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La Corte Constitucional ordenó al Instituto Nacional para Sordos (Insor) expedir un protocolo de atención oportuno, preventivo y con enfoque de género para evaluar las denuncias sobre acoso laboral y sexual al interior de la entidad, para lo cual tendrá un mes.
La decisión se tomó luego de fallar una tutela a favor de una ciudadana que denunció ser víctima de acoso laboral al interior de Insor, situación que la llevó a renunciar. Por lo que, presentó demanda de nulidad contra la resolución que aceptó dicha renuncia.
En el 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de un juez que había fallado a su favor, por lo que presentó tutela contra dicha sentencia ante el Consejo de Estado. En primera instancia fue concedida, pero en segunda instancia fue revocada.
La Corte advirtió que, en casos de acoso laboral, en los que la presunta víctima es una mujer, la autoridad judicial debe adelantar el análisis probatorio incluyendo un enfoque de género, teniendo en cuenta que su presencia en el mercado laboral ha estado y está permeado de un ambiente de agresividad y discriminación, en el cual aún no existen respuestas contundentes que cambien la realidad.
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