Defensa de Álvaro Uribe rechaza posible reactivación de procesos por lesa humanidad en Fiscalía
El abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, aseguró que durante más de veinte años sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores.
La posible reactivación en la Fiscalía de tres procesos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionados con la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, provocó una respuesta formal de su defensa, que cuestiona de fondo la solidez probatoria de los casos y advierte un trasfondo político en medio del escenario electoral de 2026.
El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, aseguró que se trata de expedientes con décadas de antigüedad que, según sostiene, ya han sido examinados por la justicia. En un documento divulgado por la defensa se afirma que “durante más de veinte años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”, una tesis con la que buscan desvirtuar la posible reapertura de las investigaciones.
Uno de los ejes centrales de la respuesta se refiere a la masacre de El Aro, ocurrida en 1997. Sobre este caso, la defensa señala que la acusación se ha sostenido en la versión de que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría estado en la zona transportando o supervisando a grupos paramilitares, presuntamente bajo órdenes de Uribe. Sin embargo, el documento sostiene que “las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona”, descartando así la participación directa o indirecta del entonces gobernador.
En la misma línea, la defensa cuestiona el valor probatorio del testimonio del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto al expresidente Uribe felicitando a paramilitares. Frente a esa afirmación, Granados indica que “la defensa demostró documentalmente que, en las fechas señaladas por Villalba, el entonces gobernador se encontraba atendiendo agenda pública en Medellín y Bogotá”, argumento con el que buscan desacreditar esa versión.
Defensa de Álvaro Uribe rechaza posible reactivación de procesos por lesa humanidad en Fiscalía
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El segundo proceso mencionado es el de la masacre de La Granja, perpetrada en 1996. En este caso, la acusación apunta a una presunta responsabilidad por omisión. La defensa sostiene que no existía mando operativo sobre las tropas y que el rol del gobernador era de carácter administrativo. Según el documento, “existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona”, lo que, a juicio de sus abogados, excluye una conducta omisiva penalmente relevante.
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Otro punto de controversia es el relacionado con las versiones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha vinculado al expresidente con el conocimiento de operaciones paramilitares. Para la defensa, se trata de un testigo sin credibilidad, al señalar que “Mancuso ha cambiado su versión múltiples veces según su conveniencia jurídica”.
Además, recuerdan que en 2006 y 2012 negó vínculos con Uribe y sostienen que su cambio de relato podría coincidir con la búsqueda de beneficios en la justicia transicional. En ese contexto, califican a Mancuso como “un testigo de oídas y sin corroboración” y niegan que haya existido una visita a la hacienda El Ubérrimo o relaciones ilegales con jefes paramilitares, resaltando que varios de ellos fueron extraditados durante el gobierno de Uribe.
También se rechaza la presunta vinculación con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pues se asegura que “no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados”.
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Finalmente, la defensa aborda el tema de las Convivir, asociaciones de vigilancia y seguridad privada creadas en la década de los noventa. Granados argumenta que estas cooperativas se enmarcaron en el Decreto 356 de 1994 y que no fueron una iniciativa arbitraria de la Gobernación de Antioquia.
En el documento se afirma que se trató de un modelo de “neutralidad activa” y participación ciudadana, supervisado por la Superintendencia de Vigilancia, y que “los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador”.
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