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La Corte Constitucional tumbó millonaria condena de un fallo contra el viceministro Juan Pablo Díaz Granados por un despido irregular y ordenó al Tribunal de Magdalena volver a expedir un fallo sobre este caso.
Siendo alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados declaró insubsistente el nombramiento de la señora Cenira del Carmen Bolaños Mier, quien había sido vinculada provisionalmente en el cargo de inspectora de Policía de inspecciones adscritas a la Secretaría del Interior del Distrito de Santa Marta.
Carmen Bolaños interpuso una demanda para ser reintegrada al cargo, la solicitud que fue fallada a su favor en dos oportunidades: en 2011 por un juzgado administrativo y luego fue confirmada nuevamente en 2012 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Por lo anterior, la Alcaldía de Santa Marta tuvo que reconocer un monto de 230 millones de pesos por el ingreso que dejó de recibir la inspectora de Policía desde su despido.
Sin embargo, cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, el alto tribunal con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez tumbó la condena dictada contra el viceministro y ordenó al Tribunal de Magdalena volver a expedir un fallo, esto porque la Corte señala que el Tribunal Administrativo del Magdalena, “no se detuvo a analizar el hecho indicador de la presunción de dolo, menos aún se refirió a la forma en que se habría desviado de la realidad o a los hechos que habrían ocultado, por la conducta atribuible o no a Juan Pablo Díaz”.
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Es decir, no podría verificarse que el viceministro actuara con dolo cuando declaró insubsistente el cargo de la inspectora de Policía, cuando fue alcalde de Santa Marta.
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