Nuevamente, la JEP está en el ojo de las autoridades de control del país. Esta vez, la Contraloría advierte que faltas recursos financieros para ejercer las decisiones que contengan las sentencias para reparar a las víctimas.
Ante esto, el ente de control asegura que a la fecha el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado 20.000 millones de los 500.000 millones que se necesitan.
“Ante la JEP se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340 mil personas integradas en sujetos colectivos en calidad de víctimas. La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para las TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas. Asimismo, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias.” Afirma el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
Por otro lado, desde la Contraloría aseguran se identifican falencias en el sistema de Justicia Transicional, particularmente en lo que respecta a la coordinación y articulación entre las distintas entidades responsables de implementar las sanciones y asegurar su financiación.
Esto es relevante considerando que las decisiones emitidas por la JEP constituyen órdenes de cumplimiento obligatorio, por lo que el Ejecutivo debe garantizar su ejecución tanto en el plano administrativo como financiero.
Según el contralor general, la falta de coordinación interinstitucional podría traducirse en una implementación ineficiente de las medidas.
Lo anterior limitaría el impacto positivo de las sanciones y de los procesos restaurativos en las víctimas, las comunidades afectadas, y en los procesos de reincorporación, reintegración y resolución de la situación jurídica de quienes se someten a la justicia, poniendo en riesgo su seguridad jurídica