quedó totalmente inconcluso y que actualmente no cumple con los requerimientos establecidos.
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