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Pablo Bustos, abogado y en representación de la Red de Veedurías, pidió a través de una demanda al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura o “muerte política” contra nueve congresistas investigados por el grave escándalo de corrupción.
Entre ellos se encuentran Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
Según Pablo Bustos, los congresistas habrían incurrido en las causales de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.
Otro de los argumentos es que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público.
Los hechos se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país.
El documento también advierte que varios de los congresistas ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y que algunos de estos procesos se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos con exfuncionarios del Gobierno.
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Ahora empieza un proceso en el Consejo de Estado que deberá decretar una serie de pruebas en el estudio de esta demanda de pérdida de investidura.
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