Colectivo Cajar alerta por retraso en fallo del juicio al coronel Mejía por falsos positivos

La demora en la lectura del fallo en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez encendió las alarmas entre las víctimas y sus representantes.Han pasado más de tres meses desde la culminación del juicio, el primero de carácter adversarial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a que la Ley de Procedimiento fija un plazo máximo de 60 días para la emisión de la sentencia.El 30 de octubre se cumplió dicho término sin que se haya anunciado la decisión, lo que ha generado preocupación sobre la celeridad del sistema de justicia transicional.Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, el retraso no solo vulnera el derecho de las víctimas a una justicia oportuna sino que abre la puerta a interpretaciones preocupantes.Sebastián Escobar, abogado del colectivo, señala que la demora genera inquietud, especialmente porque este es el único juicio que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.“Nos preocupa que este término no se cumpla cuando se trata de una jurisdicción que opera bajo un principio de estricta temporalidad (...) no actuar dentro del marco de este principio con celeridad puede afectar la propia legitimidad de la JEP y la confianza de las víctimas”, agregó Escobar.El proceso contra Mejía, excomandante del Batallón La Popa con sede en Valledupar, se ha desarrollado durante trece sesiones que iniciaron el 17 de septiembre de 2024, tras una audiencia preparatoria celebrada el 16 de julio del mismo año.Durante el juicio se escucharon 56 testimonios y el coronel insistió en su negativa de responsabilidad en la audiencia de alegatos finales, el pasado 5 de agosto.La magistrada Reinere Jaramillo anunció entonces que la sentencia sería proferida dentro de los dos meses siguientes.Mejía fue condenado en la justicia ordinaria por concierto para delinquir debido a sus vínculos con alias '39' de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Luego, en 2021, la JEP determinó que era uno de los máximos responsables del caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales, imputándole crímenes de guerra y de lesa humanidad.Testimonios de militares bajo su mando lo señalan de promover el señalamiento de campesinos para justificar dichas ejecuciones y presentarlas como bajas en combate entre 2002 y 2005.La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP lo vincula a al menos 72 ejecuciones extrajudiciales, pero también desapariciones forzadas y desplazamientos ilegales cometidos por sus subalternos en ese periodo.Justamente, la JEP en septiembre sancionó a 12 exmilitares, que pertenecieron al este batallón de Infantería La Popa y quienes reconocieron haber cometido falsos positivos. Ellos deberán participar durante ocho años en proyectos de memoria, dignificación y reparación de las víctimas del conflicto armado, que es la sanción más alta para quienes han aportado verdad a esa jurisdicción.