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Son tres contratos en los que Fiscalía involucra al hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y por los que le imputará el delito de peculado en por lo menos 1.680 millones de pesos y exigirá detención domiciliaria. Estas obras se contrataron, entre los años 2012 y 2015, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta.
Los contratos son los de la construcción de la Megabiblioteca, los CDI de Ciudad Equidad y de Bonda, y, la construcción del coliseo de Gaira, obras que además tuvieron retrasos y otras que a la fecha aún no se culminan.
Blu radio conversó con el abogado y exdirector nacional del CTI, Julián Quintana, quien explicó los alcances de la solicitud que hará el equipo de fiscales ante el Tribunal Superior de Bogotá.
“Los efectos jurídicos por la decisión de la Fiscalía son enormes, si el Tribunal de Bogotá ve que se reúnen los requisitos para imposición de la medida, el gobernador deberá ser suspendido y apartado de su cargo. El proceso continuará y el gobernador, bajo todas las garantías, deberá ser vencido en juicio y serán los jueces quienes tomarán la decisión final”, aseguró Quintana.
La decisión de la Fiscalía ha generado voces a favor y en contra. Jesús Rebolledo, militante de Fuerza Ciudadana, aseguró que se trata de una nueva persecución política.
“De nuevo el fiscal de bolsillo del uribismo el señor Barbosa, nuevamente activa, todo el aparato judicial en contra del progresismo en Santa Marta y el Magdalena. De nuevo persiguen a Carlos Caicedo intentando separarlo del cargo, yendo en contra a lo que en las urnas los magdalenenses elegimos. Respaldamos a nuestro gobernador y confiamos en su inocencia, sabemos que como en otros entramados que han intentado contra él en el pasado saldrá victorioso, se hará justicia”, precisó Rebolledo.
Por su parte Eduardo Jaramillo, edil y líder juvenil del Partido Conservador en Santa Marta y el Magdalena, exigió a las autoridades que se haga justicia:
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“Hago un llamado para que la justicia pueda actuar de manera objetiva, sin ninguna presión política ni ideológica. Este tipo de caso deben ser resueltos de fondo, porque al final lo que debe primar es salvaguardar los recursos de los samarios y magdalenenses. Por tal razón, solicito que de manera ágil se puedan realizar cada una de las etapas procesales y que los responsables paguen por el presunto desangre de los recursos, en particular el gobernador del Magdalena”, afirmó Jaramillo.
Blu Radio buscó conocer la posición del gobernador Caicedo y sus abogados, pero desde la jefatura de prensa informaron que se encuentran analizando el caso para dar declaraciones al respecto.
Recordemos que, este proceso, también está siendo investigados los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, por irregularidades en la vía a la prosperidad y otros contratos, por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.
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Hasta el momento no se conoce fecha de esta audiencia de imputación cargos y medida de aseguramiento contra los tres últimos gobernadores del Magdalena.
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