Álvaro Uribe antes de conocer su condena: “Las crisis más difíciles son las de afectación personal”
Hoy llega a una nueva etapa el proceso judicial que ha mantenido en vilo a Colombia durante más de una década.
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A pocas horas de conocer la decisión judicial sobre su pena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió en la plataforma X (anteriormente Twitter) una reflexión personal sobre el proceso por el que terminó siendo condenado.
"Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos, pero con curiosidad objetiva. Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material. Y fundamentalmente la oración”, escribió el exmandatario.
Un tribunal halló culpable al exmandatario (2002-2010) de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares para evitar ser vinculado con estos escuadrones de ultraderecha, quienes cometieron numerosas masacres contra civiles en medio del conflicto armado con las guerrillas de izquierda. Este fallo en primera instancia, anunciado tras una audiencia de once horas, lo expone a una posible pena de hasta doce años de prisión. Sin embargo, la defensa del político de 73 años ha anunciado de inmediato que apelará la decisión.
Los cargos y el origen del proceso judicial
La condena de Álvaro Uribe se fundamenta en los delitos de "soborno en acción penal" y "fraude procesal". El código penal colombiano establece penas máximas de ocho y doce años, respectivamente, para estas infracciones, según precisó Dalila Henao, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Este proceso judicial se remonta al año 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema de Justicia al senador izquierdista Iván Cepeda.
La demanda se originó por las afirmaciones públicas de Cepeda, quien sostenía que paramilitares encarcelados habían declarado tener nexos con el entonces expresidente. Sin embargo, la dinámica del caso dio un giro inesperado en 2018, cuando Álvaro Uribe pasó de ser demandante a investigado, siendo señalado de manipular a testigos con el fin de perjudicar a Cepeda.
Un episodio clave en el desarrollo de la investigación ocurrió en 2020. En medio de las diligencias, Uribe, quien en ese momento se desempeñaba como senador, renunció a su curul en el Congreso. Esta maniobra tuvo una consecuencia directa: le hizo perder sus fueros, es decir, la prerrogativa de ser juzgado exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, lo que provocó que el caso pasara a la justicia ordinaria. Este cambio de jurisdicción ha sido un factor determinante en el avance del proceso hasta la condena actual.
Escenarios judiciales inmediatos: ¿Prisión o libertad?
Este viernes, se espera que la jueza a cargo del caso anuncie el monto exacto de la sanción, es decir, la cantidad de años que Uribe debería pasar en prisión. Más allá de la pena, una de las preguntas cruciales que se resolverán es si la jueza ordenará su captura de "inmediato" o si, como lo permite la ley, "le va a permitir defenderse en libertad", explicó a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.
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La Fiscalía, por su parte, ya ha solicitado nueve años de prisión domiciliaria para el exmandatario. No obstante, los juristas que han seguido de cerca el caso coinciden en que el escenario más probable es que Álvaro Uribe tenga la oportunidad de defenderse en libertad mientras se resuelve su apelación. Este recurso legal deberá ser anunciado formalmente por su defensa después de que la jueza exponga el detalle completo del veredicto, un documento que supera las mil páginas.
El camino de la apelación y sus argumentos
La defensa de Álvaro Uribe ha sido clara en su intención de recurrir el fallo. Han anunciado que el 11 de agosto presentarán formalmente una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Según el equipo jurídico del exgobernante, esta condena en primera instancia "no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes".
Ante esta apelación, el Tribunal Superior de Bogotá se enfrentará a dos posibles caminos, según Henao: "confirmar la decisión de la jueza", lo que significaría ratificar la condena, o "revocar el fallo de primera instancia y absolverlo".
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Entre los argumentos centrales de la defensa de Uribe se encuentra la supuesta manipulación de una grabación crucial. El exmandatario insiste en que una grabación obtenida con una cámara instalada en un "reloj espía", destinada a registrar el soborno de uno de sus abogados, fue manipulada y, por lo tanto, no puede ser utilizada como prueba en su contra. En dicha grabación, el jurista Diego Cadena, quien también enfrenta su propio juicio, es captado intentando sobornar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Monsalve es una figura clave en el caso, ya que acusa al expresidente de haber conformado un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago.
Además, la defensa del exmandatario sostiene que las interceptaciones telefónicas a su línea constituyen una violación a su privacidad, buscando deslegitimar otra parte de las pruebas presentadas.
La inminente fecha de prescripción
Un factor de tiempo crucial en este proceso es la fecha de prescripción. Miguel Ángel del Río, uno de los abogados de la contraparte, explicó a la AFP que el Tribunal Superior de Bogotá tiene la obligación de tomar una decisión antes del 16 de octubre. Si esta fecha límite no se cumple, "prescribirá la acción penal" y el caso se archivará, lo que significaría el fin del proceso sin una resolución judicial definitiva. El deseo de los demandantes es que "cada uno de esos hechos jurídicamente relevantes se confirmen y se materialicen" después de un proceso que ha durado más de una década.
A pesar de esta carrera contrarreloj, tanto Dalila Henao como Francisco Bernate ven como poco probable que el proceso prescriba. Henao considera que es poco factible "por ser un caso tan relevante", mientras que Bernate coincide rotundamente al afirmar que "el tribunal nunca deja prescribir un caso". La envergadura política y social del caso Uribe lo convierte en un expediente de alta prioridad para la justicia colombiana, lo que reduce las probabilidades de que se vea afectado por el paso del tiempo sin una decisión final.
El posible regreso a la Corte Suprema de Justicia
Independientemente de la decisión que tome el Tribunal Superior de Bogotá, el caso de Álvaro Uribe podría volver al lugar donde todo comenzó: la Corte Suprema de Justicia. En caso de que alguna de las partes —ya sea la defensa, la Fiscalía o el ministerio público— no esté de acuerdo con el dictamen del Tribunal Superior, tienen la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema.
Este recurso de casación es la última instancia en el sistema judicial colombiano para revisar un fallo. Una vez que este recurso es presentado, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de hasta cinco años para emitir un dictamen final. Una vez que la Corte Suprema se pronuncie, esa decisión será la última palabra en el caso, y no habrá espacio para ninguna acción legal adicional.
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